En busca de restablecer la confianza de la gente

El Gobierno quiere transparentar el financiamiento político
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24 de octubre de 2000  

Imagínese el siguiente escenario: los senadores que competirán por una banca en las elecciones de octubre de 2001 difundiendo las identidades de quienes les donaron fondos diez días antes de los comicios, con aportes limitados a estas cifras como máximo ($ 200.000 por persona jurídica, $ 500.000 por grupo económico y $ 40.000 por persona física).

Fantasee pensando que empezarán sus campañas electorales sólo 60 días antes de la votación y, en el caso de los aspirantes a la Presidencia, en 2003, con 90 días de anticipación.

Ilusiónese con que los candidatos no lo aturdirán durante meses por TV con avisos proselitistas, ya que sólo podrán ponerlos en el aire en los últimos 30 días de campaña. Sepa que estarán obligados a abrir una cuenta única en el Banco Nación, a nombre del partido y a la orden de su presidente y tesorero, que deberá concentrar absolutamente todos sus ingresos y egresos, y que si se descubren donaciones anónimas o excesos en los gastos establecidos para la publicidad, serán punibles penalmente. Se achica el margen a un mal endémico de nuestra política: la plata negra.

Entérese de que un grupo de fiscales-sabuesos, que dependerá de la Procuración General de la Nación, se creará especialmente para auditar su estricto cumplimiento, y que si este grupo SWAT de la política constata irregularidades, se dictarán penas que llegarán hasta la prisión o la inhabilitación para el ejercicio de los cargos públicos y partidarios.

Y, para terminar, anímese una pizca. Las próximas elecciones nos costarán menos a todos, pues en adelante el Estado les dará a los partidos $ 2 por cada voto en vez de los $ 3 que les ha entregado hasta ahora. Si en 1997, por tomar una fecha, votaron 17 millones de personas, eso costó 51 millones de pesos. En la próxima contienda se gastarán $ 17 millones menos que esa cifra.

Parece un espejismo lejano o una broma en estos tiempos de descrédito político. Pero éstas son las consecuencias concretas que tendría, el año próximo, la reforma anunciada ayer si el Congreso la sanciona.

El ministro del Interior, Federico Storani, impulsor principal de la iniciativa, espera que mañana, a más tardar, se despachará el proyecto al Parlamento, y cree que, tras ocho meses de consultas con las fuerzas políticas en busca de consenso, ha logrado un grado de aceptación suficiente como para que la reforma se convierta en ley antes de fin de año y rija para 2001.

Varios argumentos sostienen la ilusión del oficialismo. Desde febrero último, Storani y un grupo de jóvenes funcionarios liderado por su jefe de gabinete -Alberto Fohrig, de apenas 32 años, educado en la prestigiosa universidad estadounidense de Georgetown- lleva adelante un rastrillaje minucioso, sin dejar a nadie al margen, para evitar cualquier desenlace imprevisto en el Congreso. "La recepción ha sido muy buena. Todos han estado de acuerdo con lo que presentamos hoy (por ayer)", dijo Fohrig a La Nación .

Confían en haber acumulado tantas opiniones en todo el país con tan favorable acogida como para que el tratamiento parlamentario no depare mayores tropiezos.

Si se cumplen sus aspiraciones, la administración De la Rúa habrá concretado una de sus principales promesas electorales: haber creado el primer sistema desde el retorno de la democracia que transparente el financiamiento de la política.

Los legisladores y la gente

La búsqueda de consenso se basó en cinco grandes acciones: 1) Un seminario realizado en Rosario el 29 de abril, al que asistieron el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, y el senador Carlos Corach (PJ-Capital Federal), además del ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez y Storani.

Los dos dirigentes justicialistas aceptaron las grandes líneas del proyecto. Hasta hubo tiempo y predisposición para agregar una sugerencia de Corach: la posibilidad de que los aportes privados no sólo se hagan a los partidos políticos, sino también al Fondo Partidario Permanente, organismo administrado por el Ministerio del Interior destinado a capacitar a los dirigentes políticos.

Esto significa que, por ejemplo, si un empresario no quiere apoyar a ningún partido en una elección, pero está interesado en contribuir a mejorar la formación de la dirigencia, podrá hacer allí su aporte (el proyecto prevé que del total de fondos que el Estado asigne a los partidos, el 20 por ciento debe ir a capacitación). Al cierre de la presentación en Rosario asistieron 600 personas.

2) En Diputados: en los últimos tres meses se realizaron varias reuniones con los bloques del PJ y de la Alianza, en las que el proyecto de reforma se modificó, pero sin perder su espíritu. Se esperaba que legisladores y algún que otro gobernador de la oposición rubricaran su visto bueno con su asistencia, ayer, a la Casa Rosada, pero sólo estuvieron Corach y el diputado menemista Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro).

3) En el Senado: antes de que se desatara el escándalo por los sobornos, Storani lo presentó ante el siempre difícil recinto que constituye la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero lo hizo como una serie de ideas básicas y no con carácter de proyecto definitivo. La sesión, presidida por el titular de la comisión, Jorge Yoma, dejó a los funcionarios de Interior conformes.

4) La tercera fuerza: al ser consultados, el líder de Acción por la República, Domingo Cavallo, y el ex diputado de ese partido Guillermo Francos, manifestaron su adhesión, aunque pidieron que se avanzara también sobre las listas sábana. Storani les respondió que la reforma electoral será encarada "de inmediato", una vez que sea sancionada ésta.

5) Y ante la gente: no todo quedó reducido al espectro dirigencial. El equipo de Storani se movilizó hacia el interior, con presentaciones en Pergamino y en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y en Puerto Madryn, Chubut. Hasta hubo una en la Feria del Libro. En las próximas semanas el calendario prevé Mendoza, Córdoba y Concepción del Uruguay, entre otras ciudades.

Por eso, ayer, cuando la iniciativa fue lanzada públicamente, el oficialismo encontró un motivo para la distensión y se vieron rostros exultantes. El Ejecutivo emitió una buena señal para atenuar el divorcio entre la gente y la política y, a su vez, instaló un tema saludable para intercalar en las discusiones monotemáticas que lo han convulsionado acaparándolo todo.

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