El Gobierno no prevé aplicar el nuevo Código Procesal Penal

El Gobierno confía en aprobar el nuevo Código Procesal Penal a mediados de diciembre, pero no tiene previsto ponerlo en marcha de inmediato, sino que pospondrá su aplicación.

Así lo revelaron a LA NACION altas fuentes del Gobierno y funcionarios de la Procuración General de la Nación, que señalaron que las leyes accesorias al Código, necesarias para su implementación, o bien están en pañales o ni siquiera comenzaron a elaborarse, por lo que "tal vez" se presenten en el Congreso el año próximo.

"La pretensión del Gobierno es poder concluir su mandato con los códigos reformados, el Procesal Penal, tal vez el Penal y el Civil y Comercial Federal", se sinceró una alta fuente del Gobierno que admitió que con eso basta, al menos, por ahora.

El nuevo Código Penal es el que establece la lista de conductas consideradas delitos y sus penas. Fue redactado en conjunto por kirchneristas, peronistas, radicales, macristas y socialistas. Fue presentado por el Gobierno el verano pasado, pero mereció una andanada de críticas de la propia oposición, encabezada por Sergio Massa, y el oficialismo congeló su tratamiento parlamentario.

El Código Civil y Comercial Federal ya fue aprobado y está previsto que entre en vigor en 2016, aunque una ley del kirchnerismo propone que se ponga en uso desde agosto de 2015, antes de que Cristina deje el poder.

El nuevo Código Procesal Penal -último presentado por el Gobierno, el 21 de octubre pasado- es el que establece las normas sobre cómo tramitarán las causas y se realizarán las investigaciones en la justicia federal (que investiga corrupción, narcotráfico y secuestros, entre otros delitos) y en los casos de la justicia nacional ordinaria que tramiten en la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno planteó un texto acusatorio que deja en manos de los fiscales la investigación y a los jueces los coloca como terceros imparciales.

El oficialismo acordó en comisión en el Senado modificaciones en el texto que fue aprobado por la Cámara alta y que ahora será tratado y aprobado sin más trámite en la Cámara baja, según calculan funcionarios que siguen el asunto. El nuevo Código prevé que se creen 17 nuevas fiscalías generales, que se incorporen mas de 1700 empleados a las fiscalías, pone plazos perentorios para acortar los procesos, establece un menú de 10 medidas alternativas y previas al dictado de la prisión preventiva y facilita la suspensión del juicio a prueba a extranjeros si son detenidos in fraganti.

Pero para que el nuevo Código Procesal se aplique son necesarias al menos dos leyes complementarias: la reformada ley de Ministerio Público y la ley de implementación del Código. Con las líneas que emanan de la procuradora Alejandra Gils Carbó, un equipo a cargo del asesor Alberto Binder está trabajando en los trazos gruesos de la ley modificatoria del Ministerio Público. Se descuenta que se centrará en crear fiscalías especializadas. El sistema de asignación de causas ya fue determinado que será por sorteo.

Fuentes de la procuración confiaron que no se está trabajando en un proyecto de ley específico, sino en sus lineamientos generales. Y explicaron que se están analizando aspectos prácticos de la puesta en marcha del código, como la necesidad de contar con edificios nuevos o alquilados para albergar a los nuevos fiscales generales del interior.

Paralelamente, se debe elaborar una ley de implementación que contemple la creación de nuevos cargos, el presupuesto, que explique la nueva organización de la Justicia, si seguirán existiendo los fueros especializados penal económico o penal tributario, como hasta ahora, y si las jerarquías de los jueces será la actual o una diferente, entre otras cuestiones.

Pero nadie está trabajando en este anteproyecto, ni en el ámbito de la Procuración ni del Ministerio de Justicia, dijeron las fuentes oficiales.

No está claro cómo va a ser la implementación, si se realizará por regiones o si se efectuará de manera global en todos lados. O si se hará una instrumentación por tipo de delitos, por ejemplo narcotráfico, o si se aplicará de golpe en todos los casos. Otro aspecto es la capacitación de los fiscales en cada caso.

Los funcionarios están atentos a la experiencia bonaerense, donde el código acusatorio se puso en marcha en 1998, a los tropezones, sin contar con presupuesto y sin una implantación adecuada. Un alto funcionario explicó que recién en marzo próximo podría ingresar en el Congreso alguna de estas leyes complementarias, de arduo trámite considerando que será un año electoral.

Si éstos son los tiempos, el Gobierno se conformaría con tener aprobados los principales códigos, incluido el Penal, sin intentar ponerlos en marcha, lo que demandaría una trabajosa y onerosa implementación.