El oficialismo y sus aliados se aprestaban a convertir en ley la reforma de la ex SIDE

Eran las 21.30. Ante la perspectiva de una discusión que se prolongaría hasta bien entrada la madrugada, el diputado radical Ricardo Buryaile pidió hacer un cuarto intermedio y retomar la sesión hoy. La respuesta del oficialismo fue fulminante. "A lo mejor prefieren estar en los sets de TN que acá debatiendo. Corran, que Magnetto los va a retar", lo chicaneó Diana Conti, mientras algunos opositores dejaban sus bancas para tomarse un descanso fuera del recinto.

En ese clima tenso, la Cámara de Diputados se aprestaba en la madrugada de hoy a convertir en ley la reforma del sistema de inteligencia, diseñada por el Gobierno en medio de la crisis por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Miembro informante del oficialismo, Conti enseguida agregó que iba a defender el proyecto "con los tapones de punta". La diputada kirchnerista había usado esa misma metáfora en los días previos a la reunión de comisión de Diputados en la que Nisman iba a informar sobre su denuncia contra la Presidenta.

Como para mantener bien alta la temperatura del debate, enseguida tomó la palabra Elisa Carrió. En una andanada de acusaciones, la diputada denunció vínculos entre bandas de narcotraficantes, funcionarios del Gobierno y el ex hombre poderoso de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) Antonio "Jaime" Stiuso, desplazado en diciembre. Además, acusó a Sergio Massa y al radicalismo de mantener relaciones con sectores de la SI.

Las denuncias y acusaciones cruzadas no modificaron el rumbo del debate, definido de antemano. La iniciativa se encaminaba a ser aprobada con los votos del oficialismo y sus aliados. La defendieron como una propuesta que cambia el concepto en materia de inteligencia, al acotar la autonomía de los agentes y transparentar parte de los fondos. "La inteligencia va a quedar subordinada al poder político y al Poder Judicial", argumentó Conti.

Toda la oposición rechazó la propuesta. Criticaron el tratamiento exprés del proyecto y sostuvieron que se trata de una reforma "cosmética" que no modifica cuestiones de fondo. "Si quieren transparentar eliminemos la SIDE, pero no le demos más poder a Milani", replicó Carrió. La diputada, en línea con toda la oposición, acusa al jefe del Ejército de manejar un aparato de espionaje ilegal.

La iniciativa propone disolver la SI y reemplazarla por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es que todo el personal de la Secretaría de Inteligencia pasará a la AFI. En el oficialismo respondieron que hasta la puesta en marcha del nuevo organismo, en un plazo de 120 días, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, estará habilitado para jubilar a los agentes con suficientes años de aportes. Es decir, a todos los que trabajen en la SI desde la dictadura.

Otra de los cambios que generó discusiones fue el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia dedicada a las escuchas telefónicas, al ámbito de la Procuración General de la Nación, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó. Para el oficialismo esto significa una autolimitación, dado que se delega a otro poder una facultad que hasta ahora era privativa del Gobierno. La oposición sostiene que se trata de un "farsa", porque, argumentan, Gils Carbó responde al kirchnerismo.

Menos discutida resulta la decisión de acotar las facultades investigativas de los agentes de inteligencia. Hasta ahora podían intervenir en investigaciones criminales a pedido de un juez o de un fiscal. Eso favorecía, según lo definió el CELS, una "relación promiscua" entre agentes de inteligencia, jueces y fiscales. Un buen ejemplo de eso era el vínculo entre Nisman y "Jaime" Stiuso, el ex hombre fuerte de la SI, hoy enfrentado con el Gobierno. Según la nueva ley, los agentes sólo podrán intervenir en investigaciones criminales "ante requerimiento específico y fundado", realizado por un juez "en una causa concreta".

El proyecto también contempla cambios para transparentar una parte de los gastos de inteligencia. Serán públicos todos los fondos, salvo aquellos destinados a tareas específicas de inteligencia. El control seguirá a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, un cuerpo que se reunió sólo dos veces en todo 2014. El proyecto dice que "se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control" de los fondos. Sigue vigente, de todos modos, el decreto 950/2002, reglamentario de la ley 25.520, que indica que el Poder Ejecutivo decide qué información reservada le entrega a la comisión y cuál no.