El oficialismo se aprestaba a dar media sanción al nuevo Código

El kirchnerismo se aprestaba a aprobar esta madrugada el proyecto de ley que unifica los códigos Civil y Comercial con el único apoyo de un puñado de bloques aliados y el rechazo de la gran mayoría del arco opositor. Según anticipó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el debate de la iniciativa sólo será retomado por la Cámara de Diputados a partir del año próximo.

Al cierre de esta edición, los principales bloques de la oposición no descartaban la posibilidad de dar un golpe de efecto y abandonar el recinto antes de la votación en general si el oficialismo decidía aprobar el proyecto en una sola votación y no abrir la discusión artículo por artículo.

La oposición en pleno cuestionó el apuro del oficialismo por avanzar con la sanción del futuro nuevo código sin buscar un texto de mayor consenso, sobre todo cuando se discute un marco normativo que regulará amplios sectores de la vida cotidiana, que van desde la definición del inicio de la vida hasta las formas de cancelar deudas, pasando por los contratos matrimoniales.

Muchas de las quejas apuntaron, además, a la decisión del Poder Ejecutivo de excluir del código la regulación de la responsabilidad del Estado y avanzar con un proyecto por separado, cuya aprobación el kirchnerismo apuraba anoche en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) aseguró que con los cambios introducidos por el oficialismo al texto elaborado por la comisión redactora de juristas, nunca explicadas por el Poder Ejecutivo, "se están abriendo las puertas a la judicialización" del futuro código.

El oficialismo cerró filas en defender la exclusión de la responsabilidad del Estado del futuro nuevo código en la necesidad de respetar la autonomía de las provincias para dictar sus normas en esa materia. "No se puede, a través de una legislación como el Código Civil legislar una cuestión ajena e imponer a los Estados provinciales ese tipo de legislación", afirmó Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del kirchnerismo.

Por su parte, Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista, rechazó las acusaciones sobre la supuesta falta de consenso del proyecto, al recordar que se discutió durante un año en diferentes puntos del interior del país y que se le realizaron 180 modificaciones por pedido de diferentes sectores sociales y políticos.

Sanz también corrió por izquierda al oficialismo, al asegurar que "han otorgado concesiones a sectores que el oficialismo ha venido sistemáticamente condenando". Fue una clara alusión a la Iglesia y a los cambios que establecieron el inicio de la vida a partir de la concepción, lo cual podría dejar en una zona legal gris las técnicas de fertilización asistida.

En el mismo sentido criticó el proyecto la salteña Sonia Escudero (PJ), quien adjudicó a "razones poco claras" la eliminación de la mención a la función social de la propiedad, derecho reconocido en la Constitución peronista de 1949 y reconocido por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) centró sus críticas en el hecho de que el código no reconozca el derecho del acceso al agua. "Estamos perdiendo una oportunidad histórica", se quejó. Sobre el mismo punto, el radical Luis Naidenoff (Formosa) acusó al oficialismo de "facetar a los sectores más vulnerables", y comparó esa omisión con la eliminación del reconocimiento de la acción colectiva de clase de la legislación que impulsa el kirchnerismo, una cuestión que perjudicará a sectores como los jubilados, que vienen reclamando por el reajuste de sus haberes.

El correntino Eugenio Artaza (UCR) lamentó que el código no contemple la función social de la vivienda. "Es increíble que estemos regulando los barrios y los cementerios privados, pero no sobre la función social de la vivienda", se quejó.

Por su parte, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá retomó las quejas por la decisión del oficialismo de acelerar el debate parlamentario de la unificación de los códigos, después de haber mantenido el tema congelado durante más de un año. "Qué apuro hay y por qué tenemos que tratar esto con forceps", afirmó el senador opositor, quien acusó al kirchnerismo de querer aprobar el código "a libro cerrado, casi en las tinieblas".

En ese sentido, Rodríguez Saá denunció la existencia de "un toma y daca" entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, luego de recordar que el debate legislativo del proyecto quedó congelado tras el fracaso del 7-D (día en el que el kirchnerismo quería aplicarle la ley de medios al Grupo Clarín), y que volvió a ser reactivado tras el fallo de la Corte que declaró constitucional los artículos de esa norma que se encontraban cuestionados.

Un proyecto polémico

• Aplicación
  
  El proyecto que unifica los códigos Civil y Comercial tiene 2671 artículos y entraría en vigencia, si es sancionado por el Parlamento, desde el 1° de enero de 2016
• La concepción
  
  El oficialismo limitó el inicio de la vida al momento de la concepción, excluyendo así a los embriones utilizados en técnicas de fertilización asistida, las que deberán ser reguladas por una ley específica
• Adopciones
  
  Se modifica el estatuto de la adopción, permitiendo hacerlo en el exterior y el acceso al derecho de personas solas o que vivan en una figura creada por el proyecto denominado unión convivencial
• Matrimonio
  
  Mantiene el matrimonio entre personas, sean de distinto sexo o no, y habilita a los cónyuges a realizar una separación de bienes previa a la concreción de la unión. Se mantienen la protección de los alimentos y de la vivienda
• Deuda y compensación
  
  El proyecto regula sobre la obligación de dar dinero ante el reclamo de una deuda. Sin embargo, si la operación se acordó en moneda extranjera, ésta podrá ser compensada con el equivalente de dar cantidades de cosas y cancelarse con la moneda de curso legal