El proyecto oficial que regula los piquetes, lejos del acuerdo

La discusión para la sanción de una ley de regulación de la protesta social, un pedido que la presidenta Cristina Kirchner le hizo al Congreso en la última Asamblea Legislativa, quedó esta semana en punto muerto en la Cámara de Diputados.

Los intentos del oficialismo para elaborar una propuesta de consenso chocaron de frente con las diferencias que el tema genera en los distintos bloques de la oposición y, sobre todo, en el propio Frente para la Victoria.

Ante esa situación, la diputada kirchnerista Diana Conti , presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e impulsora de un dictamen de consenso, delegó el proceso en el segundo de la comisión, el radical Jorge D'Agostino. Una forma elegante de dejar que el tema se muera.

El tiro de gracia a la discusión se lo dio el secretario de Seguridad, Sergio Berni : en distintas entrevistas periodísticas, calificó el martes como "una ridiculez" el borrador de dictamen redactado por el bloque del Frente para la Victoria y reclamó a los diputados no sacar "leyes que le joden la vida a la gente".

Ese mismo día, a la tarde, el debate se había trabado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Conti puso a consideración de los distintos bloques un borrador de dictamen elaborado sobre la base de todos los proyectos presentados sobre el tema en la Cámara baja.

La propuesta

La iniciativa garantizaba el derecho a la "protesta pacífica", indicaba que en todo corte de ruta o calle debe dejarse medio camino libre para permitir la circulación vehicular y creaba una comisión de mediación en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Además, establecía que las fuerzas de seguridad sólo podían recurrir al uso de la fuerza como último recurso y previa orden de un juez, y declaraba la amnistía de todos los imputados por haber participado en protestas.

La propuesta generó críticas por derecha y por izquierda. El diputado Pablo Tonelli (Pro) rechazó la declaración de amnistía. "La redacción de este artículo es tan vaga que permitiría beneficiar con la amnistía a individuos que cometen delitos en cualquier protesta callejera", alertó.

Su compañero de bloque Federico Sturzenegger sostuvo que era innecesario crear una comisión ad hoc para mediar en las protestas, dado que, afirmó, es una tarea que pueden llevar adelante las instituciones ya existentes.

En el interbloque del Frente de Izquierda la voz cantante la llevó Nicolás del Caño. El diputado criticó que el proyecto garantizara sólo las "protestas pacíficas".

"¿Quién va a determinar qué es una protesta pacífica? ¿Berni?", preguntó, y acusó al funcionario por la represión de los piquetes de los trabajadores de Emfer y Lear, llevada a cabo por la Gendarmería, el mes pasado.

Coincidió con Del Caño el kirchnerista Leonardo Grosso, uno de los más duros críticos del secretario de Seguridad.

El diputado propuso, además, que la comisión de mediación estuviera en la órbita del Congreso.

Eso mismo piensa Claudio Lozano (Unidad Popular), quien además rechaza la amnistía dado que, a su juicio, sería un reconocimiento de la culpabilidad de los imputados. Él prefiere que se hable de "desprocesamiento".

Tampoco en la UCR y en la Coalición Cívica apoyaron el borrador de dictamen. Elisa Carrió sostuvo que lo mejor sería crear un cuerpo de mediadores en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Un sector del radicalismo, que en la comisión encarnó el tucumano José Cano, tampoco respaldaría una declaración de amnistía, pese a que Ricardo Alfonsín, también de la UCR, es uno de los firmantes de la propuesta.

En definitiva, lo que quedó claro en el debate de comisión es que el acuerdo para un proyecto de consenso está tan lejos como antes de que empezara la discusión.