En Ciccone no creen que les paguen

Estiman que el Gobierno descontará las deudas y juicios; el proceso de expropiación insumirá muchos años
Hugo Alconada Mon
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13 de agosto de 2012  

No importa el valor llave de la empresa ni que se encuentre en pleno proceso de producción ni la tasación del "fondo de comercio" o sus máquinas y el predio de Don Torcuato. Para la familia Ciccone, que sólo retuvo el 30% de las acciones para beneficio del misterioso The Old Fund, la expropiación se resumirá en una sola palabra: cero. Eso es lo que esperan cobrar por la que fue su multimillonaria compañía, según dos miembros del círculo íntimo familiar y dos profesionales que los asesoran desde hace años.

"Ya nos quitaron la empresa, nos quitaron nuestras fuentes de trabajo y nos quitaron a Héctor", graficaron desde la familia a LA NACION. Atribuyen la muerte de uno de los dos fundadores, Héctor Ciccone, al desgaste que comenzó dos años atrás con el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund con sus $ 50 millones que aún se ignora de dónde salieron.

Los Ciccone también comienzan a dejar trascender ciertos datos. Como el presunto encuentro entre el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y el fallecido Héctor. Habría ocurrido en un bar de Puerto Madero, según reveló ayer Clarín. Apenas uno de muchos datos más que la familia amenaza con ventilar (ver aparte).

Cero es, en tanto, el objetivo trazado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, interventor de la ex Ciccone (hoy Compañía de Valores Sudamericana), cuando anunció el proyecto de expropiación. Pero lograrlo dependerá de una compleja fórmula que posicionará como protagonistas decisivos al Tribunal de Tasaciones y al concurso de acreedores que se instruye en la Justicia.

El cálculo abarcará múltiples rubros. Por el lado del pasivo deberá incluir la deuda por $ 247 millones con la AFIP que ya ingresó en cuatro planes de facilidades de pagos. A eso deberán adicionarse otros $ 62 millones que pleitea el organismo con la empresa en la Corte Suprema y al menos otra media docena de juicios en el Tribunal Fiscal por $ 60 millones más.

También deberán computarse $ 51,5 millones de "acreedores varios", según el cálculo del síndico del concurso, más al menos otros $ 35 millones que reclama el fisco bonaerense, que ya trabó embargos. Es decir, un rojo global de al menos $ 455,5 millones. Como mínimo.

"Hay que ver cuánto pasivo es concursal y cuánto es posconcursal, es decir, cuánto ya se renegoció con los acreedores, cuánto es de capital, cuánto de intereses y si ya se acordó una quita o un plan de pagos", relativizó un abogado comercialista.

Por el lado del activo, la ecuación también abarcará múltiples factores. El primero, por las acreencias de la ex Ciccone con el Estado. La empresa reclama desde hace años que le abonen $ 6,2 millones por la fabricación de los documentos de identidad, más un piso de $ 28 millones por la opción de compra del equipamiento y software por la Policía Federal, y cerca de US$ 1 millón en reintegros atrasados con la AFIP. ¿Total? Al menos $ 39,7 millones más intereses acumulados.

Privilegios

"Todo esto es una perversión. Antes de que quebráramos y pasara todo lo que pasó después [por el arribo de Vandenbroele], habíamos pedido la moratoria de la resolución 970, con una compensación entre lo que nos debían y lo que debíamos, y la AFIP nos dijo que no. Pero después le dieron una moratoria mejor a Vandenbroele y ahora sí van a hacer la compensación", ironizó uno de los contadores que participaron en la fallida solicitud de los Ciccone.

El cálculo de los activos también deberá abarcar el valor de, entre otros rubros, sus "bienes de uso" -las máquinas- y el patrimonio inmobiliario. En el balance de la compañía que cerró en agosto de 2011 y que firmó Vandenbroele se tasó esos "bienes de uso" en $ 81.039.527. Pero ése es su valor "de libro" y no el real, que impone la ley de expropiaciones, que debe tomarse y que es más elevado. Y en cuanto al predio de Don Torcuato, junto a la Panamericana, no baja de un valor de ocho cifras. En dólares.

"A eso hay que sumarle el «valor llave» y el valor por «empresa en marcha», porque no es lo mismo que el Estado se quede con una imprenta cerrada desde hace años que con una imprenta en pleno funcionamiento", adelantó a LA NACION un abogado con más de 25 años en el sector público. Podrían reclamarle al Estado por el contrato firmado para imprimir hasta 410 millones de billetes de 100 pesos a cambio de $ 160,7 millones.

Una vez determinada la tasación, no será el Gobierno quien defina los pasos siguientes. Quedará en manos de los jueces a cargo de los expedientes de expropiación y del concurso. Y se deberá establecer el orden de pago según el privilegio especial o general que la ley establece para cada acreedor. Sólo luego el Estado podrá determinar si lo que debió desembolsar por la ex Ciccone "se compensó" con su deuda acumulada con la AFIP.

Desde el Gobierno, sin embargo, dejan a un lado los cálculos. "Todo el proceso se va a legitimar de hecho. Y si hay diferencias que hagan juicio. Será uno de esos largos juicios a veinte años contra el Estado", vaticinan. El riesgo es que los Ciccone hablen antes.

LOS NÚMEROS DE LA EMPRESA

  • $ 455,5

    Millones

    Es la deuda total que tiene la imprenta, que abarca pasivos con la AFIP, el fisco bonaerense y varios juicios.
  • $ 39,7

    Millones

    Es el activo por las acreencias con el Estado y se computan fabricación de documentos y compra de máquinas.
  • $ 160,7

    Millones

    Es lo que podrían reclamar los dueños por el contrato para imprimir 410 millones de billetes de $ 100.
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