El massismo apunta a los bienes del lavado

Impulsa una ley de extinción de dominio para activos del narco y la corrupción
Marcelo Veneranda
(0)
22 de junio de 2014  

El Frente Renovador presentará mañana un proyecto de ley para que el Estado pueda quedarse con el dominio de los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero, pero que también alcanza los vinculados con actos de corrupción de funcionarios y de evasión de privados. También extiende la persecución a los activos que heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país.

Esa ley hoy no existe. Lo que no faltan son los ejemplos sospechosos: el jet que un funcionario usa como propio, la casa de country del último narco descubierto en el país, el piso de Puerto Madero que alguien olvidó declarar o la sociedad anónima que no para de facturar pese a los vaivenes económicos.

La intención de la bancada que responde al diputado Sergio Massa es impulsar, por un lado, la creación de una acción de extinción de dominio, de carácter imprescriptible y autónoma de la investigación penal, para que pase al Estado la titularidad de los activos asociados con actividades ilícitas (narcotráfico, lavado, corrupción) y antijurídicas (infracciones, evasión, monopolios).

"El problema es que, con penas bajas a los delitos y sin perseguir el dinero ilícito, lo único que queda es la impunidad", señaló Massa a LA NACION, para completar: "Lo que sucede hoy es que en el mejor de los casos los delincuentes pasan un tiempito en la cárcel, pero se quedan con la plata, sea un narco, el Luis «el Gordo» Valor o María Julia [Alsogaray]".

El proyecto se acopla a otras iniciativas ya presentadas por el senador socialista Rubén Giustiniani (sobre narcotráfico), su par radical Gerardo Morales (aplicable cuando la acción prescribe o fallece el imputado) y tres iniciativas de los diputados Manuel Garrido y Ricardo Alfonsín (patrimonio de funcionarios) y Elisa Carrió (hechos de corrupción).

Pero el texto massista, elaborado por un equipo encabezado por el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez y la legisladora nacional Graciela Camaño, no sólo es más abarcativo que los anteriores, sino que apela a tratados internacionales para avanzar sobre la protección constitucional de la propiedad de los condenados.

"Lo que sostenemos es que una persona que comete un delito no merece la protección constitucional de sus bienes", señaló Camaño, sin ocultar que esa "severidad" busca compensar el espíritu "abolicionista" que, según el massismo, encarna el proyecto de reforma penal del kirchnerismo que impulsa el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. "Para terminar con la impunidad necesitamos que los delincuentes tengan miedo a la ley y miedo a perder su patrimonio", agrega Massa.

En esa línea, el proyecto avanza no sólo sobre los bienes directamente vinculados al lavado, narcotráfico y corrupción, sino también sobre los activos "equivalentes" del condenado, cuando no se pueda actuar sobre los primeros o los que herede a sus familiares. Elimina la posibilidad de oponer el secreto bancario o bursátil y aplica tanto sobre bienes de argentinos en el extranjero como sobre los que se encuentren en el país, pero sean identificados como ilícitos por tribunales del exterior.

La intención, señalan, es que la Argentina empiece a comportarse como "territorio jurídicamente hostil" para las organizaciones criminales, atacando su financiamiento y convirtiendo sus bienes en propiedad del Estado, sin compensación y más allá del resultado de la causa penal. De ahí la intención de crear una acción legal nueva, imprescriptible, aplicable al fuero civil y comercial.

El proyecto se inspiró en leyes que se aplican en Colombia y Guatemala, entre otras, y recibió aportes de especialistas como Edgardo Buscaglia y Diego Gorgal.

También fija el destino de los bienes comprometidos: el 90%, para financiar el programa de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación. El 10% restante, a la capacitación del personal involucrado en la recuperación de activos. En el caso de narcotráfico, el 45% de los bienes se destinan al programa de prevención de la Sedronar y el 45% restante, a obras de educación.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.