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En Córdoba objetan un decreto presidencial

Fallo: la Justicia declaró inconstitucional una norma dictada por Menem, y ratificada por De la Rúa, referida al aseguramiento del transporte público.
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31 de marzo de 2000  

CORDOBA.- Los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional fueron severamente objetados en un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, que declaró la inconstitucionalidad de uno que dictara en 1997 el presidente Carlos Menem y cuya vigencia acaba de extender Fernando de la Rúa.

Se trata del decreto ley 260/97, que declaró en emergencia por tres años a la actividad aseguradora del autotransporte público de pasajeros y a las empresas de este servicio.

Ambos sectores gozaron así de plazos de hasta 60 cuotas, con una gracia inicial de seis meses, para pagar las indemnizaciones que les fueran fijadas en los casos de daños y perjuicios que produjeran unidades de transporte.

El pronunciamiento contiene un extenso examen de las normas que habilitan esos procedimientos extraordinarios y contempla la "opinión mayoritaria" de la actual Corte Suprema, que, respaldándose en la Constitución de 1994, afirmó que "es elocuente y no deja lugar a dudas que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y no como una ampliación a la práctica seguida en el país especialmente desde 1989".

El fallo señala que la facultad del dictado de decretos de urgencia "no puede ser utilizada por la eventual demora en el tratamiento de proyectos de leyes por el Congreso ni por la imposibilidad política para lograr el quórum o la mayoría para su aprobación".

Agrega que "es necesaria la concurrencia" de que "las Cámaras no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor" y que la situación que requiera resolución sea de una urgencia tal que deba ser solucionada "en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes".

El tribunal superior repara en que la emergencia argumentada atañe a las aseguradoras, "lo que evidencia la falta de congruencia", ya que esas empresas representan un sector del quehacer económico "que asumió el riesgo".

Además, el decreto consagra "una flagrante desigualdad" respecto de los accidentes en que no intervino una empresa del autotransporte.

En suma, sostiene que "los beneficiarios son destinatarios de un tratamiento privilegiado", los cuales, además, lejos se encuentran de constituir "el sector más débil" en comparación con las víctimas de los accidentes.

El tribunal declara así la inconstitucionalidad del decreto y concede el recurso en favor de un colocador de membranas que sufrió lesiones con secuelas permanentes a causa de un accidente protagonizado por una unidad de transporte.

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