El Gobierno movió una pieza en la Justicia para no perder el reclamo a Odebrecht

En el Gobierno reclaman un resarcimiento a la compañía Odebrecht
En el Gobierno reclaman un resarcimiento a la compañía Odebrecht Fuente: Archivo
Maia Jastreblansky
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16 de enero de 2019  

El Gobierno realizó los trámites judiciales para pedir una prórroga y mantener viva la posibilidad de demandar a Odebrecht por los daños ocasionados al Estado. Lo hizo con máxima reserva, para evitar que se venzan los plazos previstos para enjuiciar a la gigante brasileña que a fines de 2016 admitió haber pagado coimas en la Argentina por al menos US$35 millones.

Los ministerios del Interior y de Transporte y la Secretaría de Energía, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, hicieron tres "demandas interruptivas de la prescripción" en juzgados en lo contencioso administrativo según pudo corroborar LA NACION.

Con esos escritos, buscaron resguardar la posibilidad de que el Estado pueda reclamar un resarcimiento por daños y perjuicios una vez que se determinen responsabilidades penales en las causas de corrupción contra Odebrecht que se tramitan en Comodoro Py .

Con este movimiento judicial, además, el Poder Ejecutivo busca fijar un antecedente en ese fuero, donde confía en tener un resultado favorable en un futuro. Son, por caso, los tribunales en los que el oficialismo buscó asentar las demandas por las subas de tarifas. La presentación del Ministerio del Interior recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, que subroga Pablo Cayssials; la de Transporte, en el N° 10, a cargo de Esteban Furnari, y la de Energía, en el N° 1, que hoy conduce el juez Enrique Lavié Pico.

Los ministerios les pidieron a los jueces que se pongan en contacto con sus pares de Comodoro Py para determinar qué empresarios de Odebrecht podrían resultar penalmente responsables por el pago de coimas.

Así, el Gobierno quiere dar señales de que, en un futuro, hará la prometida demanda para exigir un resarcimiento a la primera empresa que reconoció haber pagado sobornos al kirchnerismo, tras la asunción de Mauricio Macri. En el Poder Ejecutivo aún analizan los tiempos, sumidos en el terremoto que implicó la causa de los cuadernos. Con la megacausa de corrupción, la gestión de Macri comenzó a frenar la avanzada judicial contra las constructoras para preservar la obra pública.

Demandas y contrademandas

Con Odebrecht, el Gobierno se vio sumido en una trama de denuncias y contradenuncias. Primero, la gigante brasileña inició una demanda contra el Estado en la que reclamó una indemnización que podría haber ascendido a unos US$1500 millones por la rescisión de los contratos de los gasoductos. Pero el juez federal Daniel Rafecas ordenó que la demanda quedara congelada mientras se investigue a Odebrecht por corrupción.

Semanas atrás, según publicó LA NACION, la constructora radicó una demanda para reclamar ante la Justicia que el Poder Ejecutivo levante la suspensión preventiva en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) que le impide competir por nuevos proyectos de infraestructura. El Gobierno había fijado la medida a mediados de 2017 por un año.

La empresa acusó al Estado de tener un "doble estándar" por no haber suspendido como proveedoras a las constructoras argentinas que admitieron haber pagado coimas en el caso de los cuadernos de Oscar Centeno . Los brasileños quieren salir de la lista negra para seguir trabajando en la Argentina, al menos, con el sector privado.

El dilema que enfrenta el Gobierno es que ir judicialmente contra las empresas de los cuadernos sería el equivalente a romper con buena parte del sector. Con la crisis de 2018, el Gobierno avanzó con pie de plomo porque no quería frenar la rueda de la obra pública ni sumar coletazos económicos. Cambiemos anunció que obligaría a implementar medidas de compliance e integridad, pero sin que las compañías perdieran los contratos vigentes.

En el Gobierno vienen analizando los contratos que ganó Odebrecht durante el kirchnerismo. En el caso del soterramiento del tren Sarmiento, una comisión investigadora creada ad hoc para auditar el contrato determinó que la megaobra sospechada por corrupción en el kirchnerismo no estuvo direccionada a una empresa en particular y que se efectuó con "precios acordes con los valores de referencia internacionales". El resultado trajo un respiro, tanto a Odebrecht como al resto de los socios de aquel consorcio (entre ellos, el primo de Macri, Ángelo Calcaterra ), que de todos modos están bajo la lupa de la justicia penal.

Ahora, el Gobierno espera que avancen las causas de Comodoro Py para dar el próximo paso judicial. Y espera el mejor momento para avanzar contra la brasileña mientras el panorama de la obra pública sigue complicado por la falta de financiamiento que permita iniciar proyectos nuevos.

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