Entusiasmo en España por la aprobación del acuerdo con YPF

MADRID.– Los 16 miembros del directorio de Repsol discutirán hoy una oferta que difícilmente podrán rechazar. El pacto que propone la Argentina para cerrar el litigio por YPF contempla la principal condición fijada por la empresa: que el pago por las acciones expropiadas alcanzará un mínimo de 5000 millones de dólares. El gobierno de Cristina Kirchner abonaría esa cantidad mediante la entrega de títulos soberanos con vencimientos que van de 5 a 10 años, según fuentes ligadas a accionistas de la petrolera española.

Se cumpliría así la otra condición de los españoles: que la compensación se estableciera en activos que no estuvieran sujetos a dudas sobre su cotización. Los anteriores intentos de conciliación incluían participaciones en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya valoración despertaba polémica entre las partes.

Lo que aún genera dudas en la conducción de Repsol –aunque no suficientes para tumbar el acuerdo– son las garantías que ofrece el gobierno argentino sobre la deuda con la que aspira a dar por terminado el conflicto que durante 19 meses congeló la relación con España y trabó la llegada de inversiones al país.

El trato que se alcanzó el lunes en Buenos Aires contó con el apoyo explícito del ministro de Industria español, José Manuel Soria, un dato que limita muchísimo cualquier resistencia en el directorio de Repsol.

"Ningún empresario rechaza un acuerdo que tiene el sello del gobierno de su país", señaló ayer una fuente cercana al presidente de la petrolera, Antonio Brufau.

Declarado enemigo por el kirchnerismo, Brufau se mantuvo fuera de las negociaciones finales. A Buenos Aires viajó uno de sus históricos rivales en el accionariado de la petrolera, Isidro Fainé, presidente del grupo financiero La Caixa.

También estuvo el director de la estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, que encabezó una dura ofensiva contra Brufau para forzarlo a pactar con la Argentina. Pemex –dueña del 9,4% de Repsol– quiere tener las manos libres para hacer negocios en Vaca Muerta y llegó a amenazar con un golpe en el accionariado de la multinacional española.

Brufau dejó trascender ayer que él había decidido quedarse en España para no complicar el diálogo con la Casa Rosada, pero que en la mesa de negociación había tres directivos de su confianza. Y que el ministro Soria había hecho cumplir las condiciones mínimas que él le había transmitido en Madrid. Intentó así desmentir los rumores de que renunciaría en la reunión de hoy, por estar en desacuerdo con la oferta kirchnerista.

Aun así se encargó de transmitir en un comunicado remitido a la Bolsa que la propuesta será sometida a análisis y que luego se actuará "en exclusivo interés" de la compañía. El tinte escéptico esconde el malestar de Brufau por la forma en que se forzó la paz. "Fue un pacto político impuesto a una empresa privada", renegaban ayer cerca de él. Pero admitían que rechazarlo abriría una crisis interna de consecuencias impredecibles para la compañía.

La reacción del mercado, que premió a Repsol con una subida de casi el 4% en la Bolsa de Madrid, significó otra señal que presupone la casi segura aprobación en la asamblea de hoy. Pero no será una reunión fácil. "Veremos qué se decide en el directorio y actuaremos en consecuencia. Acá hubo tres gobiernos que alcanzaron un entendimiento", advirtió ayer el mexicano Lozoya, que mantiene vivo su desafío a Brufau.

La administración de Mariano Rajoy aportó su cuota de presión. "Todo lo que sea cerrar incertidumbres abiertas es bueno", afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Queda por ver la letra chica de lo que firmaron los gobiernos en Buenos Aires. En la conducción de Repsol temen aceptar un instrumento de pago que no pueda venderse en el corto plazo (el mercado toma los bonos argentinos a cambio de fuertes descuentos) y que no incluya garantías adicionales.

Es una decisión delicada: la firma del plan implicaría renunciar definitivamente a los juicios internacionales que Repsol interpuso contra la Argentina en distintos tribunales internacionales, donde pedía una compensación del orden de los 10.500 millones de dólares por el 51% de sus acciones en YPF.

En los principales bancos de inversión consideraron razonable la cifra de 5000 millones de dólares que ofrece la Argentina, pese a que el valor en libro de los activos expropiados supera los 7000 millones (lo que obligará a la empresa a anotar pérdidas). Algunos especialistas en hidrocarburos auguraban un mal negocio para los españoles. "Si con este acuerdo se destraba la inversión en Vaca Muerta, dentro de poco va a valer más el 12% que todavía tiene Repsol en YPF que lo que cobrará por el 51% expropiado", señaló un empresario español del sector.