El massismo propone regular los piquetes y ya despertó polémica

Giustozzi presentará hoy la iniciativa en la Cámara baja; prevé lugares específicos para las protestas y sanciones por incumplimientos; opiniones divididas en la oposición
Laura Serra
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25 de marzo de 2014  

El massismo presentará hoy un proyecto de ley, que elaboró el jefe del bloque de diputados Darío Giustozzi, por el cual propone regular las protestas sociales y los piquetes que, ya en forma constante, entorpecen la normal circulación por los espacios públicos. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en el Congreso y, curiosamente, la primera también en responder al pedido que, en ese sentido, hizo la presidenta Cristina Kirchner días atrás en el Parlamento.

El proyecto, si bien consagra el "derecho a la petición social", deja en claro que las protestas no pueden realizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Por el contrario, Giustozzi propone instrumentar espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal, dotados de los recursos tecnológicos necesarios para que la manifestación popular sea visible y debidamente difundida a la opinión pública.

En caso de que una protesta social no se adecue a estos parámetros, el proyecto massista dispone distintos tipos de sanciones, traducidas en multas y trabajos comunitarios para quienes violen la ley.

"Donde hay confrontación de derechos hay un germen de violencia -explicó Giustozzi a LA NACION-. Tenemos que lograr que el derecho a peticionar se ejerza en plenitud, pero sin impedir el ejercicio del derecho a transitar. Así como un vehículo no puede transitar sobre las plazas y veredas porque para ello hay calles, avenidas y rutas, quienes deseen peticionar deben tener el mismo derecho de contar con un lugar acorde para expresarse."

Resulta paradójico, pero la presidenta Cristina Kirchner -hoy en las antípodas del massismo- también bregó por algún tipo de regulación de las protestas sociales. Fue uno de los párrafos más salientes, y también más aplaudidos, de su discurso de apertura del actual período de sesiones ordinarias del Congreso.

"Vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada", exclamó la mandataria.

Y añadió: "Creo que todo el mundo tiene el derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar y complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana. Por eso, organicémonos como sociedad. Permitámonos protestar; hay derecho a la protesta. Pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas políticas", enfatizó.

Pese a la ola de aplausos que inundó entonces el recinto, las palabras de la Presidenta no tuvieron demasiado eco. Algunos legisladores, como Néstor Pitrola (Partido Obrero), están en contra de cualquier regulación porque entienden que implicaría "criminalizar la protesta social". Otros diputados sostienen, en cambio, que si el kirchnerismo fue el que durante una década alentó las manifestaciones públicas de manera desordenada y sin control, es su turno de arreglar el desaguisado con algún tipo de regulación.

"Durante 10 años, el kirchnerismo tuvo la estrategia de dejar hacer... ahora, que mande una propuesta para que como oposición sepamos qué está dispuesto a votar. Si lo hace, yo como presidenta de la Comisión Penal lo pongo en el temario", enfatizó Patricia Bullrich (Unión Pro).

El jefe del bloque radical, Mario Negri, advirtió que el giro de la Presidenta sobre las protestas sociales se explica por el contexto socioeconómico "de ajuste" al que se ve obligado el Gobierno. "Pero durante una década aplaudió cada piquete", sostuvo.

"No creo que una regulación solucione el problema -indicó, por su lado, Laura Alonso (Pro)-. Sí habría que dar el debate sobre el espacio público y qué derechos nos competen a cada uno."

Giustozzi, en cambio, es partidario de no darle más vueltas al asunto. "Varios piquetes han provocado hechos desgraciados, como ambulancias que no pudieron llegar a destino y pacientes que se han muerto... Además, cada piquete genera costos monetarios, sin contar la violencia que engendra. Y eso es lo que debemos solucionar", enfatizó.

Los ejes de la propuesta

Darío giustozzi - Jefe de bloque del FR

Reconoce expresamente el derecho a la petición social, definido como ejercicio colectivo de la libertad de expresión.

Da al Poder Ejecutivo 120 días para determinar los espacios públicos donde ejercer el derecho a la petición social. Serán cuatro para la jurisdicción federal, cuatro para cada provincia y la Ciudad, y 3 para cada municipio.

Estipula que todas las protestas deben realizarse en esos predios; de lo contrario, habrá sanciones.

Estas sanciones consisten en trabajos comunitarios y/o multas equivalentes a entre 1 y 3 salarios mínimos en caso de tratarse de calles y entre 3 y 5 en caso de avenidas y autopistas.

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