El Gobierno y la procuradora Gils Carbó avanzan directo hacia la confrontación

El gobierno de Mauricio Macri y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, van directo a la confrontación. Sin canales abiertos de comunicación, la Casa Rosada espera que ella presente, de una buena vez, su renuncia. Si no, buscará desplazarla, pero no por la vía del juicio político. Y si eso ocurre -o incluso antes-, la jefa de los fiscales ya delineó su estrategia judicial, que llegará hasta Washington, según indicaron funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público a LA NACION.

Macri y sus colaboradores consideran que Gils Carbó debió renunciar en diciembre de 2015. Afirman que es "impropia" de ocupar ese cargo, planteo que reforzaron con su procesamiento por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la compra de un edificio por $ 44 millones, que incluyó el pago de "comisiones exorbitantes".

"Su mejor opción es renunciar", indicó ayer la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tras considerar que Gils Carbó "fue una pieza esencial para la impunidad de los corruptos", lo que ejemplificó con su actuación ante las investigaciones que apuntaban contra Lázaro Báez. "Una jefa de fiscales procesada por corrupción les hace más daño a la Justicia y al país", abundó.

Alonso llegó más lejos que el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien consideró "lógico" que, como mínimo, Gils Carbó "pida licencia mientras se resuelve su situación judicial" para, de ese modo, reducir la "situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la justicia en la Argentina". Elisa Carrió fue más a fondo al decir que "tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de dignidad".

Sin embargo, Gils Carbó reafirmó ayer a sus colaboradores que no piensa renunciar, ni pedir licencia, y comparó su situación actual con dos antecedentes ocurridos durante el kirchnerismo. El primero, cuando la Cámara de Casación confirmó el procesamiento del actual presidente Macri -por entonces jefe de Gobierno porteño- en la causa por las escuchas ilegales; el segundo, la remoción del procurador santacruceño Eduardo Sosa, cuando los Kirchner gobernaban en el sur.

La alusión al caso Sosa distó de ser casual. En el Gobierno anticipan que, después de las elecciones buscarán la salida de Gils Carbó, pero no por la vía del juicio político, porque carecen de los votos requeridos en el Senado, sino con el impulso de una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Uno de los arquitectos de esa reforma en ciernes es Fabián Rodríguez Simón, uno de los asesores jurídicos de mayor confianza del Presidente, quien confió en él para la fallida designación de dos ministros ad hoc en la Corte, pero también para la multimillonaria renegociación tributaria por las tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires.

El camino internacional

Aunque ya cumplió los cuatro años en su cargo necesarios para jubilarse, junto a Gils Carbó afirman que ésa no es una opción. Por el contrario, anticipan que si buscan desplazarla de su cargo se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. ¿Palabra clave? "Hostigamiento". Para la Casa Rosada, aludir a la CIDH es sinónimo de kirchnerismo y sectores afines. Consideran que ese organismo está "controlado" o, al menos, "influenciado" por expertos, lobbistas y organismos de derechos humanos con una visión "demasiado cercana" a la anterior gestión. Para el equipo de Gils Carbó, "es la opción que nos dejan". "Sabemos que si vamos a la CIDH terminarán por darnos la razón. Puede tomar años, pero pasará eso. Y aunque el Gobierno se salga con la suya en el corto plazo, el costo para el país sería demasiado alto", vislumbró un muy estrecho colaborador de la procuradora.

"El Gobierno debió consensuar con ella la reforma del Ministerio Público y fijar, por ejemplo, un plazo específico de duración para el cargo de procurador. Si lo hubieran hecho, ella podría haberse retirado el año próximo, pero en vez de eso fueron al choque", indicaron anoche junto a Gils Carbó.

La jefa de los fiscales observa, además, un "juego de pinzas" desde los tribunales penales y contencioso administrativo federal. "Es evidente que cada vez que se mueve la causa penal [por la compra del edificio], dos o tres días después avanza el otro", donde el Gobierno pidió que la Justicia declare inconstitucional la ley que impone el juicio político para remover al titular de la Procuración General.

Macri consideraría, sin embargo, la salida de Gils Carbó como su siguiente gran logro tras el retiro del juez federal Norberto Oyarbide, al que hubiera preferido destituirlo, pero al que optó por aceptarle la renuncia con la esperanza de que otros magistrados siguieran su ejemplo.

El camarista federal Eduardo Freiler podría resultar el siguiente en vaciar su despacho. En el Poder Ejecutivo creen que tienen los votos para destituirlo en el Consejo de la Magistratura. Desconfían de la palabra de un consejero en particular, pero aun así creen que sellaran su caída. Como así también la de Gils Carbó.