La venta ilegal de armamento. El juez Urso ordenó 14 indagatorias

El magistrado citó, entre otros, al ministro Erman González, al viceministro Pereyra de Olazábal y al diputado Olima.

2 de Septiembre de 1998

El llamado a indagatorias para catorce funcionarios y ex funcionarios introduce un cambio cualitativo en a la causa por los envíos ilegales de armas, que podría generar varios dolores de cabeza al Gobierno.

Entre ellos, el del fantasma de la figura de asociación ilícita.

Hasta ahora, las indagatorias y procesamientos giraron exclusivamente en torno del decreto presidencial secreto 103, del 24 de enero de 1995, y sus consecuencias. El decreto autorizaba envíos a Venezuela, que fueron a Croacia y a Ecuador pero, por sí solo, podía reflejar un hecho aislado y casi accidental. Un simple desvío.

En cambio, al acceder ayer el juez federal Jorge Urso al paquete de indagatorias solicitado por el fiscal Carlos Stornelli, la causa abarca también los primeros decretos presidenciales secretos: dos, de 1991 a Panamá (léase Croacia) y uno, de 1992, a Bolivia, que nunca llegó a concretarse, pero cuyo material (cañones y fusiles) reapareció en el de enero de 1995.

En los últimos días, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el jefe del Ejército, general Martín Balza, insinuaron posibles responsabilidades de ex funcionarios de otras áreas. La Justicia parece haberlos escuchado y, al hacerlo, ingresa en un terreno más que complejo.

Modus operandi

En principio, parece haber existido un modus operandi que se mantuvo idéntico a lo largo de cuatro años, pese a que se sucedieron ministros de Defensa (Erman González y Oscar Camilión) e interventores y gerentes de Fabricaciones Militares (FM), que entonces dependía de esa cartera.

Es muy probable que varios de los indagados aclaren su situación. Más de uno sólo colocó una firma en alguno de los trámites previos de los decretos de 1991 y 1992.

Ayer, expresaron su sorpresa por la imputación Jorge Pereyra de Olazábal, ex interventor en FM, y Juan Carlos Olima, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos.

Erman González afirmó que aportará a la Justicia toda la documentación que le sea requerida sobre los tres decretos.

Luis Sarlenga ya está procesado por el decreto de 1995. Ahora será indagado por los anteriores.

Nicolás Granillo Ocampo, hermano del ministro de Justicia, inició la tramitación del decreto 1633 de 1992, para Bolivia, cuando era presidente del directorio de FM.

Los investigadores se preguntan quién de todos los procesados y sospechosos tenía el poder suficiente como para extraer los cañones, obuses, fusiles y municiones de los cuarteles de artillería del Ejército, maquillarlos en la planta de FM de Río Tercero y enviarlos al puerto de Buenos Aires en convoyes de más de cien camiones por embarque.

Y, al mismo tiempo, lograr que una comisión de representantes de los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores aprobara las falsas exportaciones a Panamá, Bolivia y Venezuela, que los ministros de esas carteras estamparan su firma, que lo hiciera el Presidente y que la Aduana diera el visto bueno a los contenedores pese a que, como está probado, a veces no coincidía el peso declarado con el peso real de lo embarcado.

Los decretos de 1991 -el 1697, del 27 de agosto, y el 2283, del 31 de octubre- con destino a las "fuerzas de seguridad" de Panamá incluyen material antitanque. En una aparente cadena de despistes, nadie parece haber averiguado si los delincuentes panameños actuaban a bordo de tanques.

Por acción y por omisión, la figura de asociación ilícita, ya planteada por el denunciante de la causa, el abogado Ricardo Monner Sans, parece cobrar cada vez más consistencia.

En el segundo decreto para Panamá, Erman González tuvo una doble intervención: como ministro de Defensa y como integrante de la comisión interministerial, representando a su cartera.

Un misterio

El decreto para Bolivia constituye un misterio. Demandó casi dos años de trámites y algunos viajes de funcionarios de FM a La Paz. El Presidente llegó a firmarlo, pero sorpresivamente no se ejecutó.

Los decretos señalaban destinos que no fueron los verdaderos a zonas que sufrían embargos internacionales de armas. Croacia estaba envuelta en la guerra étnica tras la disolución de Yugoslavia, y Ecuador peleaba con Perú por un tramo de la Cordillera del Cóndor.

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, y el actual canciller Guido Di Tella, no figuran entre entre los futuros indagados. Ayer, Miguel Bootello, abogado del empresario ecuatoriano estafado por los fusiles obsoletos que le vendió FM, pidió la indagatoria de ambos.

Jorge Urien Berri

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