El oficialismo consiguió el apoyo político para aprobar el presupuesto

Con mayores concesiones al PJ, el oficialismo se alzó ayer con el dictamen del proyecto de presupuesto 2019 , una prioridad para el Gobierno en las vísperas de la firma del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa se debatirá hoy en la Cámara de Diputados en una sesión especial que, se estima, se extenderá por al menos 15 horas.

Los respaldos y las críticas que cosechó el dictamen, que se suscribió ayer tras una largo debate en la Comisión de Presupuesto, anticipan cómo será la votación final en el recinto. En efecto, el dictamen obtuvo 28 firmas en total, de las cuales 23 pertenecen al oficialismo; a ellas se sumaron las de los diputados del interbloque Argentina Federal Juan José Bahillo (Entre Ríos), Jorge Franco (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba), Elda Pértile (Chaco, con disidencias) y Norma Abdala de Matarazzo, del Frente Cívico por Santiago.

Ergo, el oficialismo tendrá el apoyo de aquellos diputados que responden a los gobernadores del PJ firmantes de la adenda al consenso fiscal con la Casa Rosada. Dicha adenda -que se votará junto con el proyecto de presupuesto- autoriza la suba temporaria de una serie de impuestos (sellos, cheque, Bienes Personales, Ganancias) que permitirán a la Nación y a las provincias contar con un colchón de recursos para afrontar el ajuste del gasto en distintas áreas y alcanzar el objetivo del déficit primario cero, objetivo clave del Gobierno en sus negociaciones con el FMI.

"Una veintena de diputados del interbloque Argentina Federal va a votar a favor. El resto está en duda; podrían abstenerse o bien ausentarse a la hora de votar. Pero el número para la aprobación estaría", anticipó un encumbrado diputado de esa bancada.

En cambio, el Frente para la Victoria y los partidos de izquierda anticiparon su rechazo; también lo hizo el bloque del Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, aunque estaría dispuesto a contribuir al quorum en el recinto.

Los detractores del proyecto cuestionaron no solo las previsiones macroeconómicas para el año próximo, acusando al Gobierno de impulsar un "presupuesto de ajuste" en sintonía con las exigencias del FMI, sino también el apuro del oficialismo por aprobarlo.

"Este es un presupuesto escandaloso e invotable", asestó el diputado y exministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof, para quien la iniciativa "significa una profundización de todas las políticas que el propio Gobierno admite que han fracasado".

Desde el flamante interbloque Red por Argentina, el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) reclamó a los diputados que rechacen el proyecto, "un presupuesto de hambre", enfatizó tras intentar en vano de que se incorpore en la iniciativa una cláusula que declare la emergencia alimentaria en todo el territorio nacional.

El punto neurálgico del proyecto del oficialismo apunta, justamente, a alcanzar el déficit cero en 2019 y, con ese objetivo, impone fuertes ajustes del gasto en distintas áreas de la administración pública, salvo en los planes sociales. La iniciativa contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar de $40,10 en promedio a diciembre próximo y una caída del producto bruto interno (PBI) del 0,5%.

Entre las modificaciones de última hora que concedió el oficialismo figuran la creación del Fondo Compensador del Transporte, de $6500 millones, un reclamo de numerosos municipios del interior que temen que la eliminación de los subsidios por parte de la Nación, que comenzará a regir en 2019, provoque picos de suba en las tarifas.

Según explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Cambiemos), este fondo compensador servirá para financiar esta "etapa de transición" y buena parte de esos recursos ($5000 millones) se distribuirá de manera automática entre las provincias. Los restantes $1500 se distribuirán en función de los desequilibrios puntuales que se generen en algunos municipios.

En otro orden, el oficialismo anunció que eliminó del proyecto el artículo 53, que flexibilizaba los requisitos para poder reestructurar la deuda, un reclamo generalizado de la oposición. Por otra parte, y a pedido de los productores vitivinícolas, se incorporó en el dictamen un artículo para modificar la ley de impuestos internos y eliminar ese tributo que tienen las bebidas alcohólicas espumantes.

Otro cambio sustancial fue mantener en 30% la retención a la soja, en lugar del 33% que proponía el proyecto original. También se decidió dar marcha atrás en la propuesta de aplicar el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales dedicadas a actividades financieras y de seguros; en su lugar se aplicará una "contribución especial al patrimonio", de la cual quedarían exentas 1200 de las más de 1400 mutuales y cooperativas.