El nuevo plan Progresar tuvo una buena acogida en amplios sectores políticos

El anuncio del plan Progresar -un subsidio de 600 pesos para incentivar la educación de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan que realizó anteayer la presidenta Cristina Kirchner en Casa Rosada fue respaldado por buena parte del arco político. Sin embargo, desde la oposición pidieron al kirchnerismo "hacerse cargo de su responsabilidad" en la realidad que viven los llamados "ni-ni".

El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, dijo esperar que "sea exitoso" el plan lanzado por la Presidenta y confió en que "no se lo coma la inflación y que haya seguimiento y evaluación de sus resultados"; pero recordó al Gobierno que muchos de los 1.500.000 chicos que no estudian ni trabajan "tenían ocho años" cuando asumió el kirchnerismo.

Por su parte, el diputado de la UCR y ex vicepresidente Julio Cobos calificó de "positivo" que el Gobierno haya reconocido que hay 1.500.000 jóvenes que "están fuera del sistema laboral y educativo", pero advirtió que la problemática no se solucionará "sólo con el incentivo económico".

"Es un programa de contención prudente y correcto", manifestó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió. En la misma línea, la diputada del GEN-FAP Margarita Stolbizer lo calificó de una "medida necesaria que debería ser transitoria hasta que resuelvan la pobreza, el trabajo precario y la educación".

El ex subsecretario de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que actualmente integra el Frente Renovador, sostuvo que se trata de "una buena iniciativa que va en la dirección correcta", en declaraciones a radio América.

Entre los halagos por parte del oficialismo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó: "La Presidenta demostró una vez más que la ampliación de derechos está en el ADN de nuestro gobierno".

De la misma forma, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó el plan como "un proyecto de vida" y destacó que la Argentina "es uno de los países de América latina con mejor distribución del ingreso", con lo cual el programa redundará en una "reducción significativa del desempleo juvenil".

También se expresó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que aseguró que "la Presidenta es la que mejor interpreta el problema de los jóvenes que no trabajan ni estudian, al que sólo se puede dar respuesta desde el Estado y desde el compromiso afectivo de la familia".

Para Hugo Yasky, titular de la CTA oficialista, "es positivo porque apunta al sector que aún sufre las consecuencias de políticas neoliberales".

Entre los que se expresaron de forma más crítica, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández marcó las contradicciones de la Presidenta al afirmar que la jefa de Estado "dice que hay 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y mientras sostiene que hay muchos que están enojados porque hay pleno empleo en el país".

La diputada Patricia De Ferrari (UCR-Córdoba) dijo que "si bien podría ser interesante en otro contexto, hoy pareciera una promesa de mediocridad y pobreza, si no va acompañada de oportunidades de trabajo digno". En tanto, la diputada Patricia Bullrich sostuvo que el plan lanzado por la Presidenta es "casi idéntico" al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, un proyecto lanzado en 2008 que apunta a la misma franja etaria de jóvenes.

Un problema denunciado hace tiempo

• Si bien el plan anunciado anteayer por la Presidenta apuntaría a otra franja etaria, la problemática de los jóvenes "ni-ni" es denunciada desde hace años. En febrero de 2010, en el 47° Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), el entonces presidente de la Comisión de Pastoral Social monseñor Casaretto señalaba que la Argentina debe "ocuparse de los 900.000 jóvenes de todo el país que no estudian ni trabajan", según estadísticas de la Cepal y la OEI.

• En un diálogo con LA NACION, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, negó entonces que llegaran a 900.000 los chicos de 13 a 19 años que están fuera del secundario, aunque aclaró que compartía la preocupación y el diagnóstico que había hecho la Iglesia.