El oficialismo frustró a la oposición, pero no ganó la partida

Laura Serra
Laura Serra LA NACION
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25 de abril de 2018  • 14:17

Recién esta mañana, cuando Mario Negri avizoró que la oposición obtendría quórum en la sesión especial convocada para pocas horas después en la Cámara de Diputados, tomó la decisión. El presidente del cuerpo, Emilio Monzó, y Nicolás Massot, jefe de los diputados de Pro, la compartieron. "Hay que bajar a dar quórum", fue la orden que sorprendió a toda la tropa oficialista. Y así fue: Negri sentó a los suyos en las bancas y le frustró a la oposición la demostración de fuerza que pretendía ejercer en el recinto.

El oficialismo ganó oxígeno, pero de ninguna manera ganó la partida final. Muy por el contrario: una vez que obtenga el dictamen (la semana próxima) la oposición tendrá mayoría en la Cámara de Diputados para votar un proyecto alternativo al que propone el Gobierno. A su turno, el Senado también lo aprobará: el jefe del bloque del PJ no kirchnerista, Miguel Pichetto, replicó en la Cámara alta la misma iniciativa opositora de Diputados. Ergo, en el final del camino se avizora el veto del Poder Ejecutivo. Un costo político de consecuencias impredecibles para el gobierno de Mauricio Macri.

El Presidente, con su iniciativa, pretende que sean las provincias y los municipios los que afronten la responsabilidad de amortiguar el impacto que el alza de las tarifas tiene en el bolsillo de los contribuyentes. En su proyecto de ley (que se presentará en el Senado) obliga a los gobernadores e intendentes a que eliminen todos los impuestos que pesan sobre la tarifa neta del servicio público. Sólo mantiene el IVA (impuesto nacional que implica una carga del 21% sobre la tarifa) e ingresos brutos "cuando correspondiere".

Ni siquiera el oficialismo parlamentario está convencido de la constitucionalidad de este proyecto: la Nación no puede legislar sobre una potestad exclusiva de las provincias, que es la de definir su esquema de ingresos. "Además, desfinancia de un plumazo a un montón de municipios", se quejaba ayer un radical.

Los gobernadores, ofuscados, le respondieron al Presidente por medio de sus legisladores en la Cámara de Diputados, que se sentaron en masa en sus bancas para criticar al Gobierno e impulsar su proyecto alternativo. Esta iniciativa tiene tres ejes clave: el primero, que las alzas tarifarias no pueden superar el coeficiente de variación salarial, y las retrotrae a noviembre de 2017. Dos, reducir del 21 al 10,5% el IVA sobre las tarifas durante un año para los contribuyentes residenciales. Tres, eliminar por ese lapso la alícuota especial del 27,5% del IVA que deben pagar las PyME por los servicios públicos.

"La oposición va a tener que explicar cómo piensa financiar el costo fiscal de este proyecto, qué impuesto van a aumentar, si van a autorizar al Ejecutivo a tomar más deuda, si van a recortar más gasto", desafió el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina.

"Está bien que el Gobierno se preocupe por el costo fiscal –respondió Pablo Kosiner, de Argentina Federal-. El problema es que pretende que sean las provincias las que carguen con todo el problema".

El debate sobre las tarifas reflota, así, la vieja e histórica puja entre unitarios y federales, la de una Buenos Aires subsidiada con los impuestos que pagan los contribuyentes de todo el país versus el interior, que hace rato que se queja por los altos costos tarifarios. Esta pulseada, que no pudo resolverse en 200 años de historia, se agudizará aún más si el Gobierno no toma dimensión del problema.

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