El Gobierno tampoco informa sobre los datos del reparto de la pauta oficial

La Casa Rosada no sólo se niega a difundir los sueldos que reciben Cristina Kirchner y los ministros que integran su gabinete. El "cepo informativo" también incluye a los datos sobre la distribución que hace el gobierno nacional de los millones de pesos que destina a la publicidad oficial.

Según informó LA NACION, la jefatura de Gabinete sigue sin actualizar la información sobre el reparto de la pauta que hizo en el segundo semestre de 2012 y los doce meses de 2013.

Entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2012, según los últimos y únicos datos disponibles en el sitio web de la jefatura de Gabinete, los grupos Veintitrés, Telefé, Uno Medios, Página 12 y Albavisión (Canal 9) fueron, por lejos, las cinco empresas de medios más beneficiadas. Entre los cinco recibieron el 41% de los $ 1833,6 millones invertidos en este concepto durante ese período.

La información -las planillas de quiénes fueron contratados para difundir publicidad oficial y cuánto pagó el Estado en cada caso- no fue actualizada por el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y tampoco por su sucesor, Jorge Capitanich. Esa falta de actualización ya impulsó presentaciones judiciales de organizaciones pro transparencia, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

En un intento por diferenciarse del Gobierno, el bloque de diputados del Frente Renovador, de Sergio Massa, presentó ayer un proyecto de ley que propone regular el reparto de la pauta oficial. La iniciativa propone que sólo un 25 por ciento de la partida destinada a la publicidad de los actos oficiales sea ejecutada a discreción para "casos de necesidad y urgencia".

"Datos de carácter sensible"

El Gobierno también se niega a actualizar los datos sobre los haberes que recibe la Presidenta y los funcionarios que integran su gabinete. Desde diciembre de 2012, no se conoce oficialmente cuál es el ingreso que perciben los funcionarios, ni cuáles son los aumentos que gozaron en el último año.

En un intento de justificación, Presidencia alegó que se trata de datos "personales y de carácter sensible".