Es la hora del Congreso

Por Graciela Camaño Especial para lanacion.com
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30 de diciembre de 2009  • 00:55

Postulo en estas breves líneas que el Congreso puede hacer valer, aún durante el receso, su atribución de control sobre los decretos de necesidad y urgencia que dicte el Poder Ejecutivo.

Es más, sostengo que le corresponde y debe hacerlo más allá de la falta de una convocatoria a extraordinarias por parte de éste.

La inquietud en punto al tema que abordo quedó planteada a raíz del reciente dictado del Decreto Nº 2010/09, incluido dentro de los de dicho tipo, el pasado lunes 14 de diciembre, esto es, apenas dos días hábiles después de finalizado el período de sesiones ordinarias del Congreso, prórroga mediante. No me propongo analizar el mismo en su contenido, sino puntual y específicamente el rol que le cabe al Poder Legislativo frente a la circunstancia de su dictado. De modo que intentaré trazar un esquema válido para con el mismo y para con cualquier otro decreto de necesidad y urgencia dictado en similar situación.

Afirmar lo dicho al comenzar este trabajo supone, en primer lugar, concebir sin más la aptitud de autoconvocarse que al Congreso le asiste para sesionar extraordinariamente.

Allende lo que pareciera decir desde su literalidad estricta el art. 63 de la Constitución Nacional, no exenta del achaque de ambigüedad en el tema que nos ocupa, lo cierto, real y concreto es que al tiempo de interpretárselo corresponde superar el texto crudo para atender aquella pauta rectora y de antigua raigambre en nuestro Superior Tribunal que predica que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás.

Es en este último sentido como señalo, que el control por parte del Congreso puede y debe verificarse durante el período de receso, a cuyo efecto corresponde se lo convoque, pero también le cabe la aptitud de autoconvocarse al mismo, aún a sesiones extraordinarias.

La respuesta la suministra la propia Constitución.

Así resulta del art. 99 inciso 3º cuando, acto seguido de imponerle al jefe de gabinete de ministros la obligación de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, obliga a ésta a elevar su despacho en el plazo de diez días al plenario de cada Cámara "…para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…".

Pues bien. Habida cuenta de la prescripción legal constitucional, forzado resulta preguntarnos: ¿cómo conciliar la inmediatez que como principio consagra el mismo con un tratamiento que habría de verificarse recién, con fortuna, a tres meses vista del dictado del decreto de necesidad y urgencia si no cupiera la posibilidad de autoconvocatoria?

No hay compatibilidad posible, convengamos.

Y mucho menos la hay cuando advertimos que lo que la norma exige es también un tratamiento "expreso", lo cual remite a la observancia del art. 82 en tanto obliga a cada Cámara a manifestar su voluntad expresamente, independientemente de impedir la sanción tácita o ficta de la ley.

Todo lo dicho, aún sin perjuicio de encontrar tal facultad como implícita del Congreso en los términos del art. 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que como bien tiene dicho la más calificada doctrina, no se ciñe al dictado de leyes y reglamentos, sino que abraza el dictado de resoluciones con carácter imperativo y fuerza obligatoria para el control del gobierno.

De modo que, así las cosas, inhibir al Congreso de su potestad de autoconvocatoria comporta ipso facto, frente a un caso como el traído a análisis, tanto como impedirle ejercer la competencia y atribución que la propia Constitución le ha asignado, conforme al modo y forma en que ésta lo ha previsto: expresa e inmediatamente.

Es de lo que en definitiva trata y en cuyo cometido expresamente se interesa la Ley Suprema en el tópico.

Ocurre que entran a tallar aquí asimismo otras reglas interpretativas de vieja prosapia jurisprudencial. Tenemos la que afirma, por un lado, la necesidad de poner a salvaguarda el criterio funcional, práctico, de la Constitución. Y por el otro, aquella que consustanciada con la anterior, pone el acento en el cabal cumplimiento de los fines que, como proyecto de desenvolvimiento institucional, la Ley Suprema prevé, traza y consagra a través de sus normas.

Esto último significa, en buen romance, tanto como sostener que la aplicación práctica de sus disposiciones debe ser posible, por una parte, de modo que la Constitución reciba una aplicación práctica efectiva; y que se atienda puntual y precisamente a los deseos, anhelos y fines tenidos en mira al redactársela, por otra.

Si el constituyente previó la aptitud legislativa como atribución propia del Congreso; y si la prohibió al Ejecutivo con la estrechísima excepción con que lo hiciera tras la reforma del 94, y supeditada al control estricto por parte de aquél, mal puede en los hechos desconocerse el rol que indefectiblemente atañe al Poder Legislativo sin subvertirse los principios vertebrales de la Constitución (el principio republicano de gobierno; la forma federal de Estado, etc.).

Por otra parte, una tal intervención es la respuesta que mejor se ajusta a los antecedentes internacionales (España, Italia, Francia) y provinciales (Salta, San Juan, etc.) que sirvieran de fuente a tal reforma.

De ahí que el Congreso no tan solo pueda, sino que inclusive deba actuar, y que deba hacerlo de inmediato.

Y así debiera ser siempre. No tan solo ahora, movilizado por una particular coyuntura en que la disputa de poder entre los poderes –valga el juego de palabras- parece conducir al inútil dispendio de esfuerzos que se desenvuelve por imponer a uno por sobre el otro, conduciendo de ese modo al desencuentro más que al consenso en la búsqueda de las soluciones de fondo, que es lo que el Pueblo de la Nación Argentina exige de quienes lo gobiernan y somos sus representantes.

Debe saber actuar el Congreso de una buena vez, como cuando aún en ausencia de causa o litis en términos estrictos, y aún sin solicitud de parte legitimada, la Justicia supo actuar de oficio en tutela de su propia jurisdicción y competencia por cuanto entendía que de cualquier manera se comprometía su independencia, declarando inclusive la inconstitucionalidad de las leyes que la afectaban.

Esta es, pues, la hora del Congreso.

No como reacción destemplada ni como venganza o desquite del pasado reciente, sino como el desafío de saber hacer escuchar la voz de todos los ciudadanos de la Nación representados en la Cámara de Diputados y la de las Provincias que la componen en el Senado.

Es, en definitiva, la hora de vivir en una República y en un Estado Federal como el soñaron los padres fundadores de nuestro amado país, y el mejor homenaje que podemos hacerles de cara al Bicentenario.

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