Investigan teléfonos pinchados. Escuchas ilegales en la Magistratura

Un equipo de la UBA probó que al menos seis consejeros tienen líneas interceptadas

13 de octubre de 2005

Al menos seis miembros del Consejo de la Magistratura tienen sus teléfonos intervenidos ilegalmente.

Así lo denunció ante la justicia federal el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo, el juez salteño Abel Cornejo, basado en un estudio realizado por un equipo de expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre las líneas telefónicas de doce consejeros.

La denuncia de Cornejo -que fue realizada a principios de septiembre y ampliada la semana pasada- está en el juzgado federal N° 11, a cargo de Claudio Bonadío.

El examen de la UBA presentado en el expediente auditó 50 números telefónicos de miembros de la Comisión de Administración -que incluía los de los despachos, particulares y celulares- y demostró que al menos doce estaban intervenidos sin orden judicial que lo autorizara.

El ingeniero Ariel Garbarz, a cargo del equipo que hizo el estudio -un grupo de la cátedra de Tecnología de computadoras de la UBA-, cree que la situación es todavía más grave: calcula que "casi todos los teléfonos de los consejeros están intervenidos".

Es que, según explicó a LA NACION, las doce líneas que se demostró que estaban "pinchadas" eran las que se analizaron primero. "Después, cuando los sistemas descubren que los estamos detectando, se autoinmunizan", explicó Garbarz, que estimó que "en la Argentina hay 48.000 líneas interceptadas en forma ilegal".

Aunque no pudo determinarse de dónde provenían las "pinchaduras", los expertos afirman que nada tienen que ver con las escuchas de la SIDE, porque se trata de sistemas mucho más poderosos de intervenciones satelitales que el Estado no utiliza.

"Detectamos cuatro sistemas que monitorean unas 12.000 líneas telefónicas cada uno", dijo Garbarz. Con este moderno sistema satelital, el modus operandi consiste en registrar en soportes ópticos todo lo que se transmite, que queda grabado para poder ser escuchado cuando se desee.

La investigación comenzó tras la sospecha de uno de los consejeros, el camarista Claudio Kiper, a quien le pareció que alguien escuchaba sus conversaciones. Efectivamente, cuando analizaron sus teléfonos se descubrió que estaban "pinchados", tanto el de su casa como el su despacho de la Cámara Civil. Entonces, tomó intervención la Comisión de Administración Financiera del Consejo: el 7 de septiembre denunció a la Justicia que se habían detectado intercepciones y, al día siguiente, le encargó al equipo de Garbarz que analizara sus teléfonos.

LA NACION accedió al resultado de ese estudio. Entre las líneas de los consejeros que estaban "interceptadas y/o monitoreadas" figuran el teléfono particular del juez Bindo Caviglione Fraga, el de la Cámara y el de la casa de Kiper, el celular del senador Miguel Angel Pichetto (PJ), el del Congreso y el celular de la diputada Lelia Chaya (PJ), el celular del abogado Eduardo Orio y el celular del académico Humberto Quiroga Lavié.

Incluso, ese análisis demostró que también estaba intervenido el conmutador del Senado. Eso, según explicó Garbarz, permitía escuchar todas las conversaciones que se realizaran a través de los internos de los senadores.

El sistema que se utilizó para analizar los números de los consejeros fue respaldado, el año pasado, por la Sala II de la Cámara Criminal porteña, que, en un fallo firmado por los jueces Eduardo Luraschi y Horacio Cattani, consideró acreditada "su efectividad".

Hoy, todos las intervenciones ilegales que fueron descubiertas están bloqueadas, pero el Consejo de la Magistratura, alarmado por los resultados del estudio de la UBA, analiza la forma de proteger las comunicaciones del Poder Judicial.

Alarma en el consejo

El presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, el juez Abel Cornejo, presentó una denuncia para que la Justicia investigara intervenciones ilegales detectadas en teléfonos de algunos de sus pares.

Un estudio realizado por un equipo de expertos de la UBA demostró que seis de doce consejeros cuyas líneas se analizaron estaban "pinchadas".

Entre los teléfonos que se acreditó que sufrían escuchas ilegales estaban una línea de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y el conmutador del Senado. Hoy, todas esas intervenciones están bloqueadas.

Por Paz Rodríguez Niell <br/> De la Redacción de LA NACION

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