Es oficial: el veto a la ley de tarifas fue publicado en el Boletín

"El Presidente de la Nación Argentina decreta: obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el Nº 27.443; devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado". Es oficial: el veto a la ley que frenaba el reciente aumento de tarifas de los servicios públicos fue publicado hoy en el Boletín Oficial.

Tal como había sido anunciado, el presidente Mauricio Macri firmó ayer a la mañana el decreto para vetar la iniciativa sancionada horas antes en el Senado por impulso del opositor Partido Justicialista. El decreto 499/2018, con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, apela al costo fiscal de la ley en sus considerandos. Según el Gobierno, el freno a las subas implicaba un costo fiscal de $115.000 millones para 2018 y de $170.000 millones hasta 2019.

Los fundamentos del veto apuntan al costo fiscal, a la facultad que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo para fijar tarifas y hasta hace referencia al veto que dictó la expresidenta Cristina Kirchner cuando el Congreso fijó en 2010 que los haberes jubilatorios mínimos debían equipararse con el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil.

La sanción. Ayer a la madrugada, la oposición peronista le asestó un duro golpe al Gobierno y sancionó en la Cámara alta el proyecto que retrotraía a noviembre del año pasado las tarifas de los servicios públicos y que limitaba los aumentos a la variación de los salarios. La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 30 en contra tras 12 horas de arduo debate y gracias al voto del Bloque Justicialista, que conduce Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), y del kirchnerismo.

A pesar de que se sabía que el Gobierno vetaría la ley, el tenor del debate dejó al desnudo la creciente tensión entre el oficialismo y la oposición como consecuencia de la crisis económica y dejó abierto un interrogante sobre la relación del Poder Ejecutivo con el sector peronista que responde a los gobernadores, cuyo respaldo a la gobernabilidad en el Senado ha sido clave en los últimos dos años y medio.