El Gobierno y Pro tienen los votos para el traspaso de la ex ESMA

Días después de fracasar por falta de número y no pocas disidencias internas, Pro y el kirchnerismo aseguran tener todo listo en la Legislatura porteña para avanzar en la cesión de la Ciudad a la Nación de cinco ex centros clandestinos de detención, entre ellos la ex ESMA .

"Ya está, tenemos los votos", confirmaron a LA NACION fuentes legislativas y de la Secretaría de Derechos Humanos porteña que encabeza Claudio Avruj. Los 40 votos, indispensables para la aprobación del convenio suscripto por el gobierno de Mauricio Macri y la Casa Rosada, estarían confirmados para la sesión del próximo jueves, afirmaron también sectores del oficialismo.

Se prevé, no obstante, que se repita la oposición del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, otros organismos de Derechos Humanos no enrolados con el kirchnerismo y algunos diputados díscolos, quienes temen que con la cesión al Gobierno de los edificios se disuelva también el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que funciona en el edificio de la Avenida del Libertador, y tiene a su cargo la administración de éste y otros ex centros de detención durante la última dictadura militar.

La asistencia de la totalidad de los diputados Pro (en la sesión del jueves 24 faltaron dos) y, sobre todo, del interbloque K (que tuvo cuatro ausencias notables) será fundamental: en esa sesión, el kirchnerismo y el macrismo sumaron 37 voluntades a favor del polémico proyecto.

"El proyecto va a salir, lo pidieron ellos y nos garantizaron que los votos están", afirmó a LA NACION un dirigente macrista directamente involucrado en el asunto. Para el referente, "Pérez Esquivel está solo en la lucha", aunque reconoció que "es posible que las funciones del organismo no sean las mismas", luego de la aprobación legislativa.

El vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo (Pro), confirmó a LA NACION que intentará impulsar el proyecto en la sesión del jueves, "porque se trata de un acuerdo de gobierno a gobierno, que pretendemos aprobar cuanto antes".

Enojado, Pérez Esquivel apuntó a la jefa del interbloque K, Gabriela Alegre, impulsora del convenio en la Legislatura. "Alegre no es más una militante en Derechos Humanos, sino una partidaria que quiere apropiarse de los derechos humanos", afirmó el titular del Servicio Paz y Justicia a la agencia Paco Urondo.

La semana pasada, el dirigente de derechos humanos había definido la situación como "un nuevo pacto de Pro y los K, que quieren convertir a la ex ESMA en su búnker". Luego sostuvo que durante la votación frustrada Alegre había "invitado" a los empleados del IEM presentes a "hacer un asadito", aunque la legisladora lo negó.

Nubarrones

El convenio firmado por la Casa Rosada y el gobierno porteño el 5 de marzo pasado incluye seis edificios dentro de la ex ESMA y otros cuatro, denominados Club Atlético, Automotores Orletti, El Olimpo y Virrey Ceballos, todos en la Capital. Según el texto, el Gobierno se compromete a sostener las fuentes laborales del IEM, aunque los organismos no kirchneristas descreen de que esa cláusula se cumpla.

A pesar del renovado optimismo de macristas y kirchneristas, el tránsito hacia la aprobación no parece ser plácido. Mañana, Pérez Esquivel compartirá una mesa redonda en la Feria del Libro con el escritor Osvaldo Bayer y Martha Vázquez (Madres Línea Fundadora), un acto del IEM que promete contener duras críticas a la iniciativa.

También el bloque kirchnerista tendrá un duro debate en las próximas horas. Aníbal Ibarra, antiguo jefe político de Alegre, se ausentó del recinto en el momento previsto para votar, y ni Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), ni el ex canciller Jorge Taiana, ni Pablo Ferreyra estuvieron dispuestos a enemistarse con los organismos no alineados a la Casa Rosada. "Me niego a avalar que el macrismo decida desentenderse de los derechos humanos, tanto como creer que el kirchnerismo es el único garante en la materia", advirtió Cerruti a LA NACION.

¿Qué pasará el jueves? En la Legislatura confían en que las presiones desde la Casa Rosada, vía el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quienes habrían persuadido a los díscolos, surtirán efecto. Reconocen que macristas y kirchneristas pagaron un costo por cumplir con el deseo de la presidenta Cristina Kirchner de tener bajo su órbita los espacios donde funcionaron centros de detención, tortura y muerte.

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