El Gobierno se prepara para más recortes

En la Casa Rosada admiten que habrá disputas políticas por el presupuesto 2002 y la redefinición de partidas para el interior
Mariano Obarrio
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23 de agosto de 2001  

La confirmación del acuerdo entre el Gobierno y el FMI mejoró el clima en la Casa Rosada, pero el presidente Fernando de la Rúa prepara a sus ministros para otras peleas políticas inminentes: la sanción de la ley del presupuesto 2002 y las futuras pulseadas con los mandatarios provinciales.

El presupuesto traerá aparejado un recorte de 6000 millones de pesos, para eliminar el desequilibrio fiscal y cumplir con el programa de déficit cero. Ello deparará duras contiendas con los afectados por esos ajustes, entre ellos las provincias.

Quizás en aras de contrarrestar esta resistencia, De la Rúa anunció anoche una de sus apuestas políticas más fuertes de estos meses: un plebiscito para después de octubre para definir el recorte de los gastos en la política, como se informa en la página 5.

Desafíos

Los desafíos inmediatos de la Casa Rosada pasaron ayer a un segundo plano. La euforia por la ayuda extraordinaria de 8000 millones de pesos para superar la crisis pudo más: De la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, organizaron sendas apariciones públicas para explicar el acuerdo.

Rápidos de reflejos, la intención consistía en capitalizar políticamente el objetivo cumplido.

"El gabinete está muy cohesionado detrás de esto", observan al lado del Presidente.

En la misma línea del déficit cero, De la Rúa pondrá en marcha de aquí en más una maniobra de magnitud para lograr que el Senado le dé estado parlamentario a un nuevo proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos antes del 31 de diciembre próximo, tal como pidió el FMI, en Washington. No significa necesariamente que esa ley se apruebe este año, admiten en Balcarce 50.

El jefe del gabinete, Chrystian Colombo, será el operador político de ese acuerdo con los gobernadores. Un allegado de Colombo afirmó que "se evaluará cuál texto se reflotará de los que hay ahora en el Senado".

Se fijará en esa propuesta un grado adicional de responsabilidad de las provincias en la recaudación de los impuestos nacionales, como mecanismo de combate de la evasión fiscal.

En tanto no exista una ley no habrá reducción de fondos coparticipables y se respetará el acuerdo con los gobernadores de enviarles un piso mínimo. "Si baja la recaudación fiscal, podría haber problemas con las provincias, pero no va a pasar", admiten en el Gobierno.

La coparticipación

Un allegado al Presidente confió que el debate con los gobernadores sobre la ley de coparticipación comenzará en verdad en la discusión por el presupuesto 2002. La reducción de 6000 millones de pesos en el gasto del próximo ejercicio requerirá eliminar partidas para Aportes del Tesoro Nacional (ATN), planes de empleo y sociales, personal, fondo docente, Anses y PAMI.

Buena parte de estos recursos afectan a las provincias. En especial, si se deciden además recortes en los fondos específicos en el presupuesto 2002 (gas, naftas patagónicas, algodón, fondo vial, Fonavi, entre otros).

"Este dinero afecta directamente a los gobernadores y más en un año de elecciones: va a haber una fuerte pelea política", conjeturó un funcionario que acompaña en todo momento al Presidente.

Esto se suma a que el incentivo docente y el fondo del tabaco ya fueron eliminados del presupuesto.

Los pedidos del FMI se reflejarán en el presupuesto 2002, dicen en la Casa Rosada quienes admiten pulseadas entre ministros en defensa de sus partidas.

Pero esas pujas no preocupan en el reanimado gabinete delarruista. El horizonte de que la Argentina podrá recomprar su deuda a tasas más bajas, apoyado con 3000 millones por el FMI, hace confiar a la Casa Rosada en una pronta reactivación económica: si baja el riesgo país, descenderán las tasas de interés y se recuperará la inversión y el consumo, apuestan.

Otra fuerte pelea para De la Rúa será el impulso para que el Mercosur se asocie con la Asociación de Libre Comercio de América (ALCA), tal como pidió el Tesoro de los Estados Unidos. Cerca del Presidente estiman que esa negociación tendrá plazos más generosos.

Y en virtud del desahogo político el debate sobre un gobierno de unidad nacional, con el PJ incluido, podría quedar para después de las elecciones de octubre próximo. Un debate sordo existe en la Casa Rosada.

Hay dos concepciones de unidad nacional: una es la versión progresista, de Duhalde, Alfonsín y los sindicatos; la otra es la ortodoxa, que uniría a De la Rúa, Cavallo y el sector del justicialismo más cercano a Carlos Menem y a José Manuel de la Sota.

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