El Gobierno planea dejar la Corte con siete jueces

En medio de la controversia por el impulso del oficialismo al cambio en la composición del Consejo de la Magistratura, el presidente Kirchner ha decidido suspender "por tiempo indeterminado" las designaciones para cubrir las dos vacantes que quedaron en la Corte Suprema tras la destitución de Antonio Boggiano y la renuncia de Augusto Belluscio.

Sin embargo, esa decisión, confirmada a LA NACION en las más altas esferas del Gobierno, no implicará una transformación estructural del máximo tribunal: la Casa Rosada no respaldará la reducción de nueve a siete miembros del órgano, tal como lo proponen sendas iniciativas legislativas impulsadas con fuerza desde la oposición.

"Al menos por este año no se designará a nadie en la Corte. Puede ser, incluso, que no se designe a nadie en todo el mandato, lo cual no significa que se vaya a impulsar la reducción de la Corte: los nombramientos sólo están suspendidos por tiempo indeterminado", afirmó uno de los funcionarios más influyentes del gabinete de Kirchner.

La explicación a esa decisión es netamente política: la Casa Rosada quiere contrarrestar las acusaciones de la oposición acerca de que intenta controlar la Justicia. Las críticas se agudizaron durante el debate en el Congreso por el proyecto para reducir de 20 a 13 los integrantes del Consejo de la Magistratura impulsado por la primera dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

La oposición, desde Elisa Carrió a Mauricio Macri, se abroqueló para rechazar la iniciativa, que será tratada por la Cámara baja en las sesiones extraordinarias en febrero.

"Es un momento político complejo. Estamos ante una encrucijada: si nombramos a los dos jueces que faltan, van a decir que queremos controlar la Corte, que nos aseguramos una mayoría. Y si proponemos reducir la Corte, van a decir lo mismo. Por eso, la decisión es dejar abiertas las vacantes", aseveró el funcionario, uno de los pocos que atraviesa los portones de Olivos.

En rigor, el Gobierno ya sobrepasó los tiempos fijados por el decreto 222/03 para el nombramiento de nuevos ministros. Los plazos están cuatro meses vencidos en el caso de Belluscio, y tres meses, en el de Boggiano.

La norma, dictada por Kirchner a poco de asumir, limitó las atribuciones constitucionales del Presidente para nombrar ministros de la Corte.

Según ese decreto, una vez ocurrida la vacante, el Presidente tiene 30 días para publicar el nombre de su candidato en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales. Así se inicia un proceso que incluye la posibilidad por parte de la ciudadanía de presentar impugnaciones que deberán ser tenidas en cuenta en el Congreso antes de que se apruebe el pliego de la designación.

Desde la óptica oficial, la decisión de congelar las vacantes no tiene consecuencias legales, pese a lo que dice el decreto presidencial, que había sido presentado como un mecanismo para garantizar transparencia y fluidez al proceso.

Pesificación

La determinación de Kirchner tiene, además, fuertes implicancias políticas, pues abre el interrogante sobre cómo resolverá una Corte Suprema diezmada en su composición uno de los temas medulares para el país: la pesificación de los depósitos bancarios de empresas y particulares. Un asunto por el que hay en el tribunal unos 45.000 recursos de amparo, y que aún no tuvo resolución.

En ámbitos judiciales se explica que los motivos de la demora para resolver este tema radican centralmente en el hecho de que en el tribunal no hay una mayoría definida en favor de la pesificación de los depósitos.

De acuerdo con estas evaluaciones, por ahora, sólo cuatro jueces reafirman ese principio. Estos serían Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y, sólo parcialmente, Eugenio Zaffaroni.

Además, según sostienen avezados hombres del derecho, es muy difícil argumentar, desde el punto de vista jurídico, la constitucionalidad de las medidas que tomó Eduardo Duhalde en 2002 durante el peor momento de la crisis financiera.

"Esto no tiene por qué afectar la normal dinámica de trabajo de la Corte. De hecho, el tribunal puede funcionar también con sólo cinco miembros", minimizaron cerca de Kirchner.

El proceso de renovación del máximo tribunal fue uno de los objetivos primordiales de la actual administración.

Apenas asumió, con un mensaje por cadena nacional, el 4 de junio de 2003, Kirchner inauguró una embestida contra la denominada mayoría automática que se conformó con la ampliación de 5 a 9 de los miembros de la Corte, impulsada en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.

Desde aquel momento, cinco jueces abandonaron el tribunal a instancias del Poder Ejecutivo: expulsados por la presión política renunciaron Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, mientras que el Senado destituyó a Eduardo Moliné O´Connor y a Boggiano.

Una sexta vacante fue provocada por Belluscio, que renunció al cargo el 1° de septiembre último, al haber cumplido 75 años.

Con la suspensión dispuesta de las designaciones, el Presidente parece haber decidido no valerse de una oportunidad sin precedente desde el retorno de la democracia: designar un total de seis miembros en el máximo tribunal en algo más de dos años y medio de gestión.

En su momento, sus antecesores Raúl Alfonsín y Carlos Menem también introdujeron modificaciones en la Corte.

Alfonsín designó un nuevo tribunal en 1983 con cinco miembros, mientras que Menem, tras la controvertida ampliación del cuerpo, designó igual cantidad de ministros.

Por el momento, Kirchner ha puesto en funciones a cuatro jueces: Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Carmen Argibay.

Muchos nombres circularon en el último tiempo como posibles incorporaciones en el tribunal; entre ellos, el de la jueza de la Corte bonaerense Hilda Kogan; los camaristas Marcos Gravibker, Alberto Dalla Vía y Pablo Gallegos Fedriani, y los abogados Ricardo Gil Lavedra y Daniel Sabsay.

El nombre de otro jurista, Mario Kaminker, había resonado con mucha fuerza en el último tiempo como posible candidato del Gobierno. Todos ellos, sin embargo, deberán esperar.

Consejo de la Magistratura

• (DyN).- El abogado integrante del Consejo de la Magistratura Beinusz Szmukler opinó que ese organismo -cuya formación y representación el Congreso se apresta a modificar- funcionaría mejor sin jueces entre sus miembros. Szmukler respondió con un terminante "sí" cuando fue consultado sobre el particular, y explicó que "es evidente" la existencia de la corporación judicial en el Consejo. "Cuando un juez vota una acusación en el plenario es porque realmente no tiene forma de defender a su colega", denunció Szmukler, y declaró: "Los jueces -hay que decirlo con todo respeto- son muy corporativos".