En la UIF, el Banco Macro tiene trato privilegiado

Promover denuncias contra "enemigos" y evitar que prosperen expedientes incómodos para los "amigos" parece ser el lema de la unidad antilavado del Gobierno, en coincidencia con el arribo de José Sbattella y Gabriel Cuomo a la conducción del organismo, a principios de 2010. Y entre los mayores beneficiados por esa política se encontraría el Banco Macro, según indicaron un actual miembro y tres ex integrantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), y dos informantes externos a LA NACION, junto con documentos que obran en la Justicia.

La decisión de proteger a la entidad que preside Jorge Brito se concentra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, donde permanecen bajo llave entre cinco y diez sumarios, según las distintas fuentes, por infracción al régimen penal administrativo que fijó la ley 25.246, que modificó el sistema de prevención del "lavado de activos de origen delictivo".

Uno de esos sumarios, según consta en un expediente que arribó a Tribunales en relación con otro banco, se concentra en la supuesta omisión que tenía el Macro de denunciar una o más operaciones sospechadas de constituir lavado protagonizadas por una compradora de divisas, de doble apellido, en el noroeste argentino, confirmó un alto funcionario judicial a LA NACION.

A diferencia de lo ocurrido con esa segunda entidad bancaria, sin embargo, el Macro aún no fue denunciado formalmente ante la justicia federal, ni tampoco se le aplicaron multas, como sí ocurrió en situaciones similares con los bancos Galicia y BBVA Francés, o el Masventas.

En otro de esos sumarios que continúan bajo la órbita de la UIF figuraría, incluso, la firma de uno de los hijos del actual presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), también llamado Jorge Brito, entre los ejecutivos del banco que habrían convalidado una de las operaciones controvertidas.

Sin embargo, Sbattella sí protagonizó un incidente que involucró al Macro. Fue cuando la entidad se aprestaba a comprar el 100% de las acciones del Banco Privado de Inversiones (BPI) por US$ 23,5 millones, lo que derivó en una presentación de la UIF ante la Justicia y la posterior concreción de la operación, pero en mejores condiciones contractuales para Brito.

LA NACION consultó el martes al Macro y a la UIF, consulta que reiteró ante ambos el jueves y el viernes, respectivamente. En ambos casos y ocasiones no obtuvo respuesta.

La lentitud observada en la UIF ante el Macro contrasta con la celeridad que mostró la unidad para avanzar contra otras empresas y personas públicas. Entre ellos, Francisco de Narváez -cuyos datos de inteligencia bancaria y financiera proveídos por la unidad antilavado norteamericana, FinCen, por la anterior gestión y filtrados a Página 12-, y Telecom, aunque sólo hasta que selló un acuerdo con la Casa Rosada.

Las fuentes consultadas afirman que, además de Sbattella y Cuomo, quienes se ocupan de que el Macro tenga un tratamiento especial son la titular del área de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo, la ex integrante de esa área, asesora legal y consejera de la UIF, María Laura Gómez, y el secretario general ejecutivo de la unidad, Federico de Negri.

Los casos

Los sumarios contra el Macro se encuentran en el despacho de Quevedo, una oficina grande y luminosa cuya puerta carecía de llaves hasta hace poco y al que ahora sólo acceden la ocupante, Gómez, Cuomo y Sbattella. En el caso del Macro, esos sumarios se abrieron luego de que la UIF comenzó a investigar a determinadas personas. Y al pedirle información al Banco Central (BCRA) -que concentra toda la información por su rol de supervisión de todas las entidades financieras y cambiarias del país-, se detectaron otras operaciones de esos mismos sujetos en otros bancos que sí las reportaron, a diferencia del Macro.

En tanto, la compra del Banco Privado de Inversiones (BPI) por el Macro generó ruido en el sistema bancario local al concretarse tras años de dilaciones.

Fue cuando el Banco Central, antes de autorizar la operación, decidió consultar a la UIF qué novedades tenía sobre un legajo contra el BPI que la unidad había abierto años antes a pedido del propio BCRA, pero que también había languidecido entre pilas de otros expedientes.

Sin embargo, en el término de 48 horas, según consta en documentos obrantes en Tribunales, Sbattella ordenó a esa misma área de Asuntos Jurídicos de la UIF que emitiera un dictamen. Y en el escrito posterior que presentó ante Tribunales, la unidad concluyó que no sólo debía reportarse al BPI, sino que, además, debía suspenderse la compra por el Macro, lo que derivó en una tormenta impredecible.

Según reconstruyó LA NACION, su petición generó pedidos frenéticos de la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que éste intercediera ante el máximo responsable de la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ufilavdin), el fiscal general Raúl Plee.

Marcó del Pont, según recuerdan en Tribunales, temió que el BPI se convirtiera en el primer banco en caer desde la crisis de 2001/2002, justo bajo su gestión. La respuesta que cosechó fue la que esperaba: los pedidos de Sbattella fueron desestimados por insustanciales.

En la entonces cúpula del BPI, en tanto, todavía definen lo ocurrido como una "amenaza horrible" que los colocó en "inferioridad de condiciones contractuales" ante el Macro. "El precio de venta fue el mismo, pero debimos ceder y hacernos cargo de cosas que de otro modo no hubiéramos aceptado", indicó uno de los protagonistas directos de la operación a LA NACION.

Desde Tribunales consideran que desde la UIF actuaron de ese modo por tres motivos. Primero, para no dejar en evidencia su inacción de años en ese legajo desde el primer reporte del BCRA sobre el BPI. Pero, también, porque un socio mexicano en ese banco, David Martínez, también lo es del Grupo Clarín, a través del fondo Fintech. Y el entonces presidente del BPI, Alejandro Estrada, fue secretario de Comercio durante la última dictadura.