El riesgo de debilitar la figura presidencial

Ni la reforma en el régimen de las ART ni la eliminación de feriados son cuestionables. Un cambio en el sistema de riesgo de trabajo, que desde ya debe existir eficientemente, era imprescindible para bajar los innecesarios costos laborales. El kirchnerismo había hecho, por otro lado, un festival de feriados que no se justificaban, mucho menos en un país con una seria crisis de productividad.

Otra lectura debe hacerse, sin embargo, de la forma que eligió Mauricio Macri para dictar esas resoluciones. Fueron decretos de necesidad y urgencia. Éste es un recurso constitucional, pero al que el Presidente debe recurrir sólo cuando existen acuerdos preestablecidos con sectores de la oposición. Su fragilidad parlamentaria es tan grande que se hace casi imposible la aprobación textual de esos decretos. De hecho, ningún proyecto de ley enviado por Macri al Congreso fue aprobado sin algunas (o varias) modificaciones negociadas con la oposición.

El decreto de necesidad y urgencia debe ser sometido a la evaluación previa de una comisión bicameral (integrada según la relación de fuerzas partidarias en el Congreso) y luego tratado por las dos cámaras del Congreso. El jefe de Gabinete tiene un plazo de diez días para llevar tales decretos al Congreso y la comisión bicameral tiene un plazo idéntico para expedirse. Los plenarios de las dos cámaras deben tratarlos luego. Esos decretos tienen un problema adicional: no pueden ser modificados por el Congreso. O los aprueba o los rechaza.

La integración de la comisión bicameral, proporcional a la del Congreso, deja al macrismo en franca minoría. ¿Para qué, entonces, jugó el Presidente una carta riesgosamente perdedora? Es cierto que en el caso de las ART ya hay un proyecto de ley, muy parecido al decreto de Macri, con media sanción del Senado. Pero esa constatación sólo señala que el trámite natural hubiera sido más corto si pedía un tratamiento urgente en la Cámara de Diputados, cuando se reanuden las sesiones ordinarias dentro de poco más de un mes.

No es la primera vez, de todos modos, que el Gobierno decide dar un salto al vacío en el Congreso. Sucedió hace poco con el proyecto de ley sobre el impuesto a las ganancias. Macri pidió que fuera aprobado sin modificaciones, pero la realidad lo obligó a negociar un texto con varios cambios en la redacción original. Ocurrió otro tanto cuando el Presidente designó (y no propuso al Senado) a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Al final, debió esperar el acuerdo del Senado para que los magistrados designados pudieran asumir.

Durante y después de sus vacaciones, Macri dio por iniciado el año electoral con fuertes gestos de autoridad, como el relevo de dos funcionarios importantes del área económica. Pero una cosa es disciplinar su administración y otra, muy distinta, es imponerle decisiones a un Congreso que no controla. El riesgo es que el rechazo parlamentario, o la obligación de redactar proyectos de leyes para reemplazar los decretos de necesidad y urgencia, termine por debilitar la figura presidencial.

La cuestión de fondo es menos polémica. El problema real del mundo del trabajo en la Argentina es que hay poca oferta de trabajo en blanco en el sector privado. Los costos laborales son muy altos y eso produce una situación en la que, tanto empleados como empleadores, prefieren el trabajo en negro. Cerca del 40% de los trabajadores argentinos están en esa situación irregular. Los inversores productivos importantes, sean nacionales o extranjeros, no se someterán a semejante ilegalidad.

Una parte de los costos laborales es el exceso de aportes al seguro de accidentes de trabajo. Los empresarios deben, claro está, preservar la integridad física de sus trabajadores en cada lugar de trabajo. Es fácilmente constatable, sin embargo, que existe una "industria del juicio". La forman jueces del fuero laboral con fuertes lazos con los sindicatos (casi por principio, ningún juicio laboral se pierde en la Argentina) y por los abogados laboralistas.

El mejor ejemplo es el estudio jurídico de la familia Recalde, cuyo patriarca, Héctor Recalde, es también presidente del bloque de diputados nacionales del kirchnerismo. Los Recalde han estado históricamente vinculados a los gremios. Héctor Recalde fue el abogado predilecto de Hugo Moyano hasta que lo traicionó en brazos de los Kirchner. Es lógico por ello que hasta el Colegio Público de Abogados se haya escandalizado por el decreto de Macri; muchos de sus afiliados perderían importantes ingresos. También la justicia laboral es opositora al decreto de Macri. La colusión entre jueces laborales y abogados laboralistas está a la vista.

El decreto de necesidad y urgencia de Macri no elimina los juicios, pero crea una instancia administrativa previa que tendrá una junta médica. La incorporación de los médicos es importante porque le quita al trámite cierta dosis de arbitrariedad que irremediablemente terminaba en juicios. Al mismo tiempo, el decreto aumenta las asignaciones para los que realmente merecen ser asistidos por accidentes de trabajo. Por eso, un sector importante de los sindicatos no está en desacuerdo con el decreto de Macri, como tampoco lo está, en la cuestión de fondo, una parte de la oposición. El problema, otra vez, está en las formas más que en el fondo.

La Argentina de los Kirchner había llegado a los 18 días feriados al año. Muy pocos países en el mundo tienen esa cantidad anual de jornadas no laborales. Se explica menos en un país cuya economía no crece (o está en recesión) desde 2012. El decreto de Macri bajó la cifra a 15 días. México, para citar un ejemplo latinoamericano, tiene sólo siete días no laborales al año. El eufemismo con que se los respaldó en tiempos kirchneristas fue que eran necesarios para incentivar el turismo. Es decir, para no trabajar. Nunca se estableció, en verdad, cuánto de beneficio y de perjuicio había en semejante cantidad de feriados. Así como trabajaban más los lugares turísticos, es cierto también que resultaban afectados los comercios de los centros urbanos y la industria en general.

Párrafo aparte merece el cambio de día para el feriado del 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976. Tal como está el almanaque de este año y de los próximos dos, el cambio de día resulta absolutamente inútil. El Gobierno decidió conservar el feriado de ese día, instaurado como no laboral e inamovible por el gobierno de Néstor Kirchner en 2006. Varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron en su momento esa decisión porque consideraron que le daba a la fecha un carácter festivo. No fue ésa la intención, desde ya.

El 24 de marzo de este año será un viernes. ¿Para qué cambiarlo al lunes si lo mismo hubiera significado un feriado largo? Los próximos dos años caerá un sábado y un domingo sucesivamente. El primer problema lo tendrá el gobierno que esté en el año 2020, cuando caerá un martes. La modificación de día carece de sentido político porque hiere la sensibilidad de sectores sociales y somete al Presidente a una polémica inservible.