Coronavirus: En Chaco hay 15.200 detenidos por no acatar la cuarentena

CORRIENTES.- Tras la preocupación transmitida por el presidente Alberto Fernández a raíz de la violencia policial contra una familia qom en la localidad chaqueña de Fontana, se conoció un informe del Observatorio de Conflictos Sociales de la región, que depende de la Universidad Nacional del Nordeste, que posó la lupa sobre la "represión y control social en el Chaco durante la emergencia sanitaria por el Covid-19".

El organismo advirtió que entre el 18 de marzo y el 30 de mayo pasado se produjeron 15.224 detenciones por violación de la cuarentena, unas 200 por día.

"La violencia, el racismo y el abuso de poder puestos de manifiesto en Fontana constituyen un botón de muestra de un estado policial instaurado en el Chaco a partir de la emergencia sanitaria. Una serie de mecanismos de control social han dejado a la ciudadanía a merced de unas fuerzas de seguridad con cada vez mayor cantidad de funciones, autonomía, legitimidad e impunidad", revela el informe.

"Su poder y eficacia para doblegar los derechos de la población contrastan con la poca eficiencia para contener la epidemia, que en el Chaco ha causado casi el 10% del total de muertes, aunque su población representa el 2,5% de los habitantes de la Argentina".

A partir del aislamiento obligatorio, en la provincia "se sucedieron medidas de control social que -con la excusa de la emergencia sanitaria- profundizaron la represión operada por los aparatos del Estado: detenciones callejeras, arbitrariedad policial, dispersión con postas de goma, creación de divisiones policiales especializadas, represión en contextos de encierro, cerramiento territorial, restricción de la movilidad en vehículos y a través de teléfonos celulares, toque de alarma sanitaria, ciberpatrullaje, persecución de dirigentes sociales y criminalización de la protesta", enumera el informe de la UNNE.

El profesor Maximiliano Román, coordinador general del observatorio, explicó a LA NACION que el objetivo del relevamiento fue aportar información a un análisis colectivo. "Decidimos publicar el informe por lo ocurrido en Fontana y ahora esperamos que las organizaciones de derechos humanos hagan lo que crean conveniente".

Al convertirse el hecho en un tema de debate nacional, el gobierno de Jorge Capitanich repudió el "accionar ilegal, violento y arbitrario de la policía" y separó a los efectivos involucrados. Se trata del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Benítez, del cabo Cristian Flores y del agente Orlando Cabrera, quienes aparecen en los videos viralizados.

La secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, adelantó a LA NACION que denunciarán a otros dos agentes, actuarán como querellantes y elevarán recomendaciones para reconfigurar el esquema de poder dentro de la policía.

En la misma línea se pronunció el presidente del Interbloque de diputados del Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini, para quien "la policía, por ley, deberá capacitarse en derechos indígenas".

Policía brava, en datos

Los datos del Observatorio de Conflictos Sociales están siendo analizados por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT), que ya presentó un informe preliminar, con carácter urgente, en la Fiscalía de Derechos Humanos. "Seguimos analizando pruebas y recabando información para formular una estrategia inteligente de actuación", dijo a LA NACION Silvio Del Balzo, titular del organismo.

El informe del observatorio enumera irregularidades en las detenciones por violación de la cuarentena. Detalla que entre el 18 de marzo y el 30 de mayo hubo 15.224 detenciones por violación del aislamiento, un promedio de 200 personas por día (ocho personas por hora), con un máximo de 563 detenidos el 22 de marzo. Del total de detenidos, 1650 son menores de edad, a pesar de que su detención es ilegal, de acuerdo con el Régimen Penal Juvenil, agrega el informe.

"Estos operativos de control pueden encuadrarse en las formas de represión preventiva, definida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), como aquella que se aplica de manera indiscriminada sobre los más pobres, y en particular los jóvenes, para disciplinarlos en el respeto al orden y la autoridad. Su objetivo real es imponer el miedo", se explica en el relevamiento.

Y denuncia que la policía del Chaco "asesinó a 21 personas en los últimos diez años, bajo la modalidad de ejecuciones ilegales".