El Gobierno quiere discutir la ley de financiamiento político en las sesiones extraordinarias
La iniciativa contempla el aporte de empresas a la campaña; también enviará al Congreso el proyecto que agrava las penas a los barrabravas y los pliegos de jueces federales
El Gobierno decidió enviar a las sesiones extraordinarias de febrero una agenda con tres temas que ya suscitaron debates espinosos, tanto con la oposición como con los socios internos de Cambiemos.
Según confirmó ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la nómina de proyectos que el Poder Ejecutivo pedirá que trate el Congreso en la segunda quincena de febrero figuran la ley de barrabravas, la ley de financiamiento político y los pliegos de jueces federales.
Según señalaron fuentes del Gobierno a LA NACION, el ánimo oficial es que la ley de financiamiento político se trate en el Senado, donde el oficialismo llegó a un acuerdo con el PJ no kirchnerista y logró emitir un dictamen. "Si logramos aprobarlo entre febrero y marzo llegamos bien para aplicarlo a las elecciones de este año", se ilusionaba ayer un funcionario interesado en facilitar la recaudación de fondos para la campaña.
El dictamen del Senado habilita los aportes de empresas hasta el 5% de la recaudación que puede tener un candidato (que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores). Las donaciones deben estar bancarizadas para identificar a los aportantes.
Distintos bloques de Diputados, sin embargo, ya propusieron profundas modificaciones. Entre otras, bajar el tope de aportes empresarios al 2%. La Coalición Cívica ya anticipó al Gobierno que, aunque podría votar el proyecto en general, no acompañará el articulado que habilita los aportes de personas jurídicas.
La violencia en el deporte
El Gobierno confirmó que enviará en febrero el proyecto que impulsa la ministra Patricia Bullrich que agrava las penas contra los barrabravas y otros delitos vinculados al fútbol.
La iniciativa tuvo a fin de año en Diputados media sanción en general, pero su aprobación en particular se vio trabada y volvió a comisión.
El proyecto tomó impulso después del escándalo en la final de la Copa Libertadores. Uno de los artículos que generaron polémica es el que busca establecer penas de prisión para la tenencia de entradas no oficiales a los partidos de fútbol. En la oposición pidieron revisarlo porque consideran que las sanciones que planteó el oficialismo son excesivas. Pero en el Poder Ejecutivo ya pidieron no flexibilizar este punto.
Otro aspecto controvertido es el que regula el "matrimonio" entre el fútbol y la política. Según confirmaron a LA NACION fuentes de la CC, insistirán en su propuesta para que la ley prohíba que los funcionarios de los tres poderes sean directivos de clubes de primera y segunda división.
Garavano, en tanto, confirmó que en el Senado "hay 90 pliegos de jueces por ser aprobados" y que el Gobierno va a elevar 30 pliegos más. "Va a ser un tema central de las extraordinarias", dijo. Agregó que entre esos pliegos figura el de Inés Weinberg de Roca, propuesta para la Procuración General de la Nación. Su designación está congelada desde hace más de diez meses.
La mesa judicial le elevó ayer a Macri sus propuestas para ocupar las vacantes en el fuero contencioso administrativo, así como también el fuero laboral y el previsional. Una de las vacantes más sensibles es la de la Cámara Nacional Electoral. La mesa judicial de Pro ya se inclinó por el secretario judicial de la CNE, Hernán Gonçalves Figueiredo. Pero el radicalismo está en desacuerdo y prefiere a Alejandra Marcela Lázzaro, primera en puntaje en el concurso del Consejo de la Magistratura. La decisión depende de Mauricio Macri, que es quien debe firmar el pliego.
El DNU de extinción de dominio, en tanto, está en manos de la oposición. Si bien ayer en el Gobierno estimaban que "recién se tratará en marzo", en el kirchnerismo señalan que pasados diez días hábiles desde su publicación, el DNU debe ser enviado al Congreso. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está presidida por Marcos Cleri (FPV), quien ya advirtió que "en sesiones extraordinarias se puede convocar a la comisión".
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