El Gobierno se prepara para una dura negociación con San Luis

Alberto Rodríguez Saá es uno de los gobernadores más críticos de la gestión macrista; el Gobierno deberá acordar los plazos de pago de $15.000 millones por la coparticipación
Alberto Rodríguez Saá es uno de los gobernadores más críticos de la gestión macrista; el Gobierno deberá acordar los plazos de pago de $15.000 millones por la coparticipación Crédito: Agencia San Luis
Maia Jastreblansky
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19 de febrero de 2019  • 14:36

Conocido el duro golpe que significará para las cuentas públicas el fallo de la Corte Suprema -que obligó al Estado Nacional a pagarle alrededor de $15.000 millones a la provincia de San Luis- en el Gobierno salieron rápidamente a destacar que la resolución del máximo tribunal "no impuso plazos" para efectivizar el millonario giro a la provincia.

Con el ánimo de no comprometer el delicado equilibrio fiscal, en Cambiemos deberán negociar ahora con el puntano Alberto Rodríguez Saa, uno de los gobernadores de diálogo más belicoso con la Casa Rosada.

La Corte Suprema resolvió hoy que a San Luis le corresponden $15.000 millones por las históricas retenciones que aplicó el gobierno nacional a la coparticipación. El máximo tribunal fijó el número luego de que hayan transcurrido tres años sin que las partes se pusieran de acuerdo.

"Acataremos el fallo de la Justicia, pero la sentencia no estipula tiempos o plazos. Ahora debemos sentarnos a negociar con la provincia de San Luis", señalaron desde el equipo económico del Gobierno.

Esa negociación, sin embargo, no será entre iguales. Según explicaron fuentes judiciales, si bien el fallo de la Corte no impone plazos, sí habilita a San Luis a actuar jurídicamente si al gobierno provincial no le conforman las pautas que quiera imponer la Nación para liquidar el pago.

En el Gobierno no desconocen que la pulseada será dura. Porque, además de la situación jurídica en la que queda San Luis después del aval de la Corte, se trata de una de las provincias de diálogo más espinoso con la Casa Rosada. "Es la provincia que no adhirió al pacto fiscal", recordaban ayer en los corrillos oficiales. En un año electoral, la política se mezclará lo jurídico y lo fiscal.

Problemas mayores

Lo de hoy, en tanto, es solo el prefacio de un capítulo mayor, que llegará cuando la Corte resuelva la situación de Santa Fe. Esa provincia tiene un reclamo similar al de San Luis, aunque por un monto que podría ascender a los $45.000 millones. "La relación con (Miguel) Lifschitz (gobernador de Santa Fe) no es la misma que con Rodríguez Saa. Es un diálogo más fluido", señalaban en el Gobierno.

Más allá de la cuestión fiscal, el fallo de hoy volvió a demostrar el poder de fuego que tiene la ya consolidada mayoría de la Corte integrada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. El presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz esta vez se excusó de participar por haber patrocinado como abogado el reclamo de una de las provincias contra la Nación.

Así, tal como lo hizo en diciembre con el caso del cálculo para los haberes jubilatorios, el "bloque peronista" de la Corte, como lo califican en Casa Rosada, le propinó otro revés al Gobierno al resolver el reclamo de la provincia de San Luis por las históricas retenciones que aplicó el gobierno nacional a la coparticipación.

Antecedentes

El fallo de hoy resuelve un viejo reclamo de las provincias. Durante el kirchnerismo, la ley de Presupuesto del año 2006 había dispuesto la prórroga de la detracción del 15% de la masa coparticipable a las provincias para destinarla a la Anses.

En noviembre de 2015 la Corte falló a favor del reclamo de tres provincias (Córdoba, Santa Fe y San Luis) por descuentos indebidos de coparticipación y ordenó la restitución de unos 8.000 millones de pesos por año, al tiempo que dispuso que el Gobierno negociara con las tres provincias el pago del retroactivo.

El Gobierno logró un acuerdo con Córdoba, pero no alcanzó consensos similares con Santa Fe y San Luis, cuyos casos quedaron judicializados.

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