El Gobierno prepara una ley de ética pública más estricta

En medio de un contexto marcado por los efectos de la causa de los cuadernos y la discusión entre Germán Garavano y Elisa Carrió, por la situación judicial de Cristina Kirchner y Carlos Menem, el Gobierno tratará de dar una señal clara para demostrar dónde está parado. El presidente Mauricio Macri tiene lista para firmar la nueva ley de ética pública, que aumenta la presión de manera deliberada en dos sectores con los que la Casa Rosada tuvo roces e idas y vueltas: el sindicalismo y el Poder Judicial.

Luego de consultar los últimos borradores con el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez (leal a Elisa Carrió), la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso envió al Poder Ejecutivo el texto de la ley, al que accedió LA NACION, y que modifica sustancialmente la ley vigente, puesta en marcha en las últimas semanas del segundo gobierno menemista.

La incorporación en el artículo 64 del proyecto de la obligación de presentar declaración jurada y de intereses para "quienes integren los cuerpos colegiados que dirijan y administren las obras sociales" no es, en absoluto, una casualidad. El Presidente, que en agosto de 2016 y como gesto hacia los popes sindicales devolvió a las obras sociales vinculadas a gremios miles de millones retenidos por el kirchnerismo, nunca abandonó la idea de modificar el reparto de fondos hacia esas obras sociales que realiza todos los meses la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS).

La inclusión de los jefes de las obras sociales -muchos de ellos ligados a los titulares de los gremios- a la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas llega en momentos de máxima tensión entre el Gobierno y los gremios más combativos, que luego del paro del 25 del mes pasado amenazan con más medidas de fuerza contra el plan económico y el acuerdo con el FMI.

"Los titulares de las obras sociales presentan hasta ahora sus declaraciones, que quedan selladas y sin abrir en la SSS. Cuando se apruebe la ley serán controladas y de acceso público", coincidieron dos de los funcionarios encargados del proyecto. No es, con todo, una declaración de guerra total: al menos en su última versión, los titulares de los gremios -muchos de ellos dueños de notorias fortunas personales luego de años de gestión ininterrumpida-, no son alcanzados por los considerandos de la norma.

Impacto en la Justicia

Luego de años de pelea abierta entre Elisa Carrió y el extitular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en torno al "crecimiento patrimonial" del magistrado, la norma agrega la "verificación anual" del control patrimonial a los tres poderes, incluidos la Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

"Esperamos que [Carlos] Rosenkrantz y [Horacio] Rosatti sean nuestros aliados en esta discusión", afirmaron en el Gobierno, en referencia al nuevo presidente de la Corte y al exministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Consultados por LA NACION, Alonso y Sánchez destacaron otros aspectos del proyecto, que se instaura dentro de las "políticas de transparencia" proclamadas por el Gobierno y reclamadas por organismos internacionales de crédito y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y que esta semana dieron un paso adelante con la incorporación a la ley de responsabilidad penal empresaria de "lineamientos" de comportamiento y control interno para las empresas vinculadas con la obra pública.

"Este es un proyecto que eleva las exigencias a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, haciendo más transparente la gestión. Mejora las declaraciones juradas, pero también incorpora un régimen de conflictos de interés y fortalece la independencia de la OA", afirmó Sánchez a LA NACION.

En efecto, y en lo vinculado a los conflictos de intereses, la norma establece, por ejemplo, que los funcionarios públicos que "tengan títulos valores emitidos por sociedades anónimas" deben optar por su venta o la constitución de un fideicomiso ciego. La venta de sus acciones en Farmacity que Mario Quintana efectivizó semanas antes de dejar la vicejefatura de Gabinete y el fideicomiso ciego en el que el Presidente depositó buena parte de sus bienes al llegar a la Casa Rosada son dos ejemplos que remiten de manera directa a la ausencia de una ley.

Tampoco el Poder Legislativo queda a salvo de las restricciones, sobre todo en las vinculadas al nepotismo. La prohibición de los nombramientos (designación o contratación) de parientes directos por parte del Poder Ejecutivo se extiende a secretarios, subsecretarios, el Poder Judicial y el Congreso, salvo que sea por concurso de antecedentes o que el familiar en cuestión ejerza su función con anterioridad.

Las incontables designaciones de cónyuges o hijos -tan comunes entre diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales-quedarían entonces limitados por la aplicación de esta ley. Tampoco se podrá -al estilo de la extitular de la Sigen Alessandra Minnicelli y su esposo, el exministro kirchnerista Julio De Vido- "supervisar" directamente a un familiar.

"Esta ley será fundamental para el fortalecimiento institucional y va a contribuir a mejorar la confianza de la ciudadanía en los funcionarios, la eficiencia en la gestión, y la seguridad jurídica que requiere el país para generar desarrollo económico", afirmó Alonso.

En momentos de tormentas financieras, recesión económica y caída del oficialismo en sus índices de imagen pública, los funcionarios confían en "sumar puntos" con una norma que deberá ser discutida en el Congreso, hoy abocado al "toma y daca" que supone el debate del presupuesto 2019. "No es prioridad hoy, pero tampoco lo descartamos para lo que queda de este año", afirmaron en el Ministerio de Justicia.