El Gobierno tendrá un límite más acotado para reasignar el gasto

Se acordó un dictamen para limitar los superpoderes al 7,5% de las partidas previstas
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1 de noviembre de 2016  

El oficialismo, el peronismo no kirchnerista y el Frente Amplio Progresista (FAP) acordaron ayer incluir modificaciones al proyecto del Gobierno destinado a acotar los llamados "superpoderes presupuestarios", una norma que le permite al jefe de Gabinete reasignar partidas sin tope alguno y sin control del Congreso.

Esta herramienta le permitió al gobierno kirchnerista reasignar gastos por montos millonarios sin previa autorización parlamentaria. Por esa razón, la oposición de entonces insistía en que, merced a los superpoderes, el presupuesto era un "dibujo", una "ficción".

En la Comisión de Presupuesto se aprobó el dictamen respectivo, que establece que en 2017 el Gobierno podrá reestructurar partidas hasta un techo del 7,5% del total del gasto. Esto significa unos 172.000 millones anuales que el jefe de Gabinete tendrá como tope para reasignar fondos del presupuesto del año próximo.

En su proyecto original, el Gobierno había propuesto una escala gradual que partía de un tope del 10% del total del gasto en 2017, del 7,5% en 2018 y del 5% en 2019. La oposición insistió en acotar aún más estos techos, y finalmente se acordó que en 2017 no se supere el 7,5% del total del gasto y, a partir de 2018, que ese porcentaje no supere el 5%.

Además, habrá una restricción adicional, que establece un tope del 15% para las reasignaciones que impliquen una transferencia de gastos de capital a gastos corrientes. Por otra parte, a propuesta del diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica), se dispuso que todas las reformulaciones presupuestarias deberán ser informadas al Congreso dentro de los cinco días hábiles de publicadas en el Boletín Oficial.

Desde la oposición, el diputado Felipe Solá advirtió que, pese a estos topes en la facultad de reasignar fondos presupuestarios, el Gobierno mantiene intacta la potestad de aumentar el gasto por vía de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). El presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro), relativizó esta advertencia. "Si se asume que la proyección de gastos prevista en el presupuesto se ajusta a la realidad y que no hay subestimación de ingresos, el margen para aumentar el gasto será casi inexistente", dijo.

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