El oficialismo dio marcha atrás y aceptó cambios en el Código Procesal Penal

El proyecto de nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) obtuvo ayer dictamen de dos comisiones del Senado con importantes modificaciones, como un fuerte recorte de poderes a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la aclaración de que sus disposiciones sólo regirán para las causas que se sustancien una vez puesto en vigor.

El dictamen mantiene la posibilidad de expulsar a los extranjeros sorprendidos cometiendo un delito, aunque con una fórmula más morigerada. Como contrapartida, se eliminó el cuestionado concepto de "conmoción social" del delito como vara para justificar la prisión preventiva, uno de los puntos destacados por Cristina Kirchner cuando anunció el envío de la iniciativa al Congreso.

Pero también se incorporaron nuevas causales que facilitarán la privación de la libertad sin condena, ya que se establecieron como causales de peligro de fuga la "constatación de detenciones previas" y la "posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos". Si bien existen en el actual CPPN, ambas fórmulas no estaban en el proyecto del Gobierno.

La expulsión de extranjeros se mantiene, pero para poder hacerla tendrá que darse la conjunción de flagrancia y que el delito tenga una pena mínima de tres años. El texto original establecía que podía ser una u otra condición.

Los cambios, más de 40 sobre un código de 349 artículos, fueron resueltos por el bloque kirchnerista del Senado en consulta con el Ministerio de Justicia, luego de seis jornadas de audiencias de la que participaron más de 30 jueces, camaristas y especialistas en derecho procesal. La intención del oficialismo es aprobar el proyecto el miércoles próximo.

A pesar de la variedad de cambios introducidos por el oficialismo y de que muchos fueron elogiados por la oposición, la UCR, el FAP y el peronismo disidente anunciaron que presentarán dictámenes alternativos, ante la negativa del oficialismo a extender el debate una semana.

"Si bien hubo debate, se trata de un nuevo texto que para nosotros demanda mucha más discusión", reclamó el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy). Su postura fue secundada por el socialista Rubén Giustiniani (FP-Santa Fe), quien destacó que el proyecto fue anunciado hace "apenas 30 días" por la Presidenta. "Nos parece que para poder tomar una posición política y analizar las modificaciones planteadas por ustedes tendría que firmarse el dictamen la semana que viene", dijo.

El pedido fue rechazado por el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto. "No quiero ser descortés, pero hemos llegado al final de un debate de siete meses, porque esto empezó a discutirse en abril, sobre la base de proyectos de los senadores", explicó Pichetto, quien destacó la cantidad de modificaciones introducidas al texto y que su bancada ya había anunciado su intención de tratarlo la semana próxima.

Morales también se quejó por la negativa del oficialismo a permitir la presencia de Gils Carbó ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. En ese sentido, el radical aseguró que "la procuradora tendría que haber estado" en el debate, tras lo cual cuestionó al oficialismo por negarse a convocar a la funcionaria aduciendo una decisión política. "Eso habla mal de ella", apostilló.

Esto provocó la respuesta de Pedro Guastavino (FpV-Entre Ríos), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien justificó la postura de su bancada. "No estábamos dispuestos a convertir este espacio (por el debate del código) en una suerte de interpelación a la procuradora y juzgar su desempeño", explicó.

No obstante, el kirchnerismo tomó nota de la importante cantidad de intervenciones de especialistas que alertaron sobre las amplias facultades que se le otorgaban a la funcionaria, en particular la de asignar y reasignar causas a los fiscales a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.

El texto que llegará al recinto elimina esa discrecionalidad y establece que la procuradora podrá "compensar la distribución de causas existentes mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa". El mismo criterio se aplicará a las nuevas causas.

Esto no conformó a la oposición. La peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis) pidió postergar la aprobación del anexo que crea más de mil nuevos puestos en la Procuración hasta que el Congreso apruebe la ley de implementación del nuevo código, que deberá discutirse el año próximo. "Estamos generando una nueva agencia de empleo", denunció la senadora.