El Gobierno se suma al kirchnerismo en su acción contra Eduardo Casal

La agenda judicial del Gobierno sintoniza cada vez más con la del kirchnerismo. Además de la reforma judicial –presentada como una iniciativa con el sello de Alberto Fernández y modificada por los senadores que responden a Cristina Kirchner–, en la hoja de ruta de la Casa Rosada apareció la situación del procurador adjunto Eduardo Casal. Varios funcionarios del círculo íntimo del Presidente comenzaron a deslizar en los últimos días que el jefe de los fiscales no debería continuar en el cargo.

"Nosotros consideramos que Casal no debería seguir", dijo a la nacion un alto funcionario del riñón del Presidente. Y agregó: "Fue impresentable lo que hizo con [el fiscal federal, Carlos] Stornelli, que estuvo en rebeldía ocho meses".

Su mensaje estuvo en línea –como no había ocurrido hasta ahora– con las proclamas contra el procurador que viene haciendo el kirchnerismo duro en el Congreso, que, a instancias de Cristina Kirchner, realizó pedidos de informes en la comisión bicameral de control del Ministerio Público Fiscal y avanzó con un juicio político para removerlo.

Otro funcionario de trato diario con Fernández apuntó a la situación provisional de Casal en la Procuración. "Es un interinato, no tiene los acuerdos para estar a donde está", señaló en las últimas horas.

El actual jefe de los fiscales está en el cargo desde que renunció Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017, presionada por el exgobierno y con causas judiciales en su contra. Mauricio Macri nunca consiguió los dos tercios del Senado para imponer a su candidata, Inés Weinberg de Roca, y el interinato de Casal se extendió por más de dos años.

Hasta ahora, ni Fernández ni sus ministros apuntaron públicamente contra Casal. De hecho, el Presidente y el procurador se conocen de la vida académica porque son profesores en la Facultad de Derecho de la UBA.

El candidato

Mientras el kirchnerismo pretende la salida de Casal a como dé lugar (aún cuando eso implique que lo suceda otro procurador interino), en la Casa Rosada insisten en que el candidato del Gobierno a jefe de los fiscales sigue siendo el actual juez federal Daniel Rafecas.

El Presidente está en punto muerto con la designación del procurador general porque –al igual que le ocurrió a Macri con Weinberg de Roca– tampoco reúne los dos tercios de los votos en el Senado para imponer su candidato. Cuando lo anunció, Fernández imaginó que Rafecas, juez federal de Comodoro Py, generaría consenso político Pero, luego, el radicalismo y el macrismo se manifestaron en contra y bloquearon el pliego, que duerme Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

En la Casa Rosada aseguran que la postulación de Rafecas sigue firme y rechazan estar explorando otras alternativas, a pesar de que en charlas políticas sonaron algunos nombres.

La nominación de Rafecas esta semana debió superar los ruidos que generó que la comisión asesora de juristas designada por Fernández analizara la posibilidad de modificar la ley para que el procurador pueda ser elegido por mayoría simple.

Cuando se enteró, Rafecas le hizo saber al Gobierno que, de ser así, él se bajaría de la postulación por la debilidad institucional que implica resignar una mayoría agravada en el Senado.

Del otro lado de la línea, un funcionario lo tranquilizó y le dijo que no creía que la idea fuera a prosperar, a pesar de que fue uno de los temas a tratar que Fernández le fijó a la comisión que creó.

Mientras el kirchnerismo hace su avanzada en el Congreso, el Gobierno espera sin mover sus fichas. O, por lo menos, sin hacerlo públicamente.