El justicialismo volverá a presionar desde el Senado

El impuesto al cheque sería coparticipable

12 de noviembre de 2001

LA NACION

El bloque de senadores justicialistas quiere completar el golpe político que el miércoles último le propinó la Cámara de Diputados al gobierno nacional y convertir mañana en ley el proyecto de coparticipación del impuesto a las transferencias financieras, que atenta contra el plan económico anunciado por el presidente Fernando de la Rúa.

Claro que todo dependerá de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores peronistas por los fondos de coparticipación.

Es que, como reconocen en filas justicialistas, la amenaza de distribuir con las provincias los 400 millones de pesos mensuales que ingresan por el denominado impuesto al cheque es una espada de Damocles con la que el PJ amenaza al Gobierno para que sus mandatarios puedan obtener el mejor acuerdo posible. Sucede que en el plan económico anunciado la reestructuración de la deuda pública estaría garantizada con la recaudación del impuesto a las transacciones financieras sin que ello contemple un reparto del dinero con las provincias.

Por eso, si para mañana las discusiones continúan empantanadas, el PJ ya tiene pedida una sesión especial para tratar la media sanción que la Cámara baja le dio a la controvertida iniciativa la semana última.

Así lo confirmó a LA NACION el titular de esa bancada, José Luis Gioja (San Juan), que dijo que "la intención es sacarlo el martes (por mañana)". Para alcanzar este objetivo, el peronismo deberá contar por lo menos con 37 senadores para alcanzar el quórum y comenzar el debate.

Al respecto, Gioja se mostró confiado en que el PJ "va a tener el número" suficiente de legisladores para habilitar la sesión, pero por las dudas tampoco descartó "insistir en la sesión ordinaria del miércoles".

Sin embargo, que el PJ pueda abrir la reunión no implica la aprobación automática del proyecto. Es que si el bloque radical no se duerme y está en el recinto con una fuerte presencia en el momento de arrancar la sesión estaría en condiciones de impedir el tratamiento de la iniciativa.

Es que el proyecto llegará el recinto sin dictamen de comisión y, por lo tanto, para habilitar su debate hará falta la aprobación de los dos tercios de los presentes. Para frustrar esta posibilidad, la UCR tendrá que sentar por lo menos 20 senadores, es decir casi la totalidad de su bancada.

Atento a esta situación el jefe del bloque oficialista de la Cámara alta, Jorge Agúndez (San Luis), citó a sus legisladores para mañana al mediodía con la idea de ver la estrategia a seguir ante la embestida del PJ.

En diálogo con LA NACION, Agúndez anticipó algunas de las alternativas que maneja la UCR ante la eventualidad de que el PJ pretenda impulsar la aprobación del proyecto. Así, dijo que "no bajar al recinto sería una posibilidad", y ante el eventual quórum alcanzando por el peronismo aseguró que "entonces tendremos que bajar y no darle los dos tercios".

A la espera de un acuerdo

Sin embargo, se inclinó por esperar el desarrollo de las negociaciones del Gobierno con las provincias administradas por el justicialismo. En esa sintonía, dijo que lo más probable es que mañana se reúna con el presidente Fernando de la Rúa para analizar la situación.

A estas preocupaciones, voceros radicales sumaron otra: la posibilidad de que algunos senadores radicales de provincias gobernadas por el PJ se encuentren presionados a por lo menos no boicotear el proyecto bajo amenaza de ser expuestos en sus distritos.

Por lo pronto, las cuestiones que deberán definirse antes de la sesión especial superan la cuestión de los números parlamentarios y las negociaciones con las provincias peronistas. También existen dudas sobre qué proyecto sería el que pretendería aprobar el PJ.

Deuda pública

La Cámara de Diputados definirá esta semana si avanza con la creación de una comisión especial de seguimiento de la deuda pública. La propuesta fue planteada por los radicales Jesús Rodríguez y Raúl Baglini. Pero los diputados de ARI y algunos del PJ quieren que esa comisión sea investigadora y que el Congreso tenga un papel activo en la negociación con los acreedores.

Gustavo Ybarra

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