El oficialismo negocia cargos judiciales en el interior por los votos para aprobar la reforma judicial

En busca de asegurarse los votos que le permitan sancionar el proyecto cuando pase a la Cámara de Diputados, donde el panorama se presenta complicado, el kirchnerismo convirtió la discusión de la reforma judicial en el Senado en un "plan canje" de cargos judiciales para los gobernadores peronistas a cambio del apoyo a la licuación del poder de los doce apóstoles de Comodoro Py.

Mientras diagrama el reparto de juzgados, secretarías, fiscalías y defensorías con sus socios políticos del interior, el oficialismo tiene previsto pisar el acelerador a fondo.

El debate sobre la reforma del fuero penal federal continuará mañana en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el que expondrán, por videoconferencia, más de una decena de invitados. Pero serán los últimos antes de firmar despacho.

Como la ofensiva judicial del kirchnerismo no descansa, una vez agotada la discusión la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto avanzar con el tratamiento de una serie de proyectos que se sumarán a la embestida contra el procurador general interino Eduardo Casal. Las iniciativas buscan modificar la integración del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público.

También se discutirá una resolución en rechazo de la precautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti, desobedecida por el Senado, que ordenaba a la Cámara abstenerse de iniciar el trámite legislativo de la revisión de los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Irónicamente, la base del festival de reparto cargos judiciales en el interior del país es el proyecto elaborado en 2018 por el senador Humberto Schiavoni (Pro-Misiones), que disponía la creación de 94 juzgados federales en diferentes provincias.

La inclusión de aquella iniciativa como parte del proyecto (es el título tercero) fue destacada por el presidente Alberto Fernández como una muestra de la amplitud de la reforma judicial propuesta por su administración.

Sin embargo, la negociación en el Senado dejó en claro la razón por la cual el Gobierno adoptó una propuesta presentada por un legislador de la oposición: el desguace y la reformulación a que los senadores peronistas están sometiendo la iniciativa, para acomodarla a los intereses de sus provincias, se han convertido en pieza clave de la estrategia legislativa para sancionar la reforma.

Si bien el proyecto tiene los votos asegurados en el Senado, donde el Frente de Todos tiene amplia mayoría, el escenario se presenta complicado en Diputados. A tratar de conseguir los votos díscolos de la cámara joven, como los de los legisladores cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, apunta este reparto de cargos judiciales cuyo costo solventará el presupuesto nacional.

Más cambios

Las modificaciones al proyecto oficial no se quedarán solo en el trapicheo de los juzgados del interior.

Entres las propuestas de modificaciones recibidas por la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), y que podrían ser tenidas en cuenta, están los cuestionamientos planteados por el CELS en una de las audiencias celebradas en el Senado respecto de la fusión del fuero civil y comercial con el contencioso administrativo en territorio porteño.

Pero las fuertes críticas recibidas por el proyecto calaron hondo en el oficialismo, más allá de la necesidad de repartir cargos para asegurarse votos. Así, el Frente de Todos analiza, en contacto con la Casa Rosada, modificar los regímenes de subrogancias y el sistema de concursos para los nuevos jueces, que fueron severamente cuestionados por varios de los 34 especialistas que expusieron ante las comisiones desde que hace dos semanas, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, comenzó a debatirse la reforma judicial en el Senado.

Además, y en sintonía con la queja de especialistas y funcionarios judiciales, se crearán más fiscalías y defensorías públicas en la jurisdicción federal porteña para diluir las críticas que acusan al proyecto de ir a contramano del sistema acusatorio dispuesto en el Código Procesal Penal Federal. Eso sí, la creación de 23 nuevos juzgados federales para licuar el poder de los jueces de Comodoro Py, auténtico corazón de la reforma, no sufrirá ninguna modificación.