En el oficialismo admiten que cada vez hay menos margen para proteger a Ayala

Ayala, el día en que se trató su situación en Diputados
Ayala, el día en que se trató su situación en Diputados Fuente: Archivo
Reconocen que, en función de la postura que tuvieron en el caso De Vido, no podrán evitar votar el desafuero, excepto que haya una novedad judicial; dudas radicales
Laura Serra
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11 de enero de 2019  

La situación de Aída Ayala preocupa al oficialismo: el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que confirmó el pedido de prisión preventiva colocó a la diputada de Cambiemos en las puertas de la cárcel y redujo dramáticamente el margen de protección que le brindaba su bloque. A menos que la Cámara de Casación Penal revierta esta situación en el transcurso del próximo mes, el proceso de desafuero de Ayala comenzará no bien finalice el receso legislativo, confiaron fuentes del oficialismo. "No me voy a escudar en mis fueros y serán los diputados los que deberán decidir si voy presa o no", enfatizó Ayala, en diálogo con LA NACION. No renunciará a su banca porque, insiste, es inocente y advirtió que las acusaciones que enfrenta forman parte de una "causa armada".

Ayala está procesada en una causa en la que se la acusa de haber montado un negociado, mientras ejercía en 2014 como intendenta de Resistencia, en beneficio de una empresa de recolección de residuos de la ciudad. La jueza Zunilda Niremperger la acusó de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, al tiempo que pidió su prisión preventiva y el correspondiente desafuero. El martes pasado la Cámara Federal de Resistencia confirmó este fallo en respuesta a la Cámara de Casación Penal, que en diciembre pasado había revocado el pedido de prisión preventiva contra Ayala y exigió a los jueces chaqueños que fundamenten semejante medida.

En su fallo, el tribunal de Resistencia advirtió, en sintonía con la jueza Niremperger, que hay peligro de que, en libertad, la diputada se fugue: "Es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia con relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad (...) Son circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la Justicia", señaló la Cámara Federal de Resistencia.

"Vamos a apelar. Fue una decisión groseramente arbitraria, yo sigo sosteniendo mi inocencia", enfatizó Ayala a LA NACION.

El problema es que, ante un fallo confirmado en segunda instancia, el oficialismo ya no tiene más margen para defender los fueros de Ayala e impedir que vaya presa. Se lo impone su propia doctrina, la cual sostiene que cuando un legislador afronta un procesamiento con prisión preventiva confirmado en segunda instancia judicial, la cámara correspondiente deberá proceder al pedido de desafuero para no entorpecer la investigación judicial.

Este fue el criterio con que el oficialismo propició en 2017 el desafuero del exministro de Planificación Julio De Vido y es el que ahora agita en el Senado para revocar las inmunidades parlamentarias de la expresidenta Cristina Kirchner , también procesada y con prisión preventiva en al menos dos causas.

A instancias del radicalismo -el partido de Ayala-, el bloque de Cambiemos demoró el tratamiento del desafuero de la diputada chaqueña al alegar que no se habían agotado las instancias judiciales. Sin embargo, puertas adentro del bloque son cada vez más las voces que insisten en que la situación de Ayala se ha vuelto insostenible y que se debe aplicar la misma vara para todos los legisladores.

Los diputados de la Coalición Cívica y Graciela Ocaña son los abanderados de esta postura. Algunos diputados de Pro coinciden; en el radicalismo, en cambio, persiste el silencio de radio. Entre ellos predomina el convencimiento de que Ayala es víctima de una operación política del peronismo de la provincia para impedir que compita por la gobernación de Chaco.

En el entorno de Ayala confían en que en los próximos días, cuando finalice la feria judicial, se conocerá un peritaje clave que demostrará la falsedad de las acusaciones de lavado de dinero que se le imputan. La diputada corre contra el tiempo: solo tiene un mes para revertir su situación judicial, ya que cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso -en marzo próximo-, la oposición reclamará su desafuero. Y el bloque de Cambiemos, en plena campaña electoral, ya no podrá postergar el trámite.

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