En Comodoro Py, el trabajo sigue puertas adentro durante el verano

Con pasillos semivacíos, sin abogados golpeando las ventanas para ver expedientes, ni la lupa pública sobre sus decisiones, muchos jueces federales aprovechan la feria de enero en Comodoro Py para trabajar en un clima de quietud. Algunos se tomaron vacaciones, aunque sin ausentarse el mes completo, y otros postergaron el descanso porque debían subrogar a otros colegas o preferían avanzar con sus expedientes.

Los casos que no se detuvieron son los que tienen detenidos o prófugos, los vinculados a delitos de lesa humanidad y los que requerían medidas urgentes, que no pueden esperar a febrero. Hay expedientes que tienen habilitación de feria y los trámites siguen su curso, porque hay personas encarceladas preventivamente.

Los investigadores del juzgado de Sebastián Casanello en el caso contra Lázaro Báez, por ejemplo, durante enero avanzaron con la pesquisa y con la localización de bienes de los procesados por lavado de dinero. El juez dispuso que ya estaba concluida la investigación y ahora se espera conocer la postura de la Oficina Anticorrupción y de la AFIP, que tienen hasta la semana que viene para pronunciarse.

Cuando promediaba enero, el juez Daniel Rafecas volvió a citar a indagatoria al ex secretario de Obras Públicas, José López, y a un empresario sospechado de ser testaferro del ex funcionario detenido en Ezeiza desde junio del año pasado. Abrió una nueva línea investigativa, vinculada a un departamento que López habría omitido declarar.

En otros casos, la decisión de habilitar la feria quedó sujeta a la voluntad del juez. Sergio Torres, por ejemplo, resolvió habilitar la feria judicial para citar a la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, para que mañana ratifique su denuncia contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

En el último tramo de la feria, la legisladora podrá aportar nuevas pruebas en la causa en que investiga el dinero que un cambista ligado a la constructora brasileña Obedrecht envió a una cuenta a nombre del funcionario argentino.

Aunque no puede tomar medidas ni emitir resoluciones, el juez federal Ariel Lijo, que salió sorteado en la última semana de diciembe de 2016 para investigar la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento, dedicó las últimas dos semanas de enero para leer el expediente y trazar el camino de la investigación. Los colaboradores del fiscal Eduardo Taiano, que deben investigar la muerte del fiscal, también continuaron trabajando el expediente.

En otros fueros, algunos casos de resonancia pública sí se vieron frenadas por la feria. La jueza en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán, por ejemplo, rechazó tramitar el amparo que presentó el diputado Felipe Solá (Frente Renovador) para declarar inconstitucional el decreto que permite a familiares de funcionarios adherir al blanqueo.

Cerca del diputado del Frente Renovador se quejaron porque, dado que el sinceramiento fiscal concluye en marzo, si la Justicia se demora, quienes se beneficien con el régimen podrán invocar derechos adquiridos.