El Gobierno quiere que en las paritarias se discuta la productividad

El curso de las paritarias avanza con aumentos apenas por encima del 20 por ciento, tres puntos más que la pauta salarial que proyectó el Gobierno en su ley de presupuesto. Todos los tratos incluyen una cláusula gatillo para reabrir la negociación en caso de que la inflación sea mayor. Sin embargo, el dato más novedoso de las discusiones entre gremialistas, funcionarios y empresarios es la incorporación de cláusulas que tienen que ver con la productividad y la competitividad.

Un 30% de los 1612 acuerdos que se firmaron el año pasado en el Ministerio de Trabajo incorporó ítems de productividad, según precisó a LA NACION el ministro Jorge Triaca . El tema más repetido fue el plus por presentismo.

Pero para 2017, la expectativa del Gobierno es duplicar el porcentaje. Con la mayoría de las negociaciones del sector privado aún en marcha, la perspectiva es por ahora un anhelo. Aunque ya hubo acuerdos paradigmáticos que trazan un rumbo, como los convenios que se alcanzaron con los gremios de los petroleros, de los ferroviarios, de los navieros y los de los empleados de la industria láctea.

En tren de dinamizar la llegada de inversiones e intentar generar mayor competitividad en algunos sectores en caída, el Gobierno impuso la necesidad de modificar los convenios colectivos para reducir costos laborales, o al menos aprovechó la instancia paritaria para forzar el debate.

Recientemente hubo dos casos que ganaron notoriedad. Uno es el de los gremios petroleros de Chubut que atarán algunos beneficios laborales al valor mundial del barril del crudo.

El salario base no se modificará, pero sí los ítems que engordan el mismo: "horas taxi" (remuneración extra por los tiempos de traslado y pernocte en los pozos), multifunción y adversidades climáticas. Participan de la letra chica del acuerdo los sindicalistas Antonio Cassia (Supeh) y Jorge Ávila (Petróleo y Gas Privado).

"Los muchachos están entendiendo que se cae todo si no atraemos inversiones. No es en contra de los salarios, sino en oposición a que los costos inflen el producto", argumentó Triaca sobre el sector petrolero y energético.

El Gobierno acordó el viernes pasado con los empresarios de la industria láctea y el gremio de lecheros de Atilra un plan para "impulsar el sector y reinsertarlo en la senda de la competitividad y el desarrollo".

Se avanzó en la modernización del convenio colectivo de Atilra y se convino reducir de 3000 a 1500 pesos el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3000 a 750) para las empresas más pequeñas.

El aporte especial de las empresas para las obras sociales es una práctica común que suele destrabar las negociaciones salariales. Lo aplicó en varias oportunidades el Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri, un aliado del macrismo.

El jefe gremial de Atilra desde hace 15 años es Héctor Luis Ponce, quien no cuenta con la simpatía del oficialismo. En agosto, Ponce buscaría otro mandato. Los coletazos de la crisis de SanCor y de la industria láctea en general lo debilitaron internamente, por lo que debió acordar con sectores opositores vinculados al moyanismo para las elecciones complementarias de esta semana en las seccionales de la Capital Federal.

En la misma línea con los petroleros y los lecheros, hubo cambios en el sector marítimo. Marcos Castro, el jefe gremial de los Capitanes de Ultramar, logró el aval para modificar el convenio y establecer nuevas cláusulas para embarcar en buques que realicen "mayoritariamente navegación internacional".

Según Castro, el costo laboral en el sector es de un 32% y prevé ahora bajar ese porcentaje para el tráfico internacional. "Nuestro convenio tiene que ser más barato. Debemos generar condiciones más competitivas para buques del exterior. Estamos dispuestos a bajar ítems en la navegación, a cambiar las tareas a bordo y hasta conversar sobre las cargas sociales", reconoció Castro.

El debate en el sector ferroviario es diferente. Los gremios, las empresas concesionarias y el Estado barajan la posibilidad de extender las jornadas laborales de seis a ocho horas para los maquinistas. La discusión avanza mientras que en paralelo la paritaria continúa con aumentos a cuenta hasta establecer un porcentaje final.

Otro caso novedoso es el de los empleados que están en las cabinas de peajes, cuyos gremios están demandando "reconvertir al trabajador antes de que la tecnología los desplace". Coinciden en esto dos sindicatos enemigos: la Uecara del Interior, que encabeza Gustavo Rossi, y el Supta, que lidera Sergio Sánchez, el reemplazante de Facundo Moyano.

Desde las centrales sindicales siguen con preocupación las modificaciones y advirtieron que se trata de una suerte de flexibilziación laboral.

"Todas las señales que el Gobierno está dando son de querer avanzar contra las conquistas de los trabajadores", argumentó un asesor legal de la CGT que está vinculado a Hugo Moyano.

"En la década del 90 no se homologaban los acuerdos si no tenían cláusula de productividad", señaló Horacio Meguira, abogado laboralista de la CTA.

Meguira denunció además que el Ministerio de Trabajo presionó al gremio de los visitadores médicos para que bajen sus pretensiones salariales y que no convoca a la paritaria de los azucareros para forzar los acuerdos por empresa.

En este contexto, y con negociaciones en curso, Mauricio Macri citó a Perón para avivar el debate. "La estrella polar de un país tiene que ser la productividad", dijo el Presidente en un acto por el Día del Trabajo.

Del editor: qué significa.

El Gobierno empezó a desplegar tímidamente sus reformas de segunda generación. La mira en los gremios coincide con el discurso público de Macri