Empresarios y CGT coincidieron en la necesidad de un aumento salarial

El breve comunicado final de la primera reunión para determinar un aumento salarial entre empresarios, la CGT dialoguista de Rodolfo Daer y el Ministerio de Trabajo resumió la voluntad con que las partes reanudarán el cuarto intermedio que proseguirá el próximo martes, a las 15.

Redactado por el asesor laboral de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el escrito puntualizó que "es indudable que la recuperación de la actividad económica y del ingreso del poder alimentario (llámese del sueldo) es una preocupación común para trabajadores y empresarios", y agregó que "es menester encontrar la mecánica adecuada" que canalice las "dificultades que atraviesa el sector empresario y las necesidades alimentarias de los trabajadores".

Pero el presagio de un acuerdo futuro no sólo se reflejó en un frío papel. Una fuente calificada del Ministerio del Trabajo fue optimista ante LA NACION: "Los empresarios no podían acceder a los reclamos en un primer encuentro con los sindicalistas, pero son conscientes de que, a pesar de sus dificultades, deben resguardar la paz social", señaló.

De lo que se habla es de otorgar 100 pesos no remunerativos por decreto de necesidad y urgencia como "valor alimentario" por seis meses, dándole carácter de medida "excepcional" desde el 1° de julio para todos los trabajadores privados (aunque desde la CGT estiman que ello quedará incorporado al sueldo), con el solo aporte patronal del 6 por ciento (pagarían 106 pesos) y del 3 por ciento de descuento a los obreros (cobrarían 97 pesos), en ambos casos para aportar a las obras sociales.

El mensaje de "encontrar el mecanismo adecuado" y de definir el aumento como "poder alimentario" de la gente es la necesidad empresaria de "explicar de otra forma, para adentro de sus cámaras, lo que será un incremento salarial", detalló otra fuente laboral.

Así las cosas, quienes se mostraban escépticos antes de la reunión, no lo fueron tanto después.

Antes de que finalizara la reunión, el titular de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME), Osvaldo Cornide, adelantó "el buen clima" vivido en un encuentro tripartito estrictamente sobre sueldos que no se daba desde que en 1993 sesionó por última vez el Consejo del Salario. Por eso, Cornide dijo: "Si bien hay cámaras que tienen dificultades, aceptaríamos un aumento generalizado porque permitiría reactivar el consumo".

Detalles

Con la presencia de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño; la secretaría del área, Noemí Rial, y el subsecretario de Relaciones Laborales, Jorge Rampoldi, por parte del Gobierno, asistieron al encuentro representantes de la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, CAME, los banqueros de ABA y Abapra, y de la Unión de Entidades Comerciales Argentinas.

El sector empresarial recitó sus problemas en la mesa de negociaciones pero reconoció la pérdida del poder adquisitivo. Quienes tomaron la iniciativa fueron los miembros de la CGT, que pidieron la reunión.

Y no faltaron los momentos ríspidos. El mercantil Armando Cavalieri dijo que este encuentro "es el último estamento antes de entrar en acción", si la CGT no hallaba una salida. Y destacó la necesidad de "resguardar la paz social". Así como el lucifuercista Oscar Lescano amenazó con convocar a un comité cCentral confederal que decidiera un paro nacional si "ustedes -por los empresarios- son insensibles".

Mientras, el presidente honorario de la Asociación de Bancos (ABA), Julio Gómez, reconoció la lógica de la CGT, pero explicó la difícil situación de la banca y agregó que no podía tomar una decisión sin consultar a los miembros del organismo.

También, el titular de la Cámara de Comercio, Jorge Di Fiori, alivianó su postura en el diálogo tripartito. Antes del encuentro habló de "la imposibilidad de incrementar salarios", pero frente a Camaño deslizó su deseo de hallar un punto intermedio que permitiera una solución y hasta arriesgó que el Gobierno podría decidir desgravar impuestos a las empresas para aliviar la situación del sector.