El más extraño de todos los decretos falsos

Por Jorge Urien Berri De la Redacción de LA NACION
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26 de agosto de 2001  

De ser ciertos los nuevos datos aportados por oficiales de la policía de Bolivia, confirmarían la desesperación del gobierno de Carlos Menem por vender armas en forma ilegal y la variedad de recursos a que se puso en juego para lograrlo.

Parte de la información sobre el trámite falso e irregular para “venderle” a Bolivia el armamento destinado a Croacia consta en la investigación que están llevando adelante el juez federal Jorge Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli.

Una de las novedades, sujeta a confirmación, es el pago de diez millones de dólares por el falso certificado de uso final aportado por Bolivia, pieza clave en toda venta internacional de armas. En ese certificado, las autoridades del país comprador ratifican que adquieren las armas y que no las revenderán a otra nación.

No hay decreto presidencial de venta de armas sin certificado de uso final. Entre 1991 y 1995, Menem y sus ministros firmaron cuatro de estos decretos secretos con destinos falsos para esconder a los verdaderos compradores, que resultaron ser, finalmente, Croacia y Ecuador.

Decretos y certificados

Sin embargo, siempre se habla de tres: dos firmados en 1991, con destino ficticio a Panamá, y uno de 1995, también con destino ficticio a Venezuela. En estos tres casos se recurrió a certificados de uso final de Panamá y de Venezuela, que luego se probaron falsos.

Con el decreto de Bolivia ocurrió lo mismo, pero su historia es más intrincada, empezando por el hecho de que se firmó, pero no pudo ejecutarse.

Este cuarto decreto, en realidad, fue el primero si se toma en cuenta el comienzo de su tramitación -6 de noviembre de 1990-, pero el tercero en ser firmado por el anterior gobierno, pues se convirtió en el decreto presidencial 1633 tan sólo el 3 de septiembre de 1992, es decir casi dos años después de que se puso en marcha la operación.

Tormenta política

Nada bueno ocurría en el Gobierno mientras el decreto que disponía la venta de armamento a Bolivia iniciaba su trámite accidentado.

Al día siguiente de ponerse en marcha la maquinaria burocrática renunció como titular de la Aduana el brigadier Rodolfo Echegoyen, y un mes después apareció muerto de un balazo.

Pocos días después de esa muerte nunca aclarada estalló el Swiftgate, un escándalo por el presunto intento de cobrarle coimas al frigorífico norteamericano, que involucró al entonces cuñado del presidente Menem Emir Yoma.

Mientras tanto, en la Cancillería, el embajador Enrique Candiotti, director de Seguridad Internacional, escribió un informe en el que advirtió sobre los peligros de triangulaciones que entrañaba ese proyecto de decreto a Bolivia. El funcionario firmó su informe el 20 de diciembre de 1990, pero nadie le quiso hacer caso.

Un mes más tarde, el traficante sirio de armas y drogas Monzer Al Kassar iniciaba el trámite para lograr la ciudadanía argentina.

Quien leyera la larga nómina de armas que se pretendía vender a Bolivia podría pensar que ese país estaba por entrar en guerra. El arsenal, valuado en más de 51 millones de dólares, era descomunal si se tiene en cuenta la demanda bélica del vecino país.

El destino real

En realidad, el armamento, que incluía 18 cañones argentinos Citer de 155 milímetros, estaba destinado a Croacia.

El fiscal Stornelli sospecha que se firmó cuando ya se planeaba venderle esos cañones a Zagreb. De ahí la necesidad de contar con un decreto (de contenido falso).

Ahí comenzaron los problemas. Los siete envíos ilegales a Croacia fueron marítimos. ¿Cómo justificar que un barco cargaría armas que debían entregarse en La Quiaca? El decreto era inútil y no se ejecutó. El argumento oficial fue que no se admitió que Bolivia, que carecía de fondos, propusiera pagar las armas con gas.

Por este motivo los primeros cañones del Ejército Argentino que en 1993 zarparon rumbo a Croacia no contaban ni siquiera con un decreto falso.

La falta se subsanó con el falso decreto 103 de enero de 1995, que incluía esos cañones.

En síntesis, la aparición de la nueva documentación en Bolivia da más apoyo a lo que parece ser, a esta altura con pocas dudas, una historia de papeles falsos pero de armas y dólares verdaderos.

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