En el Gobierno preocupa el tono de las denuncias

En el gobierno de Cristina Kirchner, la orden terminante es no contestarle a Sergio Schocklender ni hablar sobre la sospechosa operatoria de la construcción de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero algunos miembros del kirchnerismo están asustados por lo que pueda llegar a decir el ex apoderado de la fundación en el futuro, con el objeto de que la Casa Rosada lo ayude a mejorar su situación procesal.

La nueva figura que aparece en la mira es el secretario de Obras Públicas, José López. Schoklender lo acusó de pedir coimas, pero no para el programa Sueños Compartidos. Los voceros oficiales del ministro de Planificación, Julio De Vido, desacreditaron las imputaciones: "Resulta que López pedía coimas para todas las obras y a él nunca le pidió. Es absurdo y contradictorio".

"De Vido estaba apartado de las Madres; no tenía nada que ver", aseguran otros allegados al ministro. Señalan que todo lo relacionado con el plan de las Madres fue manejado por López y su subsecretario, Abel Fatala. El fallecido ex presidente Néstor Kirchner les había encargado a ellos la relación con Hebe de Bonafini, presidenta de la Fundación, y con su ex socio Schoklender.

"Néstor daba la orden de ayudar a Madres. De qué forma, era un tema de López", dicen integrantes del núcleo duro del poder. Sin embargo, la marca registrada del kirchnerismo es que el jefe conocía los detalles del procedimiento de sus subalternos.

La orden presidencial fue el silencio absoluto. En la cartera de Planificación aseguraron a LA NACION: "No vamos a decir nada. No merece ningún comentario".

Los voceros del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no contestaron. Y los del ministro del Interior, Florencio Randazzo, también se negaron a opinar. "Nada. Que investigue la Justicia", dijeron. Tampoco José López contestó llamadas ni un mensaje de texto que le envió LA NACION.

"Hay muchos asustados. Hebe de Bonafini es la primera. Daña la imagen de las Madres y trascienden datos y cuentas que la gente desconocía", dijo un allegado al entorno presidencial. Schoklender no sólo denunció supuestas cuentas bancarias de la presidenta de Madres en el exterior, sino que la imputó de lavado de dinero.

Con ironía, algunos kirchneristas aseguraban ayer: "Ahora se explica por qué había tantos afiches de Fatala [en la última campaña electoral]". Schoklender denunció que la Fundación Madres financiaba los carteles de Fatala y de Amado Boudou mientras eran precandidatos a jefe de gobierno porteño y no llegaron a ser elegidos como candidatos por Cristina Kirchner.

Pese al costo en imagen para el Gobierno, la Casa Rosada descuenta que el escándalo no hará mella en la intención de voto de la Presidenta. Sin embargo, algunos voceros aventuran que las denuncias de Schoklender pueden desembocar en una limpieza de funcionarios para el eventual segundo mandato de Cristina Kirchner.

"Cristina se desayuna de muchas cosas ahora, y servirá para ajustar las clavijas", afirman algunos. Ella seguirá haciendo una defensa pública de las Madres, y no intentará proteger a Schoklender, pese a que sus denuncias parecen buscar que el Gobierno interceda ante el juez federal Norberto Oyarbide, según indican las fuentes oficiales.

De todos modos, la preocupación para algunos kirchneristas es lo que Schoklender aún no dijo.