El Gobierno quiere que el Poder Judicial tribute ganancias

Impulsará un proyecto en el Senado
Laura Serra
Gustavo Ybarra
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28 de febrero de 2004  

El Gobierno y el oficialismo parlamentario impulsarán en el Senado, a partir de la semana próxima, un proyecto de ley que amenaza con provocar un tembladeral en el Poder Judicial: se trata de aquel que impone el pago del impuesto a las ganancias a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La decisión ya fue tomada en los más altos niveles del Poder Ejecutivo y de los bloques justicialistas en ambas cámaras. El debate comenzará el martes próximo en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside Jorge Capitanich (PJ-Chaco).

El Poder Judicial es una de las pocas esferas que actualmente gozan de la exención del pago del tributo. Este beneficio se obtuvo merced a una acordada que la Corte Suprema aprobó en 1996, con la cual sepultó una ley del Congreso que iba en sentido contrario, es decir que incluía a los magistrados y a los funcionarios judiciales en el universo de contribuyentes del impuesto a las ganancias.

El principal argumento que sustentó aquella acordada -y que hasta hoy blanden las asociaciones judiciales que se oponen a la ley- es la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, establecida expresamente en el artículo 110 de la Constitución nacional.

Pero la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno y los nuevos aires que soplan en la Corte Suprema a partir de la renovación de algunos de sus integrantes ofrecen ahora un nuevo marco para rediscutir el asunto.

"Tengo la convicción de que el impuesto a las ganancias debe ser aplicado en el Poder Judicial. Por eso, nuestro propósito es avanzar en una norma razonable, equilibrada, que debe contemplar a todos los magistrados y funcionarios judiciales, actuales y futuros -enfatizó el senador Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro), titular del bloque del PJ, a LA NACION-. Ya no hay más margen para que la Justicia continúe excluida del pago del tributo."

El debate comenzará no bien se inicie el período ordinario de sesiones en el Congreso, la semana próxima. Según detalló Pichetto, se invitará a todos los sectores involucrados, entre ellos la Asociación de Magistrados, la administración general del Poder Judicial, los presidentes de los tribunales superiores provinciales de todo el país e incluso el Consejo de la Magistratura.

En la Cámara de Diputados, en tanto, el oficialismo ya prepara los argumentos para rebatir a quienes se oponen al proyecto.

Independencia judicial

"La imposición tributaria a los magistrados es constitucional en la medida en que no sea confiscatoria, puesto que la razón de ser de la intangibilidad de las remuneraciones es evitar que el Congreso o el Poder Ejecutivo puedan afectar la independencia del juez menguándole excesivamente su salario -afirmó Ricardo Falú (PJ-Tucumán)-. Pero el proyecto en ciernes está lejos de este extremo y coloca a los jueces en un pie de igualdad con el resto de los ciudadanos."

El texto que se discutirá en el Senado es el proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados en abril de 2002, que fue elaborado por el frepasista Darío Alessandro (de mandato cumplido). Empero, fuentes oficiales adelantaron que es muy factible que sea modificado, por lo que retornaría a la cámara originaria.

Una de las modificaciones que se incorporarán seguramente tendrá que ver con la base imponible sobre la cual se calculará el pago del tributo, anticiparon las mismas fuentes. No será un tema menor por resolver, ya que ese cálculo deberá ser lo suficientemente equilibrado para no violar la "intangibilidad" de los salarios judiciales.

Según pudo saber LA NACION, algunos legisladores mantuvieron en los últimos días reuniones informales con representantes de la Asociación de Magistrados y del Consejo de la Magistratura para conversar sobre el asunto (de lo que se informa por separado). En algún momento se planteó la propuesta de que sea el Consejo de la Magistratura el que defina esa base imponible; de esta manera, como allí están también los representantes de los jueces, se evitaría que la ley sea nuevamente cuestionada.

"Facultad parlamentaria"

Sin embargo, Pichetto negó de plano esta posibilidad. "Es el Congreso el que definirá la base imponible. Es una facultad parlamentaria que no debe ser delegada en otro poder", sentenció.

Desde la Corte Suprema también se habría deslizado el mensaje de que debe ser el Congreso el responsable de determinar los alcances del impuesto al Poder Judicial. "No sería comprensible que los sujetos que vayan a pagar el impuesto sean los mismos que establecen el monto", explicaron.

En el alto tribunal, con su nueva composición, ya no habría objeciones a que el impuesto se imponga en el Poder Judicial. Su presidente, Enrique Petracchi, sugirió en diciembre último a sus pares dejar sin efecto la polémica acordada de 1996 (que él no suscribió), tal como reflejó LA NACION.

De todas maneras, el camino más sólido que se presenta es el de una ley del Congreso. Y el debate allí no será fácil, anticipan los legisladores, ya que los argumentos de una y otra parte aparecen igualmente sólidos.

El bolsillo judicial

Pichetto (PJ)

  • El titular del bloque de senadores del PJ anticipó que el proyecto del Gobierno y el oficialismo parlamentario para instaurar el pago del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial comenzará a debatirse la semana próxima en la Comisión de Presupuesto del Senado, una vez que comience el período ordinario de sesiones en el Congreso. "Nuestro propósito es avanzar en una norma razonable, equilibrada, que debe contemplar a todos los magistrados y funcionarios judiciales, actuales y futuros. Ya no hay más margen para que la Justicia continúe excluida del pago del tributo", explicó.
  • Falú (PJ)

  • El diputado oficialista respaldó el proyecto al destacar que "la imposición tributaria a los magistrados es constitucional en la medida en que no sea confiscatoria. El proyecto en ciernes está lejos de ese extremo y coloca a los jueces en igualdad con el resto de los ciudadanos".
  • Petracchi

  • El actual presidente de la Corte Suprema no convalidó, en 1996, la acordada que permitió que el Poder Judicial quedara exceptuado del pago del impuesto a las ganancias. En recientes reuniones con sus colegas sugirió que aquella acordada debería ser dejada sin efecto.
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