Apuntada por el consejo asesor de Alberto Fernández y 19 gobernadores peronistas, la Corte eligió el silencio

La Corte Suprema de Justicia eligió el silencio. Tanto ante las recomendaciones que realizó el Consejo Asesor del presidente Alberto Fernández para introducir cambios en su funcionamiento, como ante la solicitada firmada por 19 gobernadores justicialistas para reclamar que sea "la política" y no el máximo tribunal la que debata los fondos que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía.

La Corte no se dio por enterada a lo largo de la jornada y siguió trabajando en las sentencias que se conocerán esta semana. En particular, una que promete llamar la atención del gobernador Gildo Insfrán para que flexibilice la cuarentena y permita el ingreso a la provincia de más de 4500 formoseños varados en campamentos, a los que se fuerza a mantenerse aislados ante el riesgo de que contagien coronavirus.

El consejo asesor del presidente Fernández finalmente no dejó por escrito la idea de aumentar el número de miembros de la Corte, como lo proponía un sector del kirchnerismo, aunque hubo coincidencia en proponer una reforma de la ley orgánica de funcionamiento de la Corte, introduciendo cuestiones de género, perspectiva ideológica y federalismo. Esto fue interpretado como una puerta abierta para que el Congreso sea quien decida por ley aumentar la cantidad de jueces de la Corte.

En la Corte fueron prudentes y no quisieron aventurar juicios anticipados. Explicaron que es una cuestión que primero deberá pasar por la evaluación del Presidente, que debe luego decidir si impulsa una ley y ahí el asunto quedará en manos del Congreso.

Es "prematuro", dijeron en la Corte a LA NACION, y explicaron que su mirada es mantener la independencia del Congreso. Pero lo cierto es que no dejan de puntualizar que este documento de los especialistas es solo un camino que recién empieza y que se verá hasta donde llegue.

Cuando el asunto esté más avanzado, la Corte evaluará si da conocer una postura más institucional. El consejo asesor del presidente tenía previsto escuchar a los jueces de la Corte para conocer sus puntos de vista. Trasladó al Presidente la idea de que invite a los altos magistrados, pero la oportunidad no fue la mejor: transcurrían las semanas en que se debía tratarse el per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, época de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial.

Al comienzo tampoco hubo buena sintonía, hasta el punto de que, invitados al acto de presentación del comité asesor en la Casa Rosada, todos los jueces de la Corte se ausentaron excepto Elena Highton de Nolasco, cercana a Alberto Fernández.

En la oposición, interpretaron la sugerencia del comité asesor de proponer una ley orgánica de funcionamiento de la Corte donde se considere una representación que garantice la diversidad de género, ideológica y federal como una manera de abrir la puerta para que el Congreso aumente la cantidad de miembros del máximo tribunal. "No lo dijeron expresamente, pero lo dejan implícito con esta sugerencia", señaló un dirigente opositor.

Además, leyeron la propuesta de creación de un tribunal intermedio como una oportunidad para que las mujeres juezas de los superiores tribunales de provincia puedan acceder al máximo tribunal o a este inmediatamente por debajo.

La solicitada de los gobernadores

En cuanto a la solicitada de los gobernadores, en el Gobierno dijeron que el destinatario era la Corte, pero allí miraron para otro lado. Máxime cuando el recurso de amparo que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para recuperar los puntos de la coparticipación federal aún no empezó a circular por las vocalías.

Está en una situación incipiente, por lo que en la Corte asociaron la solicitada más con una advertencia a Rodríguez Larreta que a ellos mismos. La solicitada se conoció en momentos en que Rodríguez Larreta estaba activando lazos para llegar a los jueces del máximo tribunal y hacerle saber su interés y necesidad política (y económica) de obtener una respuesta de la Corte ante el recorte de fondos.

A lo sumo, en la Corte lo interpretaron como una advertencia por elevación, una fotografía de unidad y respaldo como otras que el Gobierno se esfuerza por escenificar en los últimos días.