El juego de simular que hay táctica en lugar de confusión

Jorge Oviedo
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28 de junio de 2014  

La decisión del juez Thomas Griesa puso ayer en serias dudas las teorías tan conspirativas como optimistas de que había un acuerdo secreto para que el gobierno argentino pague a los holdouts simulando que sólo lo hace obligado.

Anteayer, la decisión unilateral de pagar sólo a los que entraron en el canje y el discurso belicoso y con acusaciones gravísimas contra Griesa parecía destinado a causar una catástrofe en las cotizaciones locales e internacionales de los activos argentinos. Pero no ocurrió.

Sólo los holdouts, que el Gobierno llama "buitres", se sumaron al tono belicoso y llamaron "descarada" la actitud argentina pidiendo el embargo de los fondos. ¿Qué otra cosa podían hacer?

La teoría del acuerdo secreto se respaldó también en que el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció un pago de US$ 830 millones, de los cuales sólo explicó el destino de US$ 530 millones. De los otros US$ 300 millones no quiso decir nada.

Las especulaciones fueron entonces que esa suma sería la garantía de que la Argentina cumplirá con el supuesto "acuerdo secreto". Que Griesa embargaría, los holdouts cobrarían y Kicillof iría girando los recursos hasta que todo el mundo recibiera lo suyo.

Para que eso se viera certificado, era necesario que ayer Griesa embargara los giros. En lugar de eso dijo al Bank of New York (BoNY) que devuelva las sumas a la República Argentina. Abogados especialistas recordaron que los recursos fueron depositados en las cuentas del BoNY en el Banco Central. Debían ser girados a otras en Nueva York desde donde se distribuyen luego a los bonistas que aceptaron el canje. Sobre esas cuentas, dicen los abogados, ya pesa un embargo, que estaba suspendido por una medida cautelar que cayó. Griesa, según esa interpretación, no tenía que hacer nada para capturar los giros. Si el BoNY osara pagar, sus funcionarios cometerían un delito.

En lugar de eso, Griesa dijo al banco que devuelva el dinero. ¿Hay default? No, porque el país, según los contratos del canje -dicen los especialistas- tiene plazo para pagar hasta el 30 de julio. Algo así como el segundo vencimiento de las facturas de los servicios públicos.

El propio magistrado había convocado a negociaciones antes del fallo adverso de la Corte Suprema porque, argumentó, no quería enviar a ningún país a la cesación de pagos.

Volvió ayer a llamar a negociar y a dejar de tomar decisiones unilaterales. Entonces ¿hay un doble juego o es sólo que el Gobierno se obstina en no acatar lo que el juez dispone? Porque también dijo que negociaría, pero luego actuó unilateralmente.

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx prefirió pensar que las autoridades optaron por "seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo y ver qué pasa". Como alguna vez dijo el economista Juan Carlos De Pablo: "Ante la posibilidad de problemas, la conducta del Gobierno es dejar que se armen y después ver qué se hace".

Grave incertidumbre

En todo caso, la incertidumbre en estas cuestiones es gravísima. Porque el propio Kicillof advirtió del peligro de volver a una catástrofe como la de 2001, nada menos. La peor, por sus consecuencias económicas, políticas, sociales, de la historia del país.

Para la autovictimización del Gobierno daría igual que el default fuera porque Griesa embargó el dinero o porque impidió que se entregue el dinero a los bonistas que aceptaron el canje. Finalmente eso es lo que ha dicho en repetidas oportunidades por boca de sus más altos funcionarios. Que la Argentina "quiere pagar y no la dejan", que el juez trabaja para los holdouts, que la Casa Blanca no es capaz de ponerlo en vereda, que se vulneran tratados internacionales y que si no atienden sus pedidos, recurrirá al tribunal internacional de La Haya.

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