Escala la violencia en las protestas por los despidos en la mina de Río Turbio

RÍO TURBIO.- Cuando el abogado Juan Pons llegó a trabajar esa mañana a la sede de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, algo no iba bien: dirigentes de ATE mantenían encerrado a un empleado a su cargo. Decidió interceder, para intentar destrabar la situación, pero horas después saldría en ambulancia y era trasladado de urgencia a Buenos Aires tras sufrir un infarto en medio de una improvisada asamblea de trabajadores.

Pons es subgerente de Asuntos Jurídicos de YCRT y a los 60 años le tocó vivir en carne propia la tensión que late en cada esquina de esta ciudad y de 28 de Noviembre, las dos localidades que viven en torno a la actividad del yacimiento minero hoy paralizado tras el anuncio de un esquema de ajustes, retiros voluntarios y más de 300 despidos.

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de varios testigos, Pons llegó a la empresa para pedir que liberaran al empleado encerrado y le propuso a Miguel Páez, sindicalista de ATE, reunirse en la sala de conferencias. El salón comenzó a llenarse de mineros mientras él era la única autoridad y le exigían la firma de un documento para dar marcha atrás con los despidos y una serie de reivindicaciones.

"Lo maltratan, lo agreden. Se empieza a sentir mal y nadie lo asiste. Pide agua. Le falta el aire, le cuesta respirar", detalló a LA NACION Graciela Belmonte, esposa de Pons, sobre el incidente. El momento fue filmado con un celular y los gremialistas lo subieron a la cuenta de Facebook de ATE Río Turbio en la que reivindican la acción gremial.

Francisco Roldán, gerente de la intervención, también dio detalles sobre ese momento: "Lo empiezan a agredir verbalmente, tanto a él como a toda la intervención, y no lo dejan salir. Estuvo así bastante tiempo hasta que una mujer se dio cuenta de que estaba mal y llamó a la médica laboral; ella se dio cuenta de que estaba infartado y pidió que la gente se fuera para sacarlo de allí", relató.

El periplo de Pons no terminó allí: "Pedimos una ambulancia al hospital local, pero no la enviaron. Debimos esperar que llegara nuestra ambulancia, que estaba más lejos, para recién ahí poder trasladarlo al hospital", detalló Roldán, quien dijo que iniciaron acciones judiciales contra los gremialistas por "privación ilegítima de la libertad, amenazas y coacción agravada y abandono de persona".

Protestas violentas

El caso Pons fue el corolario de un mes de protestas violentas que incluyó las pintadas y la quema de colchones frente a la casa de los padres del interventor Omar Zeidán, pintaron con aerosol vehículos oficiales y particulares de gerentes de la empresa y vandalizaron varias viviendas.

La intervención realizó un llamado a levantar el paro y "empezar a producir carbón", advirtiendo que la situación de la empresa se puede agravar si no entra en producción.

La empresa cuenta hoy con 2462 empleados y un presupuesto de $3435 millones, mil millones menos que los gastos devengados en 2017.

Desde la intervención denunciaron los convenios colectivos firmados durante el kirchnerismo, que elevaron sueldos y llevaron a que más de 120 funcionarios ganaran cifras superiores a $100.000.

"Hay un desfase muy fuerte entre los que más ganan y los que menos ganan. Necesitamos una nueva estructura jerárquica que refleje una empresa que se dedica a sacar carbón", afirmó Roldán.

No obstante, las posiciones parecen ir acercándose: los gremios y la intervención acordaron crear una comisión de trabajo para encarar los recortes presupuestarios. Al momento, se firmaron 470 retiros voluntarios y quedan 280 despidos.