El kirchnerismo lleva la ley de medios a la OEA

A pedido de la defensora del público, Cynthia Ottaviano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública para el 8 de abril; asistirán varias entidades identificadas con el gobierno de Cristina Kirchner
José Crettaz
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8 de marzo de 2016  • 10:40

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el pedido de la defensora del público, Cynthia Ottaviano, y convocó a una audiencia pública para el 8 de abril próximo en el que se analizará el "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina", según el título que el organismo -que funciona en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA)- le puso al encuentro. La sola convocatoria a esta audiencia implica un reconocimiento internacional muy importante para los sectores que reclaman contra los cambios en la ley de medios introducidos por decreto por el presidente Mauricio Macri.

Según comunicó la propia CIDH, a la audiencia asistirán por un lado el Estado argentino, y por el otro un conjunto de entidades que en los últimos años se mostraron abiertamente partidarias de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner o cuyos dirigentes militan en el kirchnerismo: "Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Universidad Nacional de las Artes (UNA), Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom), Asociación Mundial de Radios (Amarc), Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Red de Radios Universitarias de América latina y el Caribe (Rrulac), Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (Aruna), Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Trayecto de locución (Convenio Afsca-UNER), Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Coalición por una Comunicación Democrática, Músicos Autoconvocados, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Red Par y Arbia", según la enumeración publicada por la propia CIDH.

Buena parte de las entidades que expondrán contra los cambios que el gobierno de Macri introdujo en la ley de medios mediante el DNU 267/2015 tienen un nombre en común: el de Damián Loreti, autor del proyecto original de la controvertida ley. Loreti dirige junto con Horacio Verbitsky el CELS, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y es docente de grado y posgrado en la carrera de comunicación de la UBA, es vicepresidente de Amarc y asesor legal del SAT, entre otras funciones que lo vinculan a esas entidades, según consta en su curriculum. Loreti es un prestigioso académico de reconocida militancia kirchnerista. Dirige en la UBA la Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Servicios de Comunicación Audiovisual (cofinanciada por la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual-Afsca). En 2012, fue mencionado extraoficialmente para ocupar la presidencia de la propia Afsca antes de la designación en ese cargo de Martín Sabbatella, y también fue candidato en 2014 a ocupar el puesto de relator de la libertad de expresión de la CIDH, que finalmente quedó para el uruguayo Edison Lanza.

Precisamente, Lanza y el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza Longoria, recibieron a Ottaviano en enero pasado, pocos días después de publicado el decreto 267/2015. En esa reunión, la defensora del público advirtió sobre la "afectación de los derechos humanos" derivada de aquel decreto y pidió la audiencia ahora concedida. Cynthia Ottaviano es periodista integró el equipo de Telenoche Investiva, el programa periodístico de Canal 13 (Grupo Clarín) y está casada con Roberto Caballero, ex director fundador del diario kirchnerista Tiempo Argentino (Grupo Veintitrés), que fue privilegiado con la publicidad oficial y atraviesa un largo conflicto con sus empleados por sueldos impagos. La Defensoría del Público es un organismo creado por la ley de medios audiovisuales que responde a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Su estructura y funcionamiento no fue afectada por el DNU 267/2015.

A principios de febrero, semanas después de recibir a Ottaviano, Lanza viajó a Buenos Aires y se reunió con entidades periodísticas y de comunicación, y se entrevistó en la Casa Rosada con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy (el Enacom reemplazó a la Afsca y a su gemela para las telecomunicaciones, la Aftic). Lanza es un antiguo conocido de Loreti, con quien coincidió en varios foros y entidades, como la propia Amarc. Por su actividad académica y su militancia en la sociedad civil, el relator de la OEA también tiene vínculos personales con varios de los académicos que el mes pasado firmaron una declaración de rechazo a la derogación parcial de la ley de medios audiovisuales.

Además, antes de ser designado relator de la libertad de expresión, Lanza -que es periodista- participó del proceso de redacción de la ley de medios audiovisuales de Uruguay, que se inspiró en la ley argentina de 2009, derogada parcialmente por decreto del presidente Macri a fin del año pasado.

En 2013, luego de muchos pedidos, la CIDH recibió en audiencia a un grupo de periodistas que acusaron al gobierno de Cristina Kirchner de "acoso" y "persecución". Aquel encuentro fue pedido por Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Luis Majul, Mariano Obarrio y el fallecido Pepe Eliaschev. Ruiz Giñazú y Morales Solá relataron los casos de "juicios populares" a periodistas en la Plaza de Mayo con participación de funcionarios nacionales de entonces, el uso partidario de la televisión estatal para descalificar y demonizar a los periodistas, la persecución contra los hijos de la directora del diario Clarín, el reparto arbitrario de la publicidad oficial en función de la línea editorial de los medios, la prohibición de hecho aplicada a grandes anunciantes privados para que no contraten espacios de publicidad en diarios críticos, las amenazas de expropiación de la fábrica de papel para diarios Papel Prensa, y las acusaciones públicas contra los periodistas Daniel Santoro y Guillermo Lobo de ser "espías rusos", entre otras cosas. De aquella audiencia también participó Torcuato Alfredo Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que en la última década hizo varias presentaciones para cuestionar el reparto arbitrario de la publicidad oficial. El Estado argentino fue representado por funcionarios de tercera línea, que leyeron un texto jurídico con referencias históricas que daban a entender un rol destacado de la Argentina en la defensa de la libertad de expresión. El contenido de esa audiencia está disponible en el sitio de la CIDH.

Con sede en Washington e integrada por siete miembros elegidos a título personal y no como representantes de ningún gobierno, la CIDH es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos (la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Ambos organismos funcionan en el ámbito de la OEA pero tienen plena autonomía. En los años 70, la CIDH jugó un papel central en la difusión de los crímenes de la última dictadura militar argentina.

Actualmente, la CIDH está integrada por James L. Cavallaro (Estados Unidos, presidente), José de Jesús Orozco Henríquez (México, vicepresidente), Paulo Vannuchi (Brasil), Margarette May Macaulay (Jamaica), Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), Francisco José Eguiguren Praeli (Perú) y Enrique Gil Botero (Colombia). La audiencia de la que participarán las entidades kirchneristas y el gobierno de Macri fue incluida en el 157° período de sesiones de la CIDH que tendrá lugar del 2 al 15 de abril próximo. Ese extenso programa incluye encuentros sobre la libertad de expresión y de asociación en Ecuador; el derecho a la salud en Venezuela; seguridad ciudadana en El Salvador; deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico; los derechos humanos de niños, niñas y familias migrantes en los Estados Unidos; violencia sexual contra las niñas en Paraguay; derecho a la alimentación y una vida sin violencia en Guatemala; búsqueda de desaparecidos en Medellín, Colombia; situación de los derechos humanos de personas LGBT en Honduras; derechos humanos de mujeres afrodescendientes en Brasil; y derechos de los presos en México, entre otros temas. La lista completa puede verse en el sitio de la CIDH.

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