Empresarios: negocios en crisis y el temor constante a perder la libertad

El empresario de la construcción acepta responder a las consultas periodísticas, pero pide que sus palabras queden en el anonimato para hablar con libertad. La concesión arroja de inmediato beneficios en términos informativos:

-¿Está involucrado en la investigación de los cuadernos? -le pregunta LA NACION.

-No, por ahora. Las empresas que nos dedicamos a la obra pública trabajamos todas para el gobierno kirchnerista. Vialidad, AySA, Energía, Recursos Hídricos fueron nuestros comitentes. Si Bonadio [Claudio , el juez] va a buscarme si hice obras... Sí. Las hice.

La investigación de los cuadernos de la corrupción K constituyó el último golpe a un sector que, en términos de actividad, ya estaba tumbado por la devaluación del peso y el ajuste del gasto público que profundizó el gobierno de Mauricio Macri para espantar los fantasmas de una vuelta al default.

Aunque nadie lo dirá en voz alta, por lo bajo los empresarios describen un escenario de tierra arrasada y sin miras de recuperación, con empresas seriamente comprometidas con los bancos, la posibilidad de un aluvión de quiebras, la destrucción de empleo, la eventualidad de ser compradas por extranjeros dispuestos a aprovechar los precios de liquidación de un sector en crisis que acepta pesos, sin proyectos importantes en el futuro y con más ejecutivos reconociendo delitos frente a la Justicia.

Los dueños de la obra pública no tienen tiempo para pensar que la investigación que señala a la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita va a conducir a un país transparente en el que trabajar les resultará más barato porque posiblemente haya menos apetito de funcionarios públicos por pedir dinero. Están mucho más preocupados por salvar su libertad, en términos literales, y luego la ropa.

Un miedo recurrente se repite en las conversaciones de los hombres de la obra pública. Temen que Bonadio los convoque, les pregunte si pagaron coimas y, ante una respuesta negativa, los mande a Marcos Paz a pensar. Allí estuvieron o aún están Jorge Neira, Armando Loson, Claudio Glazman, Gerardo Ferreyra, Carlos Wagner y Carlos Mundín, entre otros. Los empresarios libres le pusieron un nombre sugestivo a la prisión preventiva, una facultad del juez: la llaman "picana eléctrica legal".

En la vereda de enfrente a Bonadio ubican a Sebastián Casanello , a cargo de una parte de la causa Odebrecht . El juez llamó a declarar a ejecutivos de Roggio, Supercemento y Cartellone, socios de la empresa brasileña en el país, pero "no los amenazó con meterlos presos", dicen en el sector empresario.

Especialistas en estrategia

Ingenieros, arquitectos y administradores de empresas se convirtieron en el último tiempo en personas expertas en el manejo de estrategias legales. Con los cuadernos ya leídos en profundidad y el testimonio incriminador del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Carlos Wagner, restringido a un grupo limitado de empresas, le tienen desconfianza a lo que pueda hacer Bonadio con las declaraciones de Ernesto Clarens, el exfinancista de los Kirchner, que entregó una lista más amplia.

Los problemas con la Justicia no les impiden a los constructores mantener el diálogo con el Gobierno. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , los recibe cuando lo necesitan, y programaron un encuentro con el titular de Transporte, Guillermo Dietrich.

Sus representantes se reunieron en el último tiempo también con el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis , y con el coordinador Gustavo Lopetegui.

Intentaron además llevarle el mensaje de forma directa a Mauricio Macri, pero los derivaron con Lopetegui. Los empresarios entendieron el mensaje: aunque el Presidente está acostumbrado a andar entre ladrillos y andamios desde su gestión en Sideco, y todos lo conocen desde hace años, aceptan que hay motivos para resguardarlo de un sector que hoy está muy cuestionado.

Problemas para el Estado

Aunque Macri evite la foto, la crisis de la obra pública deja a la política en una posición incómoda, no solo por las ramificaciones que vinculan al sector privado bajo sospecha con el entorno del Presidente (su primo, Ángelo Calcaterra reconoció ante la Justicia que hizo pagos irregulares, al igual que Luis Betnaza, ejecutivo de Techint, con cuyo CEO, Paolo Rocca , Macri compartió un acto hace algunos días), sino también para mantener en funcionamiento las tareas del Estado.

Pese al contexto de ajuste, es posible que la Casa Rosada quiera llevar adelante en el año electoral algunas obras. Según una lista que difundió en agosto de 2015 el exministro de Planificación, Julio De Vido , entre las grandes ganadoras de obras en la gestión kirchnerista están Techint (la empresa lo desmintió de manera terminante), Iecsa (era de Calcaterra, pero la vendió al grupo de Marcelo Mindlin), Electroingeniería, Corporación América, Roggio y Chediack. Todas reconocieron irregularidades, suficiente para que cualquier funcionario piense más de una vez al momento de adjudicarle una nueva obra o habilitarle algún pago.

Los problemas no son solo para la Casa Rosada. Aunque por ahora los ojos de la Justicia y del público se posan menos sobre otros lugares, registros oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por Horacio Rodríguez Larreta , muestran que algunas de las empresas involucradas en el escándalo de los cuadernos de la corrupción tienen a cargo obras en ese distrito.

Es de esperar que las preocupaciones y cuidados de los funcionarios nacionales se trasladen al ámbito porteño al momento de adjudicar futuras licitaciones.

Las mismas reservas podrían mostrar las provincias, según cómo prolifere la investigación de Bonadio.

En términos estrictamente económicos, el mediano plazo parece también comprometido, más allá de cuál sea el derrotero que tome la Justicia. Sin proyectos públicos nuevos a la vista por el ajuste, las mayores apuestas para mantener las empresas a flote apuntan al sector privado -explica un 75% de la actividad de la construcción-, castigado a la vez por la caída del crédito hipotecario y el estancamiento de la actividad en general.

Tras un bache que duró desde 2015 hasta septiembre de 2016, el sector comenzó a generar empleo de manera ininterrumpida desde ese mes hasta abril pasado, cuando llegó a los 430.000 empleados. Desde ese momento hasta ahora, sacrificó 15.000 puestos de trabajo.

Lo que queda por investigar

Hacia dónde puede seguir la causa

Los procesamientos que dictó el juez federal Claudio Bonadio es, apenas, el cierre de la primera etapa o fase de la investigación basada en los "cuadernos de las coimas". Pero esa misma resolución anticipa nuevas citaciones y arrestos, como así también más "arrepentidos".

• Aldo Roggio y otros empresarios del sector del transporte confesaron que pagaron sobornos del 5% por los subsidios que obtuvieron del Ministerio de Planificación. ¿Fueron las únicas empresas del sector que pagaron? ¿O callan las restantes?
• El exfuncionario Claudio Uberti detalló que recaudó sobornos entre las empresas constructoras, pero también entre los concesionarios viales que él debía controlar como responsable del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi)
• El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner indicó que la recaudación ilegal comenzó antes que Oscar Centeno redactara la primera entrada de su primer cuaderno. Precisó que empezó en 2004 y detalló qué empresas integraron aquel "club de la obra pública"; entre ellas, Iecsa, cuando la controlaba la familia Macri y antes de quedar en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra
• El financista "arrepentido" Ernesto Clarens aportó un listado con decenas de empresas que interactuaron con Vialidad Nacional y precisó que él se encargó de recaudar los sobornos de cuarenta de ellas
• Uberti, Clarens y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros, confirmaron que los sobornos debían pagarse en euros o, como mínimo, en dólares. ¿Qué bancos, financieras, cooperativas, mutuales y "cuevas" aportaron esos billetes?