El caso de la venta ilegal de armas. El PJ no avanzará con el juicio político

5 de septiembre de 1998

LA NACION

Por ahora, el ministro de Trabajo, Antonio Erman González, podrá respirar tranquilo. Los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político no avanzarán en lo inmediato en el proceso de enjuiciamiento solicitado en su contra por el juez federal Jorge Urso, quien pretende indagarlo sobre la venta ilegal de armas a Croacia.

La estrategia aduce diversas motivaciones. Fuentes confiables de la cúpula del bloque del PJ deslizan que, por el momento, se colocará bajo un paraguas de protección al ministro, de estrecha llegada al despacho del presidente Carlos Menem, con quien lo une una amistad de siempre.

Por otra parte, y desde un punto de vista más formal, argumentan que se requerirá mucho tiempo hasta completar el análisis de los 37 expedientes y los 130 anexos de documentación agregada que componen la investigación que lleva adelante el juez Urso.

En el ínterin, el PJ seguirá de cerca los pasos de González, quien estaría a punto de presentarse espontáneamente ante la Justicia. Sólo si se suma un cúmulo de pruebas en su contra y su situación se hiciera insostenible, podría revisar su postura. "Como sucedió en el caso del ex ministro de Defensa Oscar Camilión", sugirió un encumbrado diputado del PJ.

Los legisladores oficialistas, que dominan con su mayoría la Comisión de Juicio Político, parecen no incomodarse ante la decisión de la Alianza, anunciada el miércoles último, de no asistir a las reuniones de ese cuerpo hasta que no se garanticen allí las "mínimas condiciones de transparencia".

Los miembros aliancistas acusaron al PJ de cometer serias irregularidades reglamentarias con el propósito de blanquear a los jueces considerados afines al Gobierno.

Temen, en este sentido, que el pedido de juicio político del ministro González vaya por igual camino.

"La comisión se ha convertido en un virtual campo minado", graficó su vicepresidente, Melchor Cruchaga (UCR-Buenos Aires), quien se apresuró a aclarar que una eventual declaración espontánea de González ante Urso no debe paralizar el trámite de enjuiciamiento en la Cámara baja.

El magistrado considera que el funcionario, quien se desempeñó como ministro de Defensa cuando se llevó a cabo la presunta venta ilegal de armas, es sospechoso en la maniobra, y así lo hizo saber en su pedido de enjuiciamiento.

Próximos pasos

La Comisión de Juicio Político, presidida por César Arias (PJ-Buenos Aires), podrá adoptar dos decisiones:

Disponer el rechazo in límine (sin debate previo) de la solicitud de enjuiciamiento de Urso, lo que seguramente desencadenará fuertes reacciones de rechazo en la oposición.

Este controvertido procedimiento fue el que utilizó el PJ para concluir la investigación contra cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia considerados afines al Gobierno. La semana próxima, y por esta misma metodología, podría ser rechazado también a instancias del oficialismo el pedido de juicio político contra el juez Carlos Liporaci (sobre quien también se informa en la página 9).

El otro camino es el de analizar uno por uno los expedientes remitidos por Urso y, luego, decidir si corresponde o no la apertura del enjuiciamiento. En caso positivo, el proceso podría finalizar en la destitución del funcionario, resolución que recae en manos del Senado.

En los dos casos, la decisión política pasará por el oficialismo, que domina el cuerpo. De todas formas, debe considerarse que entre los miembros del PJ se cuentan dos duhaldistas, los bonaerenses Dámaso Larraburu y Norma Godoy, ambos críticos de las decisiones que adopta el menemismo, mayoría en la comisión.

De hecho, ambos legisladores aún no firmaron el rechazo in límine del pedido de juicio político contra la jueza María Luisa Riva Aramayo, impulsado por el resto de sus pares del PJ. La magistrada había convalidado, en su fallo, la posibilidad de otra reelección de Menem.

Laura Serra

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