El uso de una herramienta de presión

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11 de diciembre de 2009  

En los últimos años se han multiplicado las denuncias sobre la utilización abusiva de la publicidad oficial. Millonarios fondos públicos -aproximadamente 400 millones durante 2008, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional- han sido utilizados discrecionalmente y con escasa transparencia. Su irregular manejo ha dado lugar a distintas denuncias judiciales, que involucran al máximo encargado del reparto de la pauta.

Pero además, según detectó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en sus investigaciones, la distribución de publicidad estatal -a cargo en amplia medida de la Secretaría de Medios de la Nación, que canaliza gran parte del gasto del Poder Ejecutivo- ha servido en ocasiones para beneficiar o castigar a medios de comunicación y periodistas de acuerdo con su línea editorial o afinidad personal con el Gobierno.

Se trata de una práctica que viola la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos y que constituye un patrón recurrente también a nivel provincial y municipal, donde el juego de presiones a través de la pauta adquiere otras dimensiones debido a la debilidad financiera de la mayoría de los medios de comunicación y su consiguiente dependencia de fondos estatales.

El manejo arbitrario y abusivo de la publicidad oficial puede y debe limitarse con una regulación adecuada que -entre otras cuestiones- establezca criterios claros, precisos y equitativos de asignación, incorpore mecanismos exhaustivos de transparencia y de control, restrinja su utilización en época electoral y evite su uso propagandístico.

Bien utilizada, la publicidad oficial puede ser un instrumento importante en la gestión y comunicación de políticas públicas, la promoción de derechos y el impulso a la participación ciudadana. Desde la ADC hemos reclamado, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, que el Congreso sancionara una ley de publicidad oficial, algo que no fue posible hasta el momento, pese a que existen varios proyectos presentados por distintas fuerzas políticas. Una discusión amplia sobre la materia debería estar dentro de las prioridades de la nueva agenda legislativa.

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