En el Estado ya no rige el tope salarial

El Gobierno, sorpresivamente, dio ayer marcha atrás con el tope salarial que había impuesto a todos los empleados públicos el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá en su efímero paso por la Casa Rosada.

Esta medida, que se da de bruces con el discurso oficial de ajuste del gasto público, allana el camino para que el presidente Eduardo Duhalde y sus ministros aumenten sus haberes.

En el Gobierno, sin embargo, juran que hoy se firmará un nuevo decreto para erradicar esta posibilidad.

Dos días antes de Navidad, Rodríguez Saá fijó un techo de 3000 pesos para el sueldo presidencial y ordenó que ningún agente de la administración pública superara esa cifra.

Pero ayer esta disposición se eliminó.

En el Boletín Oficial apareció publicado el decreto 157/2002 que deroga el anterior y que fue firmado por Duhalde y por todo el elenco ministerial.

El argumento oficial es que esta restricción en los salarios paraliza el funcionamiento de las estructuras medias del Estado.

"Esto nos generó graves problemas porque los buenos técnicos preferían emigrar al sector privado y, por ejemplo, no había quien confeccionara el presupuesto", explicaron fuentes cercanas al Presidente.

La medida generó una gran confusión entre los miembros del gabinete que, hasta anoche, no podían precisar qué salario figurará en sus próximos recibos de sueldo. Dos ministros y dos funcionarios consultados por LA NACION respondieron: "No tenemos la menor idea".

De la lectura de la reglamentación dictada ayer se desprende que los ministros y secretarios de Estado deberían retornar a los haberes que percibían en esos cargos durante la administración radical (donde ya hubo un recorte del 43 por ciento). Un miembro del gabinete cobraba aproximadamente 5000 pesos.

Nuevo decreto

Sin embargo, en el Gobierno prometen que hoy remendarán esa situación con otro decreto, que restituye el límite salarial de 3000 pesos sólo para los puestos políticos.

De esta manera, el jefe del Estado ganaría menos que algunos cuadros medios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "Eso a él no le importa", explicaron sus voceros.

En la Casa Rosada reconocen que ésta es una medida impopular y difícil de explicar a una sociedad sensibilizada por el histórico derroche de los recursos públicos. Pero la defienden porque creen que causó más perjuicios que beneficios.

En primer lugar, quienes conocen las cuentas del Estado nacional aseguran que esta restricción permitió un ahorro mínimo en los gastos globales. De todas formas, los números que abonarían esta teoría nunca fueron entregados a LA NACION, pese a haber sido prometidos por un importante funcionario.

Además, varios ministros se quejaron por el impacto negativo que produjo en algunas estructuras del Estado, como la AFIP, el Banco Central y el cuerpo diplomático.

"Era muy difícil la situación de los consejeros en el exterior -aseguró a LA NACION un asesor del canciller Carlos Ruckauf-. En China, por ejemplo, era imposible mantenerse con ese sueldo porque el alquiler de una casa supera los 2400 dólares."

Inconvenientes

La nivelación hacia abajo de los salarios también trajo complicaciones en el escalafón de las Fuerzas Armadas, puesto que algunos tenientes generales del Ejército terminaron cobrando igual que un coronel.

Ayer, en el Ministerio de Defensa despotricaban contra el tope salarial, que fue calificado de "demagógico" por altas fuentes de esa dependencia.

"Sobre un total de 3500 millones de pesos del presupuesto militar, esta medida permite sólo un ahorro de 4 millones de pesos. No tiene sentido", ejemplificaron.

Pese a que el Gobierno intenta no dar ningún paso en falso que altere el ya nervioso ánimo popular, esta vez admiten que pudieron haberse equivocado.

"Deberíamos haber firmado los dos decretos simultáneamente para que no haya suspicacias... pero no estamos defendiendo nuestros salarios", aseguraron en el entorno presidencial, donde muchos dicen que los tomó por sorpresa la eliminación del tope salarial.

"La verdad es que no sabía nada", confesó a LA NACION uno de los ministros que estamparon su firma en el polémico decreto.