Elevada adhesión a la huelga nacional

La falta de transporte volvió a ser clave, pero ayer se registraron más episodios de violencia que en otras medidas de fuerza
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14 de diciembre de 2001  

Elevada adhesión (con la falta de transporte como clave), más hechos de violencia que en otras oportunidades y cierta resignación oficial ante el mal humor generalizado por el impacto de las últimas medidas económicas dispuestas por el Gobierno.

Así podría sintetizarse la jornada de ayer, en que las tres centrales obreras cumplieron su séptimo paro general desde que asumió el presidente Fernando de la Rúa.

Aunque desde el Gobierno no se apartaron de la línea de considerar "inconducentes" los paros, el viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, convertido en el único vocero oficial de ayer, reconoció la existencia de "tensión social, fastidio y malestar en la gente" después de las últimas medidas económicas.

García Batallán dijo que el paro "fue importante, fundamentalmente por la falta de transportes", pero enseguida puso como ejemplo que en las provincias de San Luis, La Pampa y Santa Cruz, donde los servicios de colectivos funcionaron casi con normalidad, el acatamiento fue bajo.

Para no dejar de lado la ironía respecto de las intenciones sindicales, el funcionario subrayó: "Parece que se están poniendo al día por los paros que no hicieron durante los últimos 10 años", en alusión a la supuesta connivencia de un sector del gremialismo con el gobierno de Carlos Menem.

Así, la huelga general tuvo una muy alta adhesión (según la consideración sindical) del orden de entre el 80 y el 100 por ciento en todo el país, mientras que, según datos suministrados por la Secretaría de Trabajo, el porcentaje llegó al 59 por ciento.

Esa evaluación, sin embargo, fue considerada importante por fuentes gremiales consultadas por LA NACION, basándose en que, en ocasiones anteriores, el Gobierno dio una cifra inferior a ésta o directamente -como ocurrió durante el año de la gestión de Patricia Bullrich al frente de la cartera laboral- ni siquiera consideró que fuese relevante.

Además de los incidentes que se registraron en la jornada, que incluyeron episodios de violencia en Neuquén y en Córdoba, entre otros distritos del país (sobre lo que se informa en la página 14), García Batallán informó que hubo 15 detenidos (9 en Villa Lynch, 4 en Neuquén y 3 en Córdoba).

Como en anteriores huelgas, el motor principal de la protesta volvió a ser la ausencia total de colectivos y trenes, y la dispar presencia de taxis.

También el comercio adoptó disímiles actitudes.

Otro dato singular de la jornada fue que, a pesar de que la Asociación Bancaria adhirió a la medida, muchos bancos permanecieron abiertos y fueron atendidos por personal jerárquico.

En Tribunales, la actividad también fue nula, al igual que en todo el espectro docente.

A pesar de la confesión de García Batallán, De la Rúa había declarado temprano que "los motivos (del paro) no están claros, al parecer se vinculan con las medidas bancarias", dijo distraídamente, que establecieron un límite de 1000 pesos mensuales para la extracción de efectivo de las cuentas bancarias.

"Todos saben que éstas (medidas) fueron imprescindibles dentro de la maniobra de quienes provocaron pánico y corrida bancaria, aquel viernes, ocasionando un grave daño a la economía del país", justificó el primer mandatario.

A pesar de las declaraciones del jefe del Estado, la CGT oficial que lidera Rodolfo Daer juzgó ayer que no concurrirá a la concertación oficial si el Gobierno no deroga el decreto restrictivo de salarios.

Sin embargo, Daer no confirmó que hubiese un nuevo paro de 48 horas para la semana próxima.

También, el líder de la CGT rebelde, Hugo Moyano, se resistió a determinar cuándo hará otra protesta. "Lo tenemos que analizar", después de considerar que el paro de ayer demostró que el modelo económico "está agotado". Sin embargo, ambas centrales están lejos de unificar una futura acción de fuerza.

Lejos de esa interna, el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, prometió luchar hasta que no haya más un hogar pobre en la Argentina: es que, desde hoy y hasta el lunes, el Frente contra la Pobreza que integra la CTA iniciará una consulta popular por un seguro de empleo de 380 pesos (ver aparte).

Ferroviarios

En tanto, los maquinistas de trenes (agrupados en La Fraternidad) y los afiliados de la Unión Ferroviaria (UF) postergaron anoche la continuación del paro dispuesto anteayer con el resto de las organizaciones.

Lo hicieron provisionalmente hasta esperar una respuesta de la empresa Ferroexpreso Pampeano que había decidido concluir su concesión entre Bahía Blanca y Rosario y que debe los salarios de noviembre último.

Maturano, en diálogo con LA NACION, dijo que "peligra la continuidad laboral de 800 trabajadores y de 3000 de personal indirecto", si el concesionario deja en manos del Estado el control del ferrocarril.

La mediación del Ministerio de Trabajo posibilitó la reanudación del diálogo entre ambas partes.

Participaron del encuentro el secretario de Trabajo, Jorge Sappia; el secretario de Transporte, Ignacio Ludueña, y el director de Negociación Colectiva, Jorge Schuster, por el Gobierno, junto con José Pedraza (UF) y Omar Maturano (La Fraternidad) por los sindicalistas, y Rodolfo Glattstein, por los empresarios.

El compromiso fijado es que hoy los empresarios responderán a los reclamos sindicales.

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